El 11 de abril se vota en Cámara de Diputados el proyecto “Corresponsabilidad en la crianza” también conocido como de “tenencia compartida”. El proyecto ya cuenta con media sanción del senado desde agosto de 2022 y según la senadora del Partido Nacional, Carmen Assiaín, busca que la convivencia entre padres e hijos “no se interrumpa” luego de las separaciones. “Por supuesto, siempre pensando en relaciones sanas, fuera de la patología. Que ambos se hagan responsables”, advierte la legisladora. Al conocerse la fecha de votación diversas organizaciones reaccionaron con preocupación por los riesgos que implica esta normativa para niños, niñas y adolescente que serían obligados a convivir con padres violentos. Es el caso de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de Unicef quienes emitieron declaraciones en ese sentido en los últimos días.
Sumándose a estas voces, la Intersocial Feminista en conjunto con diversas organizaciones y articulaciones nucleadas en torno a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes emitieron, este martes, un comunicado en donde sostienen que el proyecto “no tiene datos ni evidencia que justifique que se necesitan modificar las normas actuales sobre tenencia, visitas y vínculos entre progenitores y sus hijos e hijas y menos aún en casos de violencia”.
Soledad González, integrante de la intersocial feminista, manifestó a Diario La R su “procupación” por que se apruebe esta ley que “apunta a que la tenencia compartida sea la situación generalizada en la que se enmarcan todas las separaciones de padres y madres con hijos” ya que “incluso pretende la suspensión de las medidas cautelares cuando hay situaciones de violencia que involucra a niños”. El proyecto prevé que un juez revise la situación de medidas cautelares pero para González esto “ya sucede con la legislación vigente”.
“Las medidas cautelares las impone un juez, si las extiende las extiende otro juez con abogados en todas las partes y estudiando cada situación”, explica la militante feministas. Según este proyecto la tenencia compartida, luego de la separación de los padres, se convertirá en obligatoria. Sin embargo las organizaciones que trabajan con infancia sostienen que “cada situación debe ser estudiada como única porque no hay una regla general que sirva para todos los casos de separaciones de padres y madres”, afirmó González.
Las fallas del sistema
Se conocen diversos casos en donde varones aseguran que no pueden ver a sus hijos a raíz de falsas denuncias de la madre pero las organizaciones que se oponen al proyecto insisten que este no tiene basamento en datos comprobables. “Si el sistema judicial tiene fallas que sobre todo responden a la carencia de recursos que tiene, materiales y humanos”, afirma González.
En el mismo sentido se expidió esta semana la Institución Nacional de Derechos Humanos remarcando “la necesidad de que se provea al Poder Judicial de recursos para que puedan cumplir con los procedimientos en tiempo y en forma para todas las partes”. Al respecto González agrega que “el mal funcionamiento del PJ no solo afecta a una de las partes, afecta a todas. Niños y niñas primero”, afirmó.
El interés superior del niño
El legislador de Cabildo Abierto manifestó en diversos medios de comunicación que el interés del niño se encuentra priorizado transversalmente en el articulado de la propuesta legislativa. Para las organizaciones que trabajan con infancia esto no es así: “de la forma en que está redactado esto no lo garantiza”, afirmó González a La R. Según la activista, la redacción del proyecto “deja en tela de juicio” la importancia que tendrá el interés del niño luego de aprobado este proyecto “más allá de que lo ponen en varias partes las redacciones”.
Gonzalez afirma que por esto las organizaciones de DDHH y “todas las organizaciones de profesionales que han leído y estudiado la ley, incluida la Asociación de Defensores de Oficio dice que esta ley desprotege a los niños”.
El comunicado difundido este martes está firmado por la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, elComité de los Derechos del Niño/a del Uruguay, el Comité de América Latina y el Caribe de Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Intersocial Feminista, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y la Red Pro Cuidados. El mismo concluye diciendo: “Aunque las niñas y niños no votan, las personas menores de edad que son abusadas, maltratadas o explotadas sexualmente no deberían ser negociadas en acuerdos políticos”.
