La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay manifestó su firme preocupación y rechazo ante el traslado de diversas fiscalías a la nueva sede ubicada en la intersección de 25 de Mayo e Ituzaingó. La agrupación gremial sumó su reclamo al ya presentado por los fiscales, señalando que el edificio no reúne las condiciones edilicias mínimas ni garantiza la seguridad física de los profesionales durante la atención de causas vinculadas a homicidios, violencia doméstica y delitos sexuales.
La secretaria general de la gremial, Lucía Long, explicó que la labor cotidiana implica el abordaje de situaciones complejas vinculadas a consumo problemático de sustancias y afecciones de salud mental, marco en el cual el personal técnico queda expuesto a episodios de violencia. En ese contexto, la representante gremial denunció que los espacios destinados a las entrevistas privadas con los imputados constituyen recintos cerrados sin vías de evacuación ni medidas de contención ante posibles agresiones físicas.
A las falencias de infraestructura se suma la sobreexigencia operativa derivada de la reorganización del servicio durante los fines de semana. Según indicaron desde el sector, la obligación de cubrir simultáneamente dos sedes fiscales operativas (en lugar de un único centro concentrado como se realizaba anteriormente) exacerba la escasez de recursos humanos dentro de la defensa pública, comprometiendo la asistencia técnica adecuada a los usuarios del sistema penal.
