La problemática del neurodesarrollo y las dificultades del aprendizaje en la población infantil y adolescente se ha consolidado como uno de los desafíos más complejos y urgentes que enfrenta la sociedad uruguaya contemporánea. En este escenario de marcada preocupación social, los integrantes de la comisión directiva de la Red de Centros Interdisciplinarios del Uruguay mantuvieron una reunión de carácter prioritario con el presidente de la República, el profesor Yamandú Orsi. El encuentro, que tuvo lugar en la tarde de este miércoles, representó la culminación de una extensa ronda de negociaciones y entrevistas que la organización civil ha venido sosteniendo a lo largo de los últimos años con diversos actores de la escena política, ministerios y autoridades de diferentes administraciones, con el propósito fundamental de visibilizar las profundas carencias que hoy restringen el acceso a una salud integral para miles de niños.
Durante la audiencia con el primer mandatario, quien estuvo acompañado por representantes técnicos del Banco de Previsión Social y del Ministerio de Salud Pública, se expuso un detallado panorama sobre la brecha estructural que divide a las infancias uruguayas según el estatus laboral de sus adultos referentes. Actualmente, el sistema público de salud ofrece contención mediante la prestación de Ayudas Especiales (AYEX) administrada por el BPS, la cual beneficia principalmente a los hijos de trabajadores del sector privado formal y a determinados funcionarios de la administración central que disponen de convenios específicos.
Sin embargo, este mecanismo de amparo deja al descubierto a un vasto sector de la población: los hijos de trabajadores informales, de personas en situación de desempleo y de empleados públicos que carecen de acuerdos particulares colectivos quedan relegados de toda posibilidad de asistencia especializada.
Las dimensiones cualitativas y cuantitativas de esta exclusión quedaron formalmente registradas en un relevamiento técnico elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el año 2023. Este estudio estadístico arrojó una cifra que movilizó la agenda de las organizaciones dedicadas a la infancia: en todo el territorio nacional existen casi 26.000 niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 15 años que pertenecen a la órbita de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y presentan riesgos ciertos en su desarrollo biopsicosocial o en sus procesos de aprendizaje, pero que no reciben ninguna clase de cobertura terapéutica. La acumulación de esta demanda insatisfecha ha tensionado las herramientas de respuesta del Estado.
Si bien en el período anterior se implementaron las denominadas Casas de Desarrollo de la Niñez (CDN) para subsanar este déficit con infraestructura pública, la evidencia empírica demuestra que estos espacios resultaron del todo insuficientes para absorber la magnitud del problema. Cada una de estas dependencias públicas posee un tope de atención operativa que oscila entre los 250 y los 300 usuarios mensuales, un caudal que se encuentra drásticamente alejado de las necesidades comunitarias reales y que perpetúa largas listas de espera que atentan contra la eficacia de los tratamientos tempranos. Un ejemplo paradigmático de este desborde se constató en la Casa de Desarrollo ubicada en la localidad de Las Piedras, donde los registros oficiales evidenciaron una lista de espera de quinientos niños en el área de fonoaudiología y otros trescientos en psicomotricidad para intervenciones de carácter anual.
La carencia de intervenciones en fases iniciales de la vida tiene un impacto directo y mensurable sobre los indicadores educativos de un país que cuenta con una población de 885.000 personas de entre 0 y 19 años. Las dificultades persistentes en las trayectorias escolares, los problemas de aprendizaje no diagnosticados a tiempo, el consecuente rezago pedagógico y la desvinculación definitiva de las aulas se entrelazan de manera directa con el incremento de padecimientos asociados a la salud mental durante la niñez y la adolescencia. En consonancia con este panorama, el Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay correspondiente al período de los últimos dos años encendió alarmas institucionales al revelar déficits permanentes en la asistencia regular, la vinculación activa al entramado educativo formal y el acceso equitativo al conocimiento. El documento oficial advierte, además, que el ausentismo crónico dentro de la escuela primaria pública experimentó un incremento sumamente preocupante al saltar del 46,1% registrado en 2019 a un alarmante 63% en el último año de medición, lo que certifica que las metas gubernamentales de asistencia escolar no solo quedaron lejos de ser alcanzadas, sino que sufrieron un franco deterioro en comparación con los valores de base históricos.
Frente a este complejo diagnóstico, los representantes de la Red de Centros Interdisciplinarios del Uruguay, Federico Veiga y Mariela Méndez, presentaron al presidente Orsi una propuesta concreta de articulación público-privada que busca aprovechar las capacidades ya instaladas en el territorio. La Red se compone actualmente de 220 clínicas y centros de atención distribuidos a lo largo y ancho de los diecinueve departamentos del país, cubriendo más de 58 localidades urbanas y rurales con equipos técnicos que atesoran más de quince años de experiencia sostenida en sus respectivas comunidades. Esta infraestructura civil asiste en el presente a unos 30.000 menores mediante un abordaje terapéutico integral que involucra múltiples disciplinas médicas y pedagógicas orientadas a la detección y al tratamiento precoz de patologías del desarrollo y la discapacidad.
La propuesta central de la organización no persigue la supresión de los dispositivos estatales existentes, como las Casas de Desarrollo de la Niñez, sino la complementariedad y optimización de los recursos de ambos sectores para alcanzar de forma paulatina la universalización de la cobertura sanitaria y educativa. En términos de viabilidad financiera, se informó a las autoridades que el costo operativo mensual de un niño que accede al sistema mediante las ayudas del BPS (que garantiza terapia en dos áreas especializadas con una frecuencia de dos sesiones semanales bajo el control de equipos médicos de referencia) se sitúa en los 8.500 pesos uruguayos. Los delegados de la Red destacaron la receptividad y la sensibilidad demostrada por el mandatario, quien ya poseía un conocimiento detallado de la labor de la institución debido a su prolongada gestión al frente de la Intendencia de Canelones. Según manifestaron los voceros al término de la rueda de prensa, el Poder Ejecutivo coincidió en la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva interinstitucional, involucrando activamente al gabinete social y a los compromisos prioritarios de la actual administración. Si bien las restricciones presupuestarias y los costos asociados imponen un criterio de gradualidad y escalabilidad para la incorporación de los miles de niños hoy desatendidos, la Red valoró positivamente que las máximas autoridades estatales conciban este plan no como un gasto público corriente, sino como una inversión estratégica esencial destinada a proteger el capital humano del país y a sentar las bases de una política de Estado perdurable e independiente de los gobiernos de turno.
