El atentado a Francisco De Posadas y la amenaza de muerte a Ignacio Alonso

El reciente atentado contra Francisco De Posadas, presidente del grupo Magnolio, ha encendido alarmas sobre la seguridad y la libertad de expresión en Uruguay. Este incidente, que resultó en el incendio intencional de su camioneta en Carrasco, no sólo pone de manifiesto la vulnerabilidad de este tipo de acción  sino que también se enmarca en un contexto más amplio de amenazas y violencia que afectan a otros actores del ámbito político y empresarial, como es el caso de Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), quien ha recibido amenazas de muerte.

El atentado a Francisco De Posadas, ocurrido el pasado miércoles y ha sido calificado como un ataque directo no solo a su persona, sino en códigos mafiosos transmitiendo de como y donde se expuso, afirmando que se realizó de una manera de  concretar fácilmente y públicamente a la vista de todo el que allí estuviera. El mensaje final a De Posadas es que «podemos venir por ti cuando queramos».

La  libertad de prensa y la capacidad de los medios para operar sin miedo a represalias está sobre la mesa.

De Posadas está al frente de un grupo que ha destacado por su influencia en el panorama mediático uruguayo como «Magnolio». De Posadas se ha convertido en una figura polarizadora de amigos y enemigos. Su trabajo ha generado tanto admiración como descontento, lo que lo convierte en un blanco potencial .

La forma en que se llevó a cabo el atentado, con la quema de su vehículo, refleja un nivel de violencia que no se había visto en el país en años recientes en el contexto del que venimos narrando.

Este acto no solo busca intimidar a De  Posadas, sino que también le envía un mensaje al propio De Posadas como a otros periodistas y figuras públicas sobre las consecuencias de actuar en temas privados y públicos donde hay dinero, y mucho, de por medio.

Varios medios recibieron la noticia y la desplegaron en sus plataformas informativas llámese web o redes, nadie lo puso en la tapa de su diario como si lo han hecho con otros medios para denunciar en muchos casos verdades a medias o hechos no corroborados.

En este caso se informa y recibimos personalmente por terceras personas el aviso de que Francisco De Posadas pedía que sería mejor bajar la noticia. Nos enteramos también  de que varios medios recibieron la misma solicitud..

Sobre esos hechos cada medio se manejó a su entender y no soy quien para liberar opinión o estado de proceder.

Nosotros puntualmente hemos recibido en otras ocasiones sugerencias de Torre Ejecutiva por diversos temas que era mejor no tocar tal o cual tema o no tocar  a Alvaro Delgado, como ejemplo, hechos que nunca aceptamos y tampoco hicimos.

En muchos casos quedamos solos enfrentados al Secretario de Presidencia y ningún otro colega levantaba el teléfono para saber que pasaba a pesar que lo leían en la tapa de nuestro diario.

O sea que no existe una defensa de los derechos a que no se presione a la prensa y los primeros culpables somos los directores de los medios en no lograr una vinculación sólida en defensa de la prensa.

La  respuesta del colectivo Encuentro de Periodistas del Uruguay, que ha denunciado las presiones y la autocensura en los medios, subraya la gravedad de la situación.

También es de destacar que desconocemos quién o quiénes  lo integran, y tampoco ningún periodista de nuestra redacción conoce al movimiento.

Esto no quiere decir que no exista y que tampoco no esté muy bien lo que realiza, aclaramon ante todo este punto.

Por otro lado, la amenaza de muerte a Ignacio Alonso añade otra capa de complejidad a este escenario de tensión. Alonso, quien ocupa un cargo destacado en el fútbol uruguayo, ha sido objeto de ataques verbales y ahora enfrenta amenazas directas que ponen en riesgo su vida.

La violencia hacia figuras vinculadas al deporte, en un país donde el fútbol es casi una religión y hay negocios millonarios en un  mercado de clubes en su mayoría pobres que manejan cifras desproporcionadas, plantea serias preguntas sobre la salud de financiamiento de los mismos. Eso es de apuntar y tener en cuenta.

Hay clubes pobres con dirigentes que se enriquecen en algunos casos y nadie investiga nada.

La conexión entre el atentado a De Posadas y las amenazas a Alonso no es casual. Se habla en fuentes oficiales de negociaciones y charlas por derechos de transmisión de AUF TV en las cuales parecería molesto a algunos poderosos de aquí y de Paraguay.

Y a su vez, la conexión de De Posadas, en vínculos de amistad o de conocimiento con Gonzalo Campomar, este último involucrado en una estafa millonaria, abre también puntos de investigación aleatorios de viejos  conocidos.

Ambos incidentes reflejan un clima de impunidad y de silencio oficial en el que la violencia se convierte en un medio para resolver conflictos y desacuerdos. La creciente polarización en el país, impulsada por tensiones políticas, puede estar alimentando un ambiente propicio para que estos ataques se normalicen.

Estos eventos no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que tienen implicaciones más amplias para la libertad de expresión en Uruguay. La violencia y las amenazas pueden llevar a la autocensura entre periodistas y figuras públicas, quienes pueden optar por silenciarse ante el miedo a represalias. Esto es particularmente preocupante en un contexto donde la información veraz y objetiva es crucial para una democracia saludable.

El hecho de que estos ataques se produzcan en un país conocido por su estabilidad democrática y su respeto por los derechos humanos plantea interrogantes sobre el futuro del país. La preocupación por la seguridad de los ciudadanos y la integridad de las instituciones debe ser abordada con urgencia por parte de las autoridades. Un compromiso renovado con la protección de la libertad de expresión y la seguridad de quienes la ejercen es esencial para evitar que Uruguay se deslice hacia un estado de miedo y presiones por particulares.

Es fundamental que tanto la sociedad civil como las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación unan fuerzas para condenar estos actos de violencia y se aclaren y se investiguen.

El atentado contra Francisco De  Posadas y la amenaza de muerte a Ignacio Alonso son una llamada de atención sobre los desafíos que enfrenta Uruguay en términos de seguridad y libertad de expresión de la prensa. Investigar de raíz los hechos que la ocasionan.

La violencia no puede ser normalizada, y es responsabilidad de todos los actores de la sociedad trabajar en conjunto para proteger y fortalecer los derechos fundamentales. Solo a través de un compromiso firme con la verdad, la justicia y la defensa de la libertad de expresión se podrá asegurar un futuro donde todos puedan expresar sus opiniones sin miedo a represalias. La defensa de la democracia y los derechos humanos comienza con la protección de aquellos que se atreven a hablar.