Investigación por Conexión Ganadera

Defensa niega vínculo entre giros externos y empresa

El abogado Jorge Barrera afirmó que las transferencias atribuidas a la hija de Carrasco no provinieron de Conexión Ganadera ni implican delito.

El abogado Jorge Barrera negó este miércoles que las transferencias millonarias realizadas al exterior por Marcela Carrasco, hija de Pablo Carrasco, tengan origen en fondos de Conexión Ganadera, en el marco de la investigación judicial que involucra a la firma.

Barrera realizó las declaraciones en rueda de prensa, previo a una audiencia judicial, luego de que se informara que Marcela Carrasco efectuó entre 2018 y 2025 unas 85 transferencias desde bancos uruguayos hacia cuentas en el exterior por un monto cercano a los 16 millones de dólares.

“El hecho de que una persona firme una operación no implica que los fondos le pertenezcan. Son recursos de una empresa, y en este caso, de una que no era Conexión Ganadera”, sostuvo Barrera, quien adelantó que estos extremos serán explicados ante la Fiscalía. En ese sentido, remarcó que no existe “responsabilidad penal ni jurídica por portación de apellido” y pidió analizar de forma individual el grado de participación de cada involucrado.

El abogado también señaló que algunos bienes de Pablo Carrasco figuran a nombre de su hija. Ya que ella actúa como su representante legal, lo que (según afirmó) no configura por sí mismo una conducta ilícita. A su juicio, el camino más garantista es llegar a un juicio oral y público. En lugar de un proceso abreviado, para que se determine con claridad la eventual responsabilidad penal de cada parte.

Marcela Carrasco había quedado previamente en el centro de la atención pública tras conocerse que la Fundación Sophia. De la cual era directora ejecutiva, había sido vinculada con presunto financiamiento de Conexión Ganadera. La organización negó haber recibido fondos de las familias socias de la empresa. Y, en ese contexto, Carrasco presentó su renuncia irrevocable al cargo.

La causa continúa bajo análisis de la Fiscalía, mientras se desarrollan nuevas instancias judiciales para esclarecer el origen y destino de los fondos investigados.

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