Tiene todos los rasgos de un sistema mafioso y deja en evidencia una realidad incómoda: en la Argentina se roban cifras descomunales sin que ello tenga consecuencias políticas o judiciales. En cualquier país normal, una mínima sospecha de corrupción provoca renuncias inmediatas; aquí, incluso frente a denuncias por millones de dólares, nadie se corre de su cargo.
Eso no es casual. Es el funcionamiento típico de una estructura mafiosa: quienes manejan estas instituciones cuentan con protección política, jueces complacientes y un aparato de presión diseñado para intimidar a quienes se atreven a denunciar. Los nombres que aparecen una y otra vez —Claudio “Chiqui” Tapia, su número dos Pablo Toviggino o Javier Faroni, empresario que representa a la AFA en el exterior— integran ese entramado de poder donde el dinero del fútbol termina, según las denuncias, en cuentas personales de sus jerarcas.
Cuando alguien intenta romper ese silencio, la respuesta suele ser la persecución judicial. Le ocurrió al dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe, patrocinado por Elisa Carrió, tras avanzar en denuncias contra este esquema. Mientras tanto, la ostentación de riqueza es obscena: quintas millonarias en Pilar, haras de caballos, helicópteros, autos de lujo y hasta un club de fútbol en Italia, todo financiado desde una AFA que exhibe un manejo económico caótico y discrecional, donde el club del presidente recibe ventajas y los campeonatos parecen diseñados a medida.
Tapia no llegó a la presidencia de la AFA por mérito deportivo ni capacidad de gestión, sino por vínculos políticos y sindicales. Su matrimonio con una hija de Hugo Moyano fue la llave que le abrió las puertas del poder. Desde entonces, el fútbol argentino se convirtió en una caja gigantesca sin controles reales.
Como ocurre en tantos otros casos, detrás de este entramado aparece la figura de Sergio Massa. Toviggino y Faroni surgieron de su órbita política, y Massa es señalado como uno de los dirigentes más blindados del país. No hay investigaciones que prosperen, pese a que sus manejos durante el Ministerio de Economía son ampliamente conocidos. Una red de políticos, jueces, fiscales y sectores de la prensa lo protege y le garantiza impunidad.
Los corruptos tienen más poder que quienes los denuncian, y por eso la impunidad se perpetúa.
Combatir la corrupción lleva tiempo, pero es una condición indispensable para cualquier país que aspire a ser serio y competitivo. Sin seguridad jurídica y sin castigo a quienes roban desde el Estado o desde instituciones clave, no hay inversiones ni desarrollo posible.
Durante años, los gobiernos peronistas naturalizaron el saqueo. Mientras millones de argentinos enfrentan dificultades económicas, pequeñas mafias se enriquecen y exhiben su fortuna como símbolo de un sistema que dejó de distinguir entre lo legal y lo ilegal. Terminar con ese modelo es, ante todo, una decisión política que aún está pendiente.
