El Gobierno de Lula denuncia la presencia de hombres “entrenados” entre los atacantes del 8 de enero

Detenido en Río de Janeiro un nuevo sospechoso de financiar los ataques golpistas.

El encargado de la seguridad de Brasilia tras los ataques a las instituciones del pasado 8 de enero, Ricardo Cappelli, ha contado con las fuerzas del orden tuvieron que lidiar con profesionales “entrenados” entre los seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

“Se enfrentaron a hombres profesionales entre los manifestantes. Gente entrenada y preparada. Gente que tenía nociones tácticas de choque, gente que tenía sus propios equipos para devolver granadas y gente que por poco mata a un policía”, ha contado Cappelli, quien cifra en 44 los agentes heridos. Cappelli ha contado en el programa Fantástico de la cadena Globo que es el momento de “separar la paja del trigo” y castigar a todos aquellos agentes que fueron “cómplices” de los intentos de aquella turba golpista. En ese sentido ha señalado que el cuartel general del Ejército en Brasilia funcionó como “incubadora de planes contra la democracia” y que los detenidos y acusados por los hecho del día 8 tenían conocimiento de las instancias del Palacio del Planalto y el Congreso.

“La noche del día 8 no acabó todavía. Esa noche tiene todavía tras de sí muchas cosas, mucha historia detrás, mucha investigación y lo llevaremos hasta el final”, ha recalcado Cappelli, quien ha anunciado que se reformará el batallón de la Policía Militar encargado de la seguridad de la Explanada de los Ministerios. Mientras tanto, las investigaciones continúan y este lunes la Policía Federal ha puesto en marcha otro operativo, esta vez en Río de Janeiro, para detener por el momento a tres personas sospechosas de haber financiado y participado en los ataques contra las sedes de los tres poderes: Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo. El primer detenido es un subteniente del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro. Se trata de Roberto Henrique de Souza, quien llegó a ser candidato a diputado en 2018 por el partido Patriotas –de corte bolsonarista– y condenado a devolver 4.000 reales (730 euros) por mal uso de los fondos electorales.

La conocida como ‘Operación Ulises’ tiene como finalidad dar con los responsables de los bloqueos de las principales carreteras en Río de Janeiro, así como de quienes financiaron las movilizaciones y los campamentos frente a los cuarteles generales de esa ciudad. Los sospechosos se enfrentan a los cargos de asociación para delinquir, subvertir el Estado de Derecho e incitación a las Fuerzas Armadas contra los poderes constitucionales.

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