Las recientes declaraciones de la vicecanciller Valeria Csukasi sobre la cantidad de embajadores políticos que tiene Uruguay generaron malestar en ámbitos del Poder Ejecutivo y del Parlamento, al tiempo que reabrieron un debate histórico sobre el equilibrio entre designaciones de confianza política y la carrera diplomática profesional.
La subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó en una entrevista con el semanario Voces que la cifra actual de embajadores políticos —que puede alcanzar hasta 20 cargos— es “una exageración”. Sus palabras generaron sorpresa en la Torre Ejecutiva, desde donde se interpretó que los cuestionamientos contradicen decisiones adoptadas por el propio gobierno del presidente Yamandú Orsi.
“Soy corporativista y defiendo a la corporación. Es un tema que hay que resolver. Hoy no hay nada que justifique que Uruguay tenga diplomáticos políticos en la cantidad que tenemos. Veinte es una exageración”, sostuvo Csukasi, quien cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la Cancillería. De todos modos, aclaró que no cuestiona la existencia de estas designaciones, sino su número. “Podemos tener cinco o seis embajadores políticos”, agregó.
Las afirmaciones fueron consideradas “desconcertantes” por fuentes de Presidencia consultadas por distintos medios. Desde el entorno del Ejecutivo se señaló que el actual gobierno ha realizado varias designaciones políticas en representaciones diplomáticas consideradas estratégicas.
Entre ellas figuran el exprosecretario de Presidencia Diego Cánepa como embajador en Argentina, el excanciller y exvicepresidente Rodolfo Nin Novoa en Brasil, el dirigente comunista Juan Canessa en Cuba, el exembajador en Argentina y exlegislador Juan Raúl Ferreira ante el Vaticano y Rosario Portell en Rusia.
Además, la actual administración también optó por incluir dirigentes de partidos de la oposición en algunas representaciones diplomáticas. Entre ellos se encuentran la exvicecanciller colorada Carolina Ache, designada en Portugal, y la exvicepresidenta nacionalista Beatriz Argimón como representante de Uruguay ante la Unesco.
En la entrevista, Csukasi sostuvo que la pertinencia de una designación política debería evaluarse según el contexto y la relevancia estratégica de cada destino.
El debate se vinculó además con una propuesta incluida en el proyecto de Ley de Presupuesto que finalmente no prosperó en el Parlamento. La iniciativa buscaba reducir gradualmente la cantidad de embajadores políticos, estableciendo un máximo de diez para el año 2030 y de cinco para 2035. Csukasi destacó que esa propuesta fue respaldada por el senador colorado Pedro Bordaberry, algo que también generó incomodidad en ámbitos del gobierno.
En paralelo a la polémica política, la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay (AFUSEU) expresó su respaldo a la reducción de las designaciones políticas en el servicio diplomático.
En un comunicado público, el gremio recordó que desde hace años sostiene la necesidad de revisar el actual sistema de nombramientos. Según explicó, la normativa vigente permite que hasta 20 de las 58 jefaturas de misión que tiene Uruguay en el exterior puedan ser ocupadas por embajadores designados por confianza política.
Esto representa aproximadamente un 35% del total, una proporción que los diplomáticos consideran elevada en comparación con otros países de la región y democracias comparables.
Para AFUSEU, este porcentaje es “desproporcionado” y puede generar un debilitamiento institucional de la carrera diplomática.
Desde el gremio subrayan que su postura no responde a un enfoque corporativo, sino a la defensa de una carrera de Estado que debe actuar con independencia de los gobiernos de turno. En ese sentido, señalan que fortalecer la carrera diplomática contribuye a garantizar estabilidad institucional y continuidad en la política exterior.
La organización también recordó que apoyó el artículo incluido en el proyecto de Presupuesto que proponía la reducción gradual de las vacantes políticas.
AFUSEU enfatizó además que los funcionarios del servicio exterior no cuestionan las designaciones políticas en sí mismas ni a las personas nombradas para esos cargos.
Sin embargo, la organización reafirmó que continuará promoviendo la reducción de las vacantes políticas tanto para embajadores como para ministros del servicio exterior.
Bienvenidos al gobierno de la honestidad que iba a priorizar e impulsar el estudio, el trabajo, el esfuerzo, los méritos y los cargos por concurso. Otra muestra más del despilfarro económico en que nos tienen sumidos los políticos.
20 compañeres acomodados.
Creo que Brasil en 100 años no llega a 15 funcionarios políticos en embajadas.
Si los 20 fueran además funcionarios de carrera y de confianza política, no lo vería mal, al menos tendrían formación para el cargo.