El médico represor Carlos Suzacq ya tiene fecha para su extradición hacia Uruguay

Llegará al país el 28 de abril y será trasladado ante la jueza penal de 27° turno, Silvia Urioste.

El médico torturador Carlos Suzacq será extraditado a Uruguay desde España el próximo viernes 28 de abril. Este traslado obedece a un fallo de la justicia española que dió lugar a la solicitud de extradición cursada por el titular de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe. La causa por la que es investigado el médico represor es la de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Regimiento 6° de Caballería, entre los años 1972 y 1974.

El Dr. Suzacq, quien hoy tiene 72 años, será llevado en el vuelo de Iberia 6011 por el subdirector de Interpol, Darwin Ferreira, y el subcomisario, Luis Eduardo Denis. Su destino es el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde llegará a las 8:00 de la mañana para presentarse ante la jueza penal de 27° turno, Silvia Urioste.

Varios testigos han declarado que Suzacq, de 72 años de edad, ejerció como médico en el Regimiento de Caballería Mecanizada N° 6, también conocido como «el sexto de caballería», durante la última dictadura uruguaya (1973-1985). Este centro de detención y tortura, que fue establecido en 1972, aún en democracia, estaba bajo la supervisión del Ejército y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Se encontraba en el barrio de Piedras Blancas en Montevideo.

Suzacq ha sido acusado de abuso de autoridad, lesiones graves y privación ilegal de la libertad durante los años 1974 y 1975, cuando trabajaba como médico militar en el mencionado centro de tortura. Estos cargos son términos legales que implican la aplicación de métodos brutales, como el uso de descargas eléctricas, submarino seco, palizas, insultos, humillaciones, torturas, la inmovilización y el encapuchamiento de personas, entre otros apremios que incluyeron también la sujeción con alambre de púas, y maltratos psicológicos. Todos delitos que al ser perpetrados por parte del Estado hoy son asimilados a crímenes de lesa humanidad.

La tarea de Suzacq, según los 9 testigos presentados por Perciballe, era la de supervisar las torturas para determinar cuando los detenidos y detenidas podían seguir siendo torturadas o se debía hacer una pausa para luego continuar. También realizaba fichas de los prisioneros políticos de acuerdo a la conveniencia del discurso dictatorial.

Activistas reciben la noticia

Diario La R consultó a Victoria Rodríguez, activista por los Derechos Humanos y miembro del colectivo Jacarandá quien recibió la noticia de la extradición de Suzacq con moderado entusiasmo: “es una buena señal y es increíble dado el nivel de impunidad con el que vive tanto España como Uruguay” afirmó la activista en referencia al tardío avance en el esclarecimiento de los crímenes del franquismo que tuvieron lugar en el país ibérico.

Rodríguez remarcó el largo tiempo transcurrido tras los crímenes de Suzacq para que comenzara a hacerse justicia: “Este hombre hace 50 años que goza de total impunidad”, afirmó. A su vez la activista recordó que en estos momentos en el Senado se está tratando un proyecto de ley que tiene como objetivo el de lograr la prisión domiciliaria “para los pocos condenados que están en (la prisión para represores de) Domingo Arena” porque según asegura Rodríguez “la mitad de los condenados está en sus casas gracias a que han sido juzgados con todas las garantías”.

A su vez la activista por los Derechos Humanos destaca que ya existe una legislación que permite la prisión domiciliaria ya que “en nuestra constitución se ampara a las personas que no puedan permanecer en un sitio de reclusión, cualquiera sea el crímen que hayan cometido”. Para finalizar Rodríguez afirma: “celebramos igual las gotitas de justicia que recibimos de parte del Estado y como pasa con los genocidas nazis, así tengan 100 años, hay que juzgarlos porque es la una garantía de no repetición que tenemos”, concluyó.

La defensa del médico había argumentado la prescripción de los delitos pero el Ministerio Público español determinó que “aunque habrían prescrito en el ordenamiento jurídico español, no lo hicieron todavía en el uruguayo” precisamente por ser delitos asimilados a crímenes de lesa humanidad.

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