La muerte de la pediatra Soledad Barrera volvió a instalarse en el centro del debate público y sanitario uruguayo. Esta vez, no por una nueva instancia judicial, sino por un fuerte cuestionamiento ético dirigido a las más altas autoridades del sistema de salud. Rosario Barrera, madre de la médica fallecida durante una cirugía programada, presentó una denuncia formal ante el Colegio Médico del Uruguay contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y contra la anestesista condenada por homicidio culposo.
El escrito, elevado al presidente del Colegio Médico, Álvaro Niggemeyer, solicita que se estudie la eventual intervención del Tribunal de Ética Médica. La presentación apunta directamente a la resolución ministerial que redujo de cinco a tres años la sanción de inhabilitación profesional aplicada a la anestesista involucrada en el fallecimiento de Soledad Barrera, una decisión que generó profundo malestar en distintos sectores médicos y políticos.
Para la denunciante, la medida adoptada por el Ministerio de Salud Pública trasciende el plano administrativo. El documento sostiene que no puede interpretarse como una resolución “éticamente neutra”, debido a la gravedad del caso y a la responsabilidad institucional que implica una muerte ocurrida durante una intervención quirúrgica programada.
La presentación coloca el foco sobre el rol de la ministra Lustemberg y sobre los deberes éticos inherentes a la función pública sanitaria. Según la denuncia, ejercer un cargo de gobierno no exime de responsabilidades vinculadas a la transparencia, la prudencia y la protección de la confianza pública. En ese sentido, Rosario Barrera entiende que la reducción de la sanción profesional debe ser examinada no solo desde la legalidad, sino también desde la ética médica y la responsabilidad política.
El reclamo también expone las consecuencias institucionales que habría provocado la resolución ministerial. Según el escrito presentado, once de los trece integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública habrían renunciado o puesto sus cargos a disposición en desacuerdo con la decisión adoptada por el MSP. Esa situación es definida como una “fractura institucional” que dejó al descubierto tensiones internas y cuestionamientos sobre la conducción sanitaria.
Otro de los elementos señalados por la denunciante es la aparente contradicción entre organismos del propio Estado. Mientras el Ministerio de Salud Pública resolvió reducir la sanción profesional de la anestesista, el Ministerio de Defensa Nacional dispuso su baja de las Fuerzas Armadas, resolución firmada por el presidente Yamandú Orsi y por la ministra de Defensa, Sandra Lazo.
La denuncia incorpora además cuestionamientos sobre la información brindada por Lustemberg ante el Parlamento respecto al expediente vinculado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Según la presentación, el MSP habría actuado fuera de plazo en parte de las actuaciones judiciales relacionadas al caso, una eventual irregularidad que la madre de la pediatra considera “particularmente grave” desde el punto de vista ético e institucional.
El episodio reabre una discusión sensible sobre los límites entre las decisiones administrativas, las responsabilidades políticas y la ética profesional dentro del sistema sanitario uruguayo. A casi dos años del fallecimiento de Soledad Barrera, el caso continúa generando repercusiones públicas y cuestionamientos sobre cómo el Estado responde frente a errores médicos con consecuencias fatales.
Ahora será el Colegio Médico quien deberá determinar si existen méritos suficientes para trasladar el caso al Tribunal de Ética Médica y evaluar la conducta tanto de la ministra como de la anestesista involucrada. Entretanto, el reclamo de una madre vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para el sistema: hasta dónde llega la responsabilidad institucional cuando una decisión administrativa impacta en la confianza pública y en la memoria de una vida perdida.
