Según un informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), la acidificación avanza de forma sostenida y amenaza directamente la productividad del agro, uno de los pilares de la economía nacional. Hoy, el 25% del área agrícola —más de 350.000 hectáreas— presenta niveles de acidez que comprometen su rendimiento en el corto plazo, mientras que otro porcentaje similar podría entrar en esa situación en los próximos años . El problema no solo es agronómico: tiene implicancias económicas, fiscales y sociales.
Frente a este escenario, el encalado —una práctica extendida a nivel internacional— aparece como una solución probada. Sin embargo, su adopción en Uruguay sigue siendo baja. El motivo no es técnico, sino económico. El encalado consiste en aplicar cal agrícola para corregir la acidez del suelo. Esto mejora la disponibilidad de nutrientes, favorece la actividad biológica y aumenta los rendimientos de los cultivos .
La evidencia es contundente: sus efectos pueden extenderse entre tres y cinco años, permitiendo amortizar la inversión a lo largo de varios ciclos productivos . Sin embargo, en la práctica, la ecuación económica no cierra para muchos productores.
El informe señala que, sin incentivos, el encalado “prácticamente devuelve lo invertido” en el período en que tiene impacto, pero no genera una rentabilidad adicional significativa . Es decir, mejora el suelo, pero no alcanza para justificar la inversión desde el punto de vista financiero. Esto explica por qué, pese a su potencial, la práctica no se ha expandido.
Costos altos y barreras estructurales
El principal obstáculo es el costo inicial. En un escenario promedio, encalar puede implicar unos 600 dólares por hectárea considerando cal, flete y aplicación. A esto se suma un factor clave: el transporte. La cal es un insumo pesado y voluminoso, y el flete puede representar cerca de la mitad del costo total . La distancia entre las zonas de producción —ubicadas mayoritariamente en el este— y las áreas agrícolas del litoral y centro del país agrava el problema.
Pero no es la única barrera. El informe identifica otros frenos relevantes: Alta proporción de tierras arrendadas, lo que desalienta inversiones de largo plazo; falta de información técnica sobre dosis y manejo; ausencia de financiamiento específico; baja disponibilidad de cal de calidad en algunos casos; escasa incorporación del encalado en políticas públicas de manejo de suelos
El resultado es un círculo vicioso, sostiene Ceres: la baja demanda no justifica inversiones para aumentar la oferta, y la falta de oferta mantiene altos los costos.
En este contexto, el informe plantea que el punto de partida para cambiar la situación es hacer rentable la inversión a nivel individual.
Hoy, el encalado no está considerado como inversión elegible dentro de los principales instrumentos de promoción, como los gestionados por la COMAP. En el nuevo marco normativo, ni siquiera figura explícitamente como criterio de evaluación .
Esto implica que muchos productores —especialmente los que tributan por IMEBA— no acceden a beneficios fiscales vinculados a esta práctica.
La propuesta central es revertir esta situación: incluir el encalado como inversión promovida, generar incentivos equivalentes para distintos tipos de productores y diseñar mecanismos que fomenten contratos de arrendamiento más largos.
Entre las medidas sugeridas se destacan descuentos en el IRPF para propietarios que firmen contratos de mayor duración, así como subsidios logísticos o créditos blandos .
Más allá del plano productivo, el informe pone el foco en el impacto macroeconómico de una eventual expansión del encalado.
Si la práctica se extendiera a unas 500.000 hectáreas, el efecto sería significativo: El Producto Interno Bruto crecería alrededor de 0,5 puntos; se generarían más de 1.000 empleos directos; la recaudación fiscal aumentaría en unos 20 millones de dólares anuales
El impacto no se limitaría al agro. Sectores como el transporte, la industria de la cal, los servicios agropecuarios y la producción de granos se verían dinamizados por el aumento de la actividad .
Incluso desde el punto de vista fiscal, el estudio concluye que los incentivos necesarios para impulsar el encalado tendrían un costo menor al aumento de la recaudación generado por la mayor actividad económica.
Un problema de largo plazo
El desafío, sin embargo, no es solo económico. La acidificación del suelo es un proceso gradual, asociado tanto a factores naturales como a la intensificación productiva.
Sin correcciones, el deterioro afecta la eficiencia en el uso de insumos y reduce los rendimientos, comprometiendo la sostenibilidad de los sistemas productivos .
Por eso, el encalado no debe entenderse como un gasto puntual, sino como una inversión estructural. “No tiene que ser visto como algo que se costea para un cultivo, sino como un bien que se amortiza en varios años”, plantea el informe.
Para que el encalado se masifique, el informe sostiene que es necesario actuar en varios frentes al mismo tiempo: políticas fiscales, logística, información técnica y estabilidad regulatoria.
Sin ese conjunto de medidas, la práctica seguirá siendo marginal, y el país continuará perdiendo productividad en uno de sus activos más valiosos: el suelo.
