El día que el derecho internacional fue herido de muerte en Caracas

El pasado 3 de enero de 2026, el mundo despertó en un orden internacional diferente. Las imágenes de fuerzas especiales estadounidenses deteniendo al presidente Nicolás Maduro y a su esposa en Caracas, para trasladarlos a territorio norteamericano, son un acto de agresión que ha dinamitado los pilares del sistema de Estados pos-1945.

Este no es un «rescate» democrático. Es una invasión. Una violación flagrante y sin ambages de la Carta de las Naciones Unidas, de la Convención de Viena y del principio más elemental que rige la convivencia entre naciones: la soberanía e integridad territorial. El hecho de que sectores de la oposición venezolana y autoridades locales hayan mirado para otro lado, o incluso colaborado, no cambia la naturaleza del crimen. La complicidad interna no legitima la injerencia armada extranjera; solo añade el amargo sabor de la traición a la violación.

El régimen de Maduro, sin duda, había hecho todo lo posible para deslegitimarse: elecciones fraudulentas, represión sistemática, colapso humanitario. Pero su deslegitimación no transfería, mágicamente, el derecho a deponerlo a la Casa Blanca. Con esta acción, Estados Unidos no ha actuado como garante de la ley, sino como su verdugo. Ha sustituido la justicia internacional por la justicia del más fuerte, estableciendo un precedente aterrador: cualquier gobierno declarado «narco-estado» o «amenaza» por Washington puede ser, a partir de hoy, asaltado y su gobierno capturado.

La hipocresía es monumental y desarma cualquier argumento moral. El mismo país que hoy secuestra a un jefe de Estado fue el que, hace pocas semanas, indultó al expresidente hondureño condenado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández. El mensaje es cínico y claro: la «guerra contra las drogas» y la «defensa de la democracia» son narrativas utilitarias. El objetivo real, aquí expuesto con crudeza, es el control geopolítico y las ingentes reservas de petróleo venezolanas. Se ha usado un martillo hidráulico para resolver un conflicto político, dejando al descubierto que las normas solo se aplican a los rivales.

Pero la gravedad va más allá de Venezuela. Este acto sienta una doctrina de intervencionismo unilateral que amenaza a toda América Latina y al mundo. Es la materialización de las peores amenazas expansionistas que, desde algunos sectores de Washington, se han lanzado contra Panamá, el Golfo de México o incluso naciones soberanas, como Canadá y Dinamarca cuando pretende anexar a Groenlandia.  Los gobiernos latinoamericanos que, en silencio o con aplausos, avalen este atropello, están firmando la licencia para su propia futura intervención. Están claudicando de la soberanía regional por un plato de lentejas geopolíticas.

Hoy no es un día de justicia. Es un día lúgubre. La ONU ha sido reducida a la irrelevancia absoluta. El multilateralismo ha recibido su golpe de gracia. El mundo ha retrocedido a una lógica de bloques y fuerza bruta. Podemos y debemos condenar la dictadura de Maduro, pero debemos gritar más fuerte aún nuestra condena a este brutal atentado contra la paz y la soberanía. América Latina no puede, ni debe, normalizar esto. Porque cuando la fuerza reemplaza al derecho, todos, sin excepción, quedamos a merced del próximo que empuñe el “big stick”. Hoy fue Caracas. Mañana podría ser cualquier otra capital. La ley de la jungla, una vez instaurada, no discrimina.