La demanda contra el Estado uruguayo por U$S 61,8 millones, presentada por Conaprole, reavivó el interés por cómo se llegó a esta situación y que papel jugó un acuerdo entre Venezuela y Uruguay suscrito hace 17 años, en 2005.
Conaprole decidió días atrás demandar al Estado por la suma señalada en virtud de que no pudieron cobrar una venta realizada a Venezuela en 2015, y cuyo garante se suponía era el Uruguay.
Los acuerdo entre Venezuela y nuestro país habían creado un fondo, por el cual se cancelarían con productos nacionales, una deuda que Ancap tenía con Pdvesa, por la compra de petróleo. Uruguay él debía a la petrolera 430 millones de dólares, por lo cual la salida encontrada con el gobierno de Maduro, fue el pago con productos uruguayos. Esta situación se daba en medio de una profunda crisis de Ancap, que tenía un pasivo de centenares de millones de dólares, la mayoría con la empresa petrolera de Venezuela. Uno de los puntos del acuerdo, era que si bien Venezuela cobraría la deuda por sus ventas de crudo a Uruguay, a la vez compraría arroz, soja y leche en polvo, por U$S 300 millones. De esta manera, las ventas se iniciaron por parte de varias empresas lácteas, pero se hizo difícil cobrar.
Tanto fue así, que para la supervivencia muchas empresas que habían vendido a Venezuela debieron solicitar préstamos. El Parlamento, en 2016, decidió que fuera el Estado quién pagar los intereses de los préstamos que tomaron Conaprole, Pili, Calcar y Claldy, para intentar subsistir hasta que llegaran los pagos. Entre 2016 y 2019 todas las empresas que habían exportado bajo este sistema pudieron cobrar, con excepción de Conaprole.
Ya el año pasado, Conaprole anunciaba que comenzaría un juicio al Estado, para cobrar U$S 31 millones que se le debían. La cooperativa láctea entiende que fue el Estado uruguayo quién garantizaba estas operaciones. El juicio no solo es por U$S 31,8 millones, sino que se le agrega U$S 30 millones por daños y perjuicios. Ahora el actual gobierno prepara la defensa y estudia si realmente se había colocado al Estado como garante. Toda esta historia se empezaría en 2005, cuando Uruguay creó un fondo con Venezuela, que provocaría una descomunal deuda por la compra de petróleo.
Desde tiempo atrás
La situación de los negocios fallidos con Venezuela, vienen desde tiempo atrás. El 1 de marzo de 2005, asumió la presidencia Tabaré Vázquez. Era el primer gobierno del Frente Amplio. Un día después, el 2 de marzo, se firmó el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas. Lo rubricaron Vázquez y Hugo Chávez. En el mismo se establecía que Venezuela depositaría en una cuenta bancaria en Uruguay, el 12% de los pagos de Ancap por la compra de petróleo. También se acordó que Pdvsa cobraría el 75% del suministro de crudo a 90 días, mientras que el 25% restante se pagaría a 15 años con un interés del 2% anual (esto a la larga traería la voluminosa deuda por la compra de petróleo).
En 2005 el denominado «Fondo Bolivar – Artigas», se conformó con un aporte inicial venezolano de 200 millones de dólares, destinados a financiar el intercambio de bienes y servicios de Uruguay con Venezuela.
El primer escándalo con este fondo surgía en 2008. El por entonces diputado Washington Abdala (PC), hoy embajador ante la OEA, denunciaba al hijo de Tabaré Vázquez. Javier Vázquez había sido el intermediario en la venta de software hacia Venezuela, lo cual era financiado por el Fondo Bolivar – Artigas. Abdala indicó que el hijo del por entonces expresidente fue el intermediario en la venta, por U$S 50 millones de software, de la empresa Artech a la corporación estatal venezolana de Guayana-Telecom. En medio de la denuncia, Abdala había solicitado como testigo al contador Eduardo Gómez Canon, pero después lo descartó tras señalarse que había quería extorsionar a algunos de los que habían participado de las negociaciones. Gómez Canon decía que el negocio del software era suyo, pero había sido marginado de los contratos. Aparecería muerto a mediados de 2009 en Punta del Este. El informe oficial señaló que se había suicidado. La denuncia contra Javier Vázquez se desestimó y fue archivada.
El resurgimiento
En 2016 el fallecido diputado Jaime Trobo (Partido Nacional) solicitó que en el Parlamento se conformara una comisión investigadora para tratar los negocios que Venezuela, pero su intención no tuvo andamiento. El tema del Fondo Bolivar – Artigas resurgía y se reiteraba que de ese fideicomiso salieron donaciones a «empresas productivas recuperadas» como ser Funsacoop, Midobers, Envidrio por un total de U$S 5 millones. Además, una donación al Hospital de Clínicas por US$ 10 millones; la compra anticipada de etanol a Alur por US$ 7 millones, la capacitación técnica que vende UTE por US$ 10 millones; la exportación de medicamentos por US$ 2.1 millones; la exportación de tecnología informática por US$ 59 millones; la exportación de ganado vacuno por US$ 6.2 millones, y la exportación de casas prefabricadas por la suma de US$ 36 millones.
En una pre investigadora, Trobo señalaba que entre 2005 y 2010, este fondo movió 600 millones de dólares, en 19 proyectos, según se desprendía de declaraciones del por entonces presidente José Mujica. Había dos empresas que se destacaban: Funsa y Envidrio, que habían recibido financiación de este fondo y también del Fondes de Uruguay. El Fondes les proporcionaba dinero para que pudieran funcionar y vender a Venezuela. Con un detalle: esas ventas pasaban por intermediarios.
La intermediación de algunos negocios desde la parte uruguaya lo realizaba Aire Fresco S.A. quién tenía convenios con la estatal venezolana Suministros Venezolanos Industriales CA (Suvinca) y con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.
Trobo decía al referirse a esta empresa: «Aire Fresco S.A., una empresa privada uruguaya creada en 2007, que no registra actividad hasta mediados de 2011, precisamente, pocos meses después de la firma de estos acuerdos, es premiada con la exclusividad en la relación con dos poderosas organizaciones en una economía absolutamente centralizada por cuyas autorizaciones y decisiones debe pasar cualquier tipo de importación a Venezuela». Y se preguntaba: «¿Quién tomó esta decisión en nuestro país?, ¿Por qué razón?». Acota que la empresa Aire Fresco S.A., «están notoriamente vinculados los señores Omar Alaniz y Carlos Decia -quienes no han desmentido ese vínculo-, estrechamente vinculados al Movimiento de Participación Popular (MPP) y al Fondo Raúl Sendic y, naturalmente, a altos funcionarios y jerarcas de la estructura del Gobierno de entonces». En 2015, siendo senador, Pablo Mieres, denunciaba que Aire Fresco cobró comisiones por 182 mil dólares de parte del fideicomiso que se había creado para el acuerdo con Venezuela.
Muchas otras operaciones de exportaciones a Venezuela se cobraban con el dinero del Fondo Bolivar – Artigas. Por ejemplo, dieron lugar a la exportación de casas prefabricadas con una tecnología de asbesto-hormigón, por U$S 36 millones. La empresa que las fabricaba era Umisa, pero dio lugar a una serie de cuestionamientos. Uno de ellos eran los materiales (tenían asbesto, un componente cancerígeno) y «nunca fueron instaladas, porque no coincidían ni el metraje, ni ciertas características técnicas» se señala en el informe de Trobo. Asimismo no era fabricadas en Uruguay. Los materiales venían de Argentina y Honduras.
