Regulación de medios

El Poder Ejecutivo introdujo cambios a la Ley de Medios

El articulado prohíbe la titularidad a extranjeros residentes y endurece los controles contra el lavado de dinero.

Foto: Medios Públicos

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas remitido al Parlamento incorpora modificaciones de fondo a la Ley de Medios, con el propósito de endurecer el contralor sobre el origen de los capitales invertidos en el sector y evitar maniobras de elusión que burlen los topes a la concentración de frecuencias. El texto legal elimina la habilitación vigente que permitía a ciudadanos extranjeros con más de cinco años de residencia en el país ser titulares de licencias radioeléctricas, reservando dicho derecho únicamente a quienes posean la ciudadanía legal. En materia de prevención del lavado de activos, la reforma sustituye la simple declaración jurada del interesado por la obligación de acreditar fehacientemente con documentación respaldatoria el origen legítimo de los fondos.

Iniciativa gubernamental

La iniciativa gubernamental también suprime la posibilidad de que los licenciatarios arrienden o deleguen la producción de sus contenidos a un mismo tercero por encima de los límites actuales. Según la exposición de motivos del Poder Ejecutivo, la redacción previa facilitaba que el espectro radioeléctrico se comercializara de forma indirecta entre particulares como una mercancía privada, desvirtuando su naturaleza jurídica de bien público sujeto al interés general. Bajo el nuevo diseño normativo, cualquier porción del espectro asignado que no sea efectivamente utilizada por su titular legítimo caducará y revertirá de forma automática al dominio y gestión directa del Estado.

Para desarticular los esquemas de concentración mediática, la reforma anula el criterio formal del 10% de acciones con derecho a voto que utilizaban grupos económicos para controlar múltiples señales a través de testaferros o participaciones minoritarias del 9,9%. Asimismo, el régimen sancionatorio sufrirá un fuerte endurecimiento: las infracciones graves prescribirán a los seis años y las licencias caducarán de pleno derecho ante faltas gravísimas. Finalmente, la ley faculta al gobierno a obligar a los canales y radios a difundir de forma gratuita las vías de contacto de orientación para mujeres víctimas de violencia doméstica.

Comparte esta nota:

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Últimos artículos de Gobierno