Cuando el Estado utiliza la fuerza en un espectáculo público, la primera obligación democrática es explicar por qué. Y cuando esa fuerza incluye gases lacrimógenos en un espacio masivo como el Campeón del Siglo, la pregunta deja de ser solamente policial: pasa a ser política, institucional y profundamente social.
Miles de personas asistieron a una actividad colectiva como lo es un espectáculo deportivo. No fueron a una zona de guerra ni a un operativo antidisturbios. Sin embargo, terminaron expuestas a una situación de tensión y miedo que, según múltiples testimonios, apareció sin una razón clara ni proporcional.
El Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad pública. Nadie discute eso. Pero la seguridad no puede convertirse en sinónimo de exceso, improvisación o demostración de poder. Cuando las autoridades actúan sin transparencia, la ciudadanía queda atrapada entre la incertidumbre y el abuso.
El Ministerio Del Interior ha demostrado ya en varias ocasiones la ineptitud de sus funcionarios que comandan estos operativos.
El uso de gases en lugres con gran concentración humana no es un hecho menor. Hay niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios que pueden sufrir consecuencias físicas inmediatas. También existe un impacto emocional colectivo: el mensaje de que cualquier reunión multitudinaria puede transformarse, de un momento a otro, en escenario de represión.
La democracia no se fortalece con uniformes imponiendo. Se fortalece con instituciones que rinden cuentas, protocolos claros y autoridades capaces de actuar con inteligencia antes que con violencia.
Lo ocurrido en el Campeón del Siglo merece una investigación seria y explicaciones públicas. Porque normalizar la desproporción policial es abrir la puerta a un modelo donde la fuerza reemplaza al diálogo y donde la ciudadanía termina acostumbrándose a lo inaceptable.
Un espectáculo público debe dejar recuerdos, no heridas ni miedo.
