Crysol señala que se “pone de relieve que la vida de los centenares de detenidos desaparecidos y de los asesinados durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, durante la dictadura civil militar y el terrorismo de Estado, vale mucho menos que la de otros ciudadanos”. Por otra parte acota que «discrimina a las decenas de ciudadanos que sufrieron lesiones gravísimas durante acciones represivas o en las salas de tortura, a los niños secuestrados y desaparecidos”. Estos no llegan a cumplir el requisito de haber estado seis meses presos para ser considerados víctimas del terrorismo de Estado en la Ley 18.596”. Se agrega que “miles de niños y adolescentes de la época que eran familiares de ex presas y ex presos políticos no han sido reparados por el Estado hasta el momento”.
Para Crysol se debe indemnizar a las víctimas de la violencia, pero se cuestiona el período que se toma. Se sostiene por este colectivo que “en Uruguay hubo un solo demonio: el terrorismo de Estado y el fascismo desembozado. La democracia que hoy disfruta nuestro país no les debe nada a las Fuerzas Armadas y mucho menos a Cabildo Abierto. Se trata de una conquista popular con un enorme costo: más de 200 asesinados, casi 200 detenidos desaparecidos, más de 20.000 presos políticos, 30.000 exiliados y miles y miles de insiliados”.
