Las declaraciones del comandante en jefe del Ejército uruguayo, Mario Stevenazzi, asegurando que “el Ejército no esconde información” sobre los desaparecidos de la dictadura, no aportan tranquilidad: generan indignación, desconfianza y una profunda sensación de continuidad histórica en la cultura del silencio militar.
Porque el problema de Uruguay no ha sido solamente la desaparición forzada de personas durante la dictadura. El problema ha sido también la persistencia de pactos de silencio, zonas oscuras y resistencias institucionales para asumir plenamente la verdad.
Cada vez que desde sectores militares se responde con frases cerradas, defensivas y corporativas, reaparece una lógica autoritaria que el país democrático debería haber superado hace décadas. No alcanza con reivindicar el presente democrático de las Fuerzas Armadas mientras todavía existen familias buscando restos, archivos ocultos y responsabilidades nunca aclaradas del todo.
La sociedad uruguaya no tiene obligación de creer declaraciones institucionales construidas sin pruebas públicas, sin apertura total de archivos y sin una autocrítica profunda sobre el terrorismo de Estado.
Durante años, el país escuchó versiones contradictorias, testimonios tardíos y maniobras destinadas a dilatar las investigaciones. La historia demuestra que buena parte de la verdad sobre los desaparecidos no surgió de la colaboración militar espontánea, sino de la presión de organismos de derechos humanos, periodistas, fiscales y familiares.
Por eso, cuando se pretende cerrar el debate con una frase tajante, lo que aparece no es autoridad moral sino soberbia institucional.
La democracia no se fortalece ocultando el pasado detrás de uniformes ni apelando al cansancio social. Se fortalece cuando las instituciones aceptan ser investigadas, revisadas y cuestionadas.
Uruguay ya no tolera discursos que minimicen el dolor de las víctimas o intenten relativizar las responsabilidades históricas del aparato represivo. La memoria democrática del país fue construida precisamente enfrentando las sombras del autoritarismo y rechazando toda cultura de impunidad.
Las Fuerzas Armadas tienen hoy una oportunidad histórica: dejar atrás definitivamente cualquier herencia corporativa vinculada al silencio y convertirse en aliadas activas de la verdad. Pero eso exige mucho más que declaraciones públicas. Exige documentos, cooperación real y ruptura definitiva con toda lógica de encubrimiento.
Porque cuando un país aún busca desaparecidos, el problema nunca es el exceso de memoria. El problema es la falta de verdad.
Es muy preciso y acertado el enfoque del Sr Blanco Sommaruga en su artículo.
A pesar del tiempo transcurrido la realidad chocante es que simplemente los gobiernos de turno han carecido de voluntad en cantidad suficiente como para intentar resolver el problema, o ha habido y hay algún impedimento enorme y desconocido por la ciudadanía impidiendo que el mecanismo de la Justicia sea libre de funcionar, como la Ley, su Código Penal y la Constitución lo determinan.
Falló y continúa fallando la metodología investigativa en sí misma al carecer de un pragmatismo que llegue a las raíces mismas de los hechos.
De seguro los archivos del Estado contienen los nombres, los cargos, los lugares de desempeño y hasta las nóminas salariales de cada uno de los integrantes de las fuerzas armadas durante el período dictactorial.
De esos bancos de datos la Justicia puede extraer nombres y domicilios, fechas de nacimiento, dónde y por qué medio cobran sus haberes activos o jubilatorios, con el fin de localizarlos individualmente.
Y desde ese punto pues empezar a componer las listas de quienes aún viven y de quienes han muerto (algunos negando todo y con espuma rabiosa en su boca, como el peón de pastoreo goyo álvarez con su enfermedad mental).
Desde ahí pues a formar grupos en base a los lugares donde prestaron servicios y a tomar declaraciones sin distinción de rango, todas las declaraciones son válidas al momento de juzgar.
Las investigaciones parciales no sirven de nada, sólo aumentan la incertidumbre.
¿Que es engorrosa la tarea? Sí, desde luego que lo es, y si los sucesivos gobiernos de los últimos 40 o 50 años hubiesen comenzado la tarea a su debido tiempo, pues no estaríamos aquí y ahora escribiendo este comentario.
Las medias tintas no son aplicables en el terreno de la Justicia.
¿Cuáles han sido entonces y son hoy los frenos para investigar y resolver este problema en el cual la Justicia no prevalece?
¿Miedo, pactos ilegales y secretos, cobardía, corrupción, amenazas…?
¿QUÉ es lo que IMPIDE que se haga JUSTICIA de una vez por todas, dejando a la gente enterrar sus muertos y haciendo pudrirse en la cárcel a los culpables?
Señores del gobierno, ahora tienen ustedes la palabra.
Respondan sin rodeos verborrágicos y empiecen a ACTUAR YA MISMO, HOY MISMO…!!
El Pueblo así lo reclama y lo merece, es su DERECHO, y nadie absolutamente puede negárselo.
Es momento de demostrar que vivimos en una Democracia y no en una república bananera bajo el solapado poder de los alumni de la Escuela de las Américas, con mandatarios que aceptan invitaciones para «ver» artefactos de destrucción masiva usados en crímenes alrededor del planeta.
DIGNIDAD Y PRINCIPIOS ¿dónde están? Si los tienen es hora de demostrarlos ahora mismo.