El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la finalización del plazo formal para el plan extraordinario de regularización migratoria con un saldo neto superior al millón de solicitudes tramitadas. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo sitúa a España en una posición excepcional dentro del marco de la Unión Europea, diferenciándose del rumbo restrictivo adoptado por la mayoría de sus socios comunitarios. El mandatario socialista fundamentó la vigencia del programa bajo criterios de derechos humanos y pragmatismo financiero, argumentando que la inserción formal de los trabajadores extranjeros resulta una herramienta indispensable para dinamizar el mercado de empleo, contrarrestar el envejecimiento demográfico y asegurar la sostenibilidad del Estado del bienestar.
El procedimiento administrativo, que inició a mediados de abril, establece que los organismos competentes dispondrán de un período de tres meses para evaluar los expedientes y otorgar los permisos de residencia y empleo. Los solicitantes debieron acreditar una permanencia mínima de cinco meses en territorio español previos al primero de enero, así como la carencia de antecedentes penales. Aunque las estimaciones oficiales iniciales proyectaban alcanzar a medio millón de personas (con un fuerte predominio de ciudadanos de origen latinoamericano), la demanda duplicó las expectativas. Los informes técnicos del gobierno indican que, de no integrarse de forma legal este flujo laboral, el Producto Bruto Interno (PBI) del país europeo podría contraerse un 19% hacia el año 2050.
Sánchez aprovechó su comparecencia pública para cuestionar con severidad el posicionamiento político del Partido Popular y de la formación derechista Vox, acusándolos de promover discursos de corte xenófobo y de usufructuar el temor social con fines electorales a un año del cierre de la legislatura. La perspectiva de inclusión económica defendida por la administración central recibió el aval explícito de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), debido a las recurrentes dificultades operativas para la contratación de personal que enfrentan diversos sectores de la actividad productiva y de servicios en la península ibérica.
