El derecho a saber no es una concesión del poder, es una exigencia ciudadana

Cada 28 de septiembre, la proclamación de la UNESCO sobre el Acceso Universal a la Información nos interpela con una urgencia renovada. Instituciones como el Ministerio de Educación y Cultura y diversos organismos de la región adhieren formalmente a la fecha, subrayando que la transparencia, el gobierno abierto y la preservación documental constituyen la piedra angular sobre la que se edifica la confianza pública. Sin embargo, la experiencia nos enseña una verdad incómoda: la calidad de una democracia no se mide por la belleza de sus marcos normativos, sino por la disposición real de quienes gobiernan a rendir cuentas cuando las preguntas incomodan.

La información oficial suele moverse en dos carriles absolutamente asimétricos. Por un lado, discurre la autopista del marketing estatal: las conferencias de prensa prolijamente orquestadas, los comunicados institucionales en formato digital y los portales gubernamentales abarrotados de datos amables y autocomplacientes. Por el otro lado, en contraste, se encuentra el sinuoso camino de la solicitud de acceso a la información pública, un recurso amparado por leyes de transparencia y tratados internacionales que, con alarmante frecuencia, terminó encallado en el laberinto de la burocracia, las prórrogas sistemáticas o la apelación ambigua al concepto de «reserva por razones de seguridad o estrategia».

Es fundamental recalcar que el derecho a saber no es un privilegio corporativo concedido al periodismo para confeccionar titulares de alto impacto; es una herramienta de equidad social y un pilar fundamental para el desarrollo humano. Cuando un profesional de la prensa o un habitante de la comunidad solicita saber cómo se asignan los presupuestos en la educación pública, cuáles son los criterios técnicos detrás de las contrataciones del Estado, o de qué manera se evalúa el impacto ambiental de un proyecto productivo, no está pidiendo un favor. Está reclamando el acceso a un patrimonio que le pertenece por derecho propio. Las autoridades y los funcionarios de turno no son los propietarios de la información, sino meros administradores temporales encomendados a su custodia.

Aunque resulta innegable que la era digital aportó avances valiosos —plataformas integradas, trámites en línea y procesos de digitalización de archivos históricos—, el principal obstáculo no es tecnológico ni presupuestario, sino profundamente cultural. En múltiples estratos de la administración pública aún sobrevive una inercia a la secrecía, una desconfianza preventiva hacia quien investiga y la tentación recurrente de responder a los pedidos formales con el mínimo requisito legal indispensable, entregando datos fragmentados que cumplen formalmente con la norma, pero eluden la sustancia de la pregunta.

A esta resistencia burocrática se le suma hoy la complejidad del ecosistema informativo. En una era marcada por el torrente incesante de datos, la sobreabundancia de ruido digital y la proliferación de campañas de desinformación, el acceso a fuentes primarias, fidedignas y verificables se vuelve una condición indispensable para la supervivencia del debate público de calidad. Sin datos veraces, la libertad de expresión corre el riesgo de quedar reducida a un mero choque de opiniones sin sustento factual.

El Día Internacional del Acceso Universal a la Información no puede quedar relegado a un aniversario protocolar en la agenda oficial o a un afiche conmemorativo en las redes sociales. Debe actuar como un recordatorio contundente de que el secreto es la excepción y la publicidad de los actos de gobierno es la regla irrenunciable. Mientras obtener una respuesta clara requiera librar batallas judiciales, desgastar recursos o depender de voluntades políticas excepcionales, la transparencia continuará siendo una promesa inconclusa. El acceso a la información es, en definitiva, la garantía absoluta de que el ciudadano no es un espectador pasivo de las decisiones del poder, sino su soberano permanente.