El contador de cuentos, habló desde Rocha

Versión del posteo de lo que dijo Alejo Umpiérrez en Facebook, aclaramos que corregimos las faltas ortográficas del autor.

“GEOPOLÍTICA Y POLÍTICA. LO QUE NO SE VE : hay algo de lo que nadie ha hablado. Geopolítica. Detrás del tema de las patrulleras está China y la posición que en su momento defendió el FA. China ofertó el doble de valor que Cardama (U$S 160:). Luego de la primera oferta por dos veces – lo que quita seriedad obviamente – rebajó su precio en varios millones de dólares “casualmente” pero sin llegar al precio. ¿Por qué? ¿SI SE RESCINDE EL NEGOCIO SE LO VAN A DAR A CHINA? En el mundo militar hay miles de intermediarios, lobbies y cometeros que se llevan la suya y eso se quiso evitar”.

Recordemos que el político en el tema es contador de cuentos o escritor como mejor quieran entenderlo.El dirigente del Partido Nacional Alejo Umpiérrez afirma que el gobierno del Frente Amplio rescindió el contrato con el astillero español Cardama por “presiones de China” o por el supuesto interés de abrirle espacio a empresas de ese país, está mintiendo. No existe evidencia alguna que respalde esa versión. Ningún documento oficial, informe técnico, investigación administrativa ni publicación periodística seria que  menciona a China como actor en esta decisión. Lo que sí consta —y de manera contundente— es que el contrato cayó por irregularidades graves, incumplimientos contractuales y falta de garantías válidas.

El intento de Umpiérrez de convertir un caso de desprolijidad y posible fraude en una historia de geopolítica oriental carece de base real. El Ministerio de Defensa Nacional comprobó que Cardama no tenía la garantía de fiel cumplimiento vigente, que los plazos están vencidos y que los compromisos asumidos no se estaban cumpliendo. Incluso la empresa reconoció “errores administrativos” en el envío de documentación clave. A eso se suma que la garantía presentada fue emitida por una firma prácticamente inactiva, sin respaldo financiero.

La Armada Nacional había advertido, desde antes de la llegada del nuevo gobierno, que el proyecto acumulaba retrasos y observaciones técnicas. Las patrullas debían empezar a entregarse a los 18 meses, pero ni siquiera se había completado la etapa inicial de construcción. Ante ese escenario, el Ejecutivo decidió rescindir el contrato, recuperar el dinero público y comenzar acciones penales y civiles. No hay conspiración internacional ni presión externa: hay un caso evidente de incumplimiento.

Las investigaciones periodísticas de nuestros periodistas y de medios gallegos coinciden en el diagnóstico. La causa de la rescisión fue la falta de garantías, las demoras y los indicios de fraude. Ninguna de esas publicaciones menciona interferencias de China ni maniobras políticas del Frente Amplio para favorecer a otro proveedor. Es más: el proceso original fue gestionado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que eligió a Cardama luego de descartar una propuesta de  China.

Umpiérrez, en cambio, elige la estrategia de siempre: desplazar el foco. En lugar de responder por qué se firmó un contrato con una empresa de dudosa solvencia y con avales defectuosos, instala la teoría de la “presión china” para distraer al público. Lo hace apelando al miedo ideológico y al reflejo de la sospecha externa, sin una sola prueba que sostenga su relato.

La realidad es más sencilla. Cardama no cumplió y el gobierno actuó en defensa de los intereses del Estado. Se rescindió un contrato viciado que comprometía casi 90 millones de dólares de los uruguayos. La política puede fabricar relatos, pero los documentos y los hechos son claros. No hubo presión china: hubo negligencia, incumplimientos y responsabilidad institucional al ponerles fin.

Alejo Umpiérrez podrá insistir en su libreto conspirativo, pero los hechos ya lo desmienten. Cardama cayó por sus propios errores, no por una maniobra extranjera. Lo demás es puro ruido político.