En una trama que parece sacada de una serie de Netflix, el diputado argentino José Luis Espert, candidato y cabeza de lista por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, se encuentra en el centro de una denuncia penal que lo vincula con una red internacional de narcotráfico. La acusación, presentada por el dirigente Juan Grabois, fue sorteada en el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, y se basa en documentación judicial de Estados Unidos que revela un giro de 200.000 dólares desde un fideicomiso compartido por Fred Machado y Debora Lynn Mercer-Erwin, ambos acusados por tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude. Mercer-Erwin ya se encuentra detenida en Estados Unidos, mientras Machado permanece bajo arresto en Argentina con pedido de extradición.
Machado habría financiado parte de la campaña de Espert en 2020. El vínculo entre ambos no es nuevo: ya en 2019, Espert utilizó un avión privado de Machado para presentar su libro “La sociedad cómplice”, y recibió también una camioneta Jeep Grand Cherokee registrada a nombre de un socio del empresario. Según relató públicamente la diputada Lilia Lemoine, esa misma camioneta fue tiroteada en un ajuste de cuentas narco, lo que añade un elemento de violencia explícita al entramado.
Pero lo más insólito emerge de los registros de la causa en Texas: la organización de Machado tenía registrados más de 1.200 aviones en Onalaska, un remoto pueblo de las Islas Aleutianas en Alaska, con menos de 200 habitantes. Este dato, que parece sacado de una novela de espionaje, fue confirmado por la fiscalía del Distrito Este de Texas, que investiga cómo estas aeronaves eran utilizadas para transportar cocaína y lavar dinero a través de fideicomisos opacos.
La denuncia contra Espert incluye su nombre en una contabilidad secreta de la organización, bajo la categoría de “cómplice”, y detalla el giro de fondos como parte de una estructura criminal. Mientras tanto, el diputado preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados argentina, lo que ha generado fuertes reclamos por su remoción por parte del bloque Unión por la Patria.
El caso no es aislado. Otra diputada de LLA, Rocío Bonacci, también ha sido imputada por vínculos con el narcotráfico, en una causa que investiga el financiamiento de campañas políticas con dinero proveniente de redes criminales. Y lo más preocupante: el presidente Javier Milei ha salido públicamente a defender a Espert, calificando las denuncias como “operaciones políticas”, en una actitud que pone en entredicho el compromiso institucional del oficialismo frente al avance del crimen organizado.
Mientras tanto, en la otra orilla del Río de la Plata, Uruguay vive su propio sacudón. El atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del domingo, incluyó disparos y la detonación de una granada en su domicilio. La investigación apunta al clan Albín, una organización criminal uruguaya con fuerte presencia en Montevideo y el área metropolitana, considerada el brazo ejecutor local de la red liderada por el narcotraficante prófugo Sebastián Marset.
El clan Albín tiene un historial de tráfico de drogas, armas y múltiples actos de violencia contra instituciones del Estado. Su líder, Luis Fernando Fernández Albín, fue condenado por exportación y organización de tráfico de drogas. En 2024, planificó un ataque con explosivos contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), como represalia por el traslado de su hermano desde el Penal de Libertad a una unidad de máxima seguridad. Otro miembro clave, Diego Fernández Albín, fue detenido por tráfico de armas y drogas. El mayor de los hermanos, Víctor Albín, cumple una condena de 22 años por homicidio, y desde prisión organizó ataques armados contra bandas rivales como Los Colorados, en el barrio Cerro Norte.
La guerra entre Los Albín y Los Colorados ha dejado más de 20 episodios violentos en el último año, incluyendo homicidios, balaceras y atentados. El ataque contra la fiscal Ferrero fue interpretado como represalia por la incautación de 2,2 toneladas de cocaína en Punta Espinillo, enterradas en una chacra y valuadas en más de 50 millones de dólares en Europa. Dos personas vinculadas al clan fueron detenidas por brindar soporte logístico en el atentado, aunque no serían los autores materiales.
El presidente Yamandú Orsi calificó el hecho como una línea roja institucional, mientras el ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que “ya cayeron dos, y no serán los últimos”.
La simultaneidad de estos episodios en Argentina y Uruguay revela una verdad incómoda: los tentáculos del narcotráfico internacional atraviesan fronteras, partidos y poderes del Estado. Pero mientras en Uruguay se refuerza la institucionalidad frente a la amenaza, en Argentina el oficialismo parece blindar a sus propios dirigentes, incluso cuando las evidencias judiciales cruzan océanos.
En tiempos donde la política se entrelaza con el espectáculo, el caso del candidato libertario y los 1.200 aviones en Onalaska podría ser el guion perfecto para una serie que aún no se ha escrito. Pero lo que está en juego no es una ficción: es la soberanía institucional de nuestras democracias.
¿Es hora de cambiar el enfoque?
Sin bajar los brazos en la lucha contra el crimen organizado, es necesario asumir que el problema estructural del narcotráfico no se resuelve con más represión, sino con una revisión profunda del paradigma prohibicionista. Uruguay ya dio pasos importantes al regular el consumo de cannabis, despojando al mercado ilegal de una fuente clave de ingresos y control territorial.
La pregunta de fondo es si no ha llegado el momento de tener una actitud más madura y arrebatarle al crimen organizado el monopolio sobre las drogas más duras —las que verdaderamente inciden en la violencia, el lavado de dinero y la expansión de las adicciones, especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad. Regular no es rendirse: es recuperar soberanía, proteger vidas y desactivar el engranaje económico que sostiene a las redes criminales.
Un desarrollo fundamentado de esta propuesta puede encontrarse en el libro Prohibicionismo y crimen organizado en América Latina y el Caribe, publicado por la editorial Poliedro, con el patrocinio de la UCLAEH (Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana) y la Universidad de San Isidro de la República Argentina. Allí se analizan los vínculos entre políticas de drogas, violencia estructural y captura institucional, y se propone un enfoque regulatorio que combine salud pública, justicia social y desarme financiero de las mafias
Muy buen artículo.
Que desastre totalmente Impunidad y desquició por la plata ,Una verdadera enfermedad la plata a podrido a toda la sociedad, pérdida de valores y un mal ejemplo a los jóvenes, Ojalá cambien estás situaciones, Excelente Artículo,claro y preciso, Saludos Cordiales Alejandro Camblor