La política exterior de la administración estadounidense bajo Donald Trump ejecutó un giro agresivo, donde la Mayor de las Antillas pasó de ser un vecino incómodo a objetivo estratégico ya declarado.
Este contexto, junto al recrudecimiento extremo del bloqueo económico, comercial y financiero, busca precipitar una crisis interna. Dado los acontecimientos en Venezuela el pasado 3 de enero, y las declaraciones posteriores de Trump colocaron a Cuba en el ojo de una tormenta geopolítica, probando la resistencia de su soberanía y su derecho a la autodeterminación.
El domingo pasado, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump a través de la plataforma Truth Social lanzó una advertencia directa a la isla: “Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó “servicios de seguridad” a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡Pero ya no!” “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!. Asimismo, el mandatario instó a llegar a un acuerdo antes de que “sea demasiado tarde”.

Es evidente que esta declaración constituye una amenaza abierta y una intención clara de asfixia económica. Las palabras de Trump se enmarcan en una estrategia de “máxima presión” que incluye las medidas impuestas a Cuba como la restricción de remesas, vuelos y transacciones financieras, impactando directamente el bienestar de las familias cubanas.
“Nadie nos dicta qué hacer”
La reacción del gobierno cubano fue inmediata y firme, fundamentada en el principio de no injerencia en los asuntos internos. El presidente Miguel Díaz-Canel respondió en la red social X, rechazando enérgicamente lo emitido por Trump: “Nadie nos dicta lo que hacemos”.
De igual forma en declaraciones posteriores, refirió que “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede; es agredida por Estados Unidos durante 66 años, y no amenaza; se prepara, dispuesta a defender la Patria hasta la última gota de sangre”.
Díaz-Canel cuestionó la autoridad moral de Washington para emitir juicios: “No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”. Sostuvo que las dificultades económicas son el “fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que Estados Unidos aplica desde hace seis décadas y que ahora amenaza con recrudecer”.
Al respecto, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla desmintió las acusaciones sobre una relación mercantil con Venezuela a cambio de otras prestaciones: “Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”.
Además, defendió el derecho inalienable de la nación caribeña al comercio: “Cuba tiene absoluto derecho a importar combustible desde los mercados dispuestos a exportarlo”, sin aceptar la interferencia de medidas coercitivas unilaterales. Rodríguez calificó la actitud de Estados Unidos como la de un “hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad no sólo de Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”.
También, el gobierno cubano informó que 32 de sus ciudadanos, describiéndolos como colaboradores civiles en misiones de salud y seguridad acordadas entre estados, “murieron en acciones de combate” durante la operación estadounidense para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Desde las calles de la Habana, varios medios internacionales mostraron algunas reacciones donde los pobladores refieren que “Cuba no tiene la culpa de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, pero se verá afectada, bastante”. “Trump no puede apoderarse de Cuba así como así”. “El pueblo cubano está preparado para cualquier cosa”.
No podemos observar la escalada actual como un evento aislado porque sin espacio a dudas este es considerado el capítulo más reciente de una política de hostilidad que según el gobierno nortemaericano se seguirá extendiendo. En este sentido marcan el objetivo en un supuesto “cambio de régimen” tras el discurso del secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio, cuyo discurso político se construyó que dentro de la comunidad de exiliados cubanos en Miami, son partidarios clave de esta línea dura.
En otro orden surgieron especulaciones de un supuesto contacto y diálogo entre EE.UU. y Cuba donde el presidente Díaz-Canel aclaró que “No existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”. Sin embargo Cuba mantiene la disposición a un “diálogo serio y responsable” sobre bases de “igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco sin injerencia en asuntos internos”.
Cuba exige que la diplomacia se ejerza entre estados iguales, sin ultimátums ni condiciones que violan su soberanía. “Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, afirmó el mandatario.

El momento es crítico, la combinación de un bloqueo reforzado, la pérdida de suministros energéticos vitales desde Venezuela y una retórica beligerante desde Washington crea una tormenta perfecta de desafíos económicos. La estrategia estadounidense resulta calculada para explotar estas vulnerabilidades y forzar concesiones políticas.
La comunidad internacional observa y en este caso el diferendo no es solo bilateral; afecta la estabilidad hemisférica y constituye un test sobre la vigencia del derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos. Estados Unidos utiliza la coerción económica y las amenazas para doblegar la voluntad soberana de una nación. Y en este sentido Cuba, una vez más, defiende en la práctica su derecho inalienable a elegir su destino.
En los últimos años, los cubanos se han enfrentado a escasez de productos básicos, como alimentos, medicamentos y combustible. En el caso del combustible, su escasez se ha manifestado de forma tangible en la generación eléctrica y el alto nivel de “apagones”. Esto trae consigo dificultades laborales, la producción, el desarrollo del transporte, entre otros factores derivados, que afectan directamente a la población en su conjunto.
Junto a esto la lenta recuperación del turismo tras las restricciones por la COVID-19, el reordenamiento económico y la inflación. Ello a consecuencia del bloqueo financiero y económico como el principal obstáculo que impide el crecimiento económico de la nación. El gobierno de los Estados Unidos no tiene como objetivo promover los intereses de los cubanos de a pie, ni tampoco está realmente interesado en establecer relaciones de libre comercio con Cuba. Por el contrario, sus políticas se han centrado en garantizar que Cuba sea un Estado comercial cerrado, con la intención de provocar su caída.

