Dentro del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) 2025–2035, un instrumento estratégico llevado adelante por Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, se desarrollarán instancias nucleadas en el ciclo “Eventos por Seguridad”, siendo una de ellas la ponencia “Ciberdelitos: desafíos para la industria, la academia y el gobierno”. Ocasión en la que el ministro Carlos Negro se refirió a los ciberdelitos como a las nuevas amenazas que hoy se enfrentan.
Los ciberdelitos y fraudes informáticos conforman uno de los ejes del Plan y el evento sirvió como espacio de análisis y reflexión sobre los principales desafíos vinculados a estos temas, que, como expresó el ministro, “se mueven con la velocidad de la tecnología por lo que exigen rápidas respuestas”. En ese sentido, informó que en 10 años las denuncias por estafa se multiplicaron por 22, pasando de 39 a 871 casos por cada 100.000 habitantes. En 2024 hubo aproximadamente 26.900 estafas mensuales, sin embargo 9 de cada 10 de ellas no se denunciaron. Analizando así que “además de ser un fenómeno delictivo novedoso, tiene un bajo registro de denuncias”.
“Las estafas y los ciberdelitos no se combaten con las viejas estrategias de patrulleros ni con más cámaras. Se requiere educación, inteligencia, investigación e innovación, corriendo atrás del desarrollo”, afirmó.
La actividad, coordinada junto a Uruguay Innova, buscó promover el intercambio de experiencias para impulsar soluciones conjuntas entre el sector público, académico y el empresarial. Contó con dos paneles integrados por especialistas, que dialogaron sobre los desafíos en materia de ciberseguridad desde sus respectivos ámbitos de acción: el Panel Académico y el Panel Ecosistema.
350 operaciones por año
En su oratoria, el director de la Unidad de Cibercrimen, Crio. Gral. Paulo Rocha expuso los objetivos y desafíos que presenta esta nueva modalidad delictiva. En ese sentido, destacó que “los ciberdelitos ya no son un tema exclusivamente tecnológico, sino que son un desafío de seguridad pública, de derechos humanos, de confianza ciudadana y de desarrollo económico”.
La Unidad, que trabaja un promedio de 350 operaciones anuales, actualmente tiene 140 operaciones en curso en todo el país coordinadas con la Fiscalía General de la Nación. Además, brinda apoyo técnico a las distintas Jefaturas y dependencias de todo el territorio, “alcanzando este año un incremento en los resultados operativos”. En cuanto a las tendencias, expresó que las principales son el phishing, ransomware, fraudes, suplantación de identidad, extorsiones y amenazas. Advirtió por ataques personalizados con inteligencia artificial y el uso de criptomonedas, que dificultan el rastreo financiero: la policía debe “seguir la traza” también en esos activos.
“El Departamento de Delitos Sexuales, dependiente de esta Unidad, está a la vanguardia en técnicas y tecnología, en un nivel comparable con los países más avanzados”, afirmó el Director al referirse al nivel profesional y los resultados obtenidos en las investigaciones.
Por otra parte, apuntó a un subregistro de incidentes informáticos —en especial en el sector privado— por desconocimiento, escepticismo o temor reputacional. “Mientras no se denuncie se pierde información valiosa que puede desarticular redes transnacionales”, dijo.
Por su parte, el asesor de Gobierno en Seguridad Pública, Dr. Emiliano Rojido, expuso sobre el crecimiento exponencial que el ciberdelito presenta en el país y reiteró que en la temática del ciberdelito se requieren alianzas, apoyos y compromisos entre diversos actores de la sociedad que permitan revertir las crecientes cifras. “Las denuncias por estafas crecieron de 1.333 en 2013 a 31.144 en 2024”, indicó.
El director de Uruguay Innova, Bruno Gillie, resaltó la relevancia de la articulación interinstitucional para brindar soluciones a la problemática de los ciberdelitos al tiempo que destacó la iniciativa del Plan Nacional de Seguridad Pública y de las autoridades del Ministerio del Interior para propiciar estos espacios de intercambio sobre la temática con la participación de diferentes actores sociales.
