En octubre de 2011, 28 mujeres presentaron una denuncia por tortura y violencia sexual perpetrada por agentes del Estado durante el período del Terrorismo de Estado (1968-1985). Luego de un largo periplo han decidido llevar su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Las primeras denuncias realizadas por presas políticas se dieron en 1985 al término de la dictadura pero lo difícil del tema y las características de la época hicieron que no se incluyeran los abusos sexuales a hombres y mujeres como parte de lo denunciado. Es el caso de Lucía Arzuaga quien radicó una denuncia por torturas inmediatamente de instaurada la democracia pero en 1986 la llamada Ley de Caducidad truncó los procesos hasta que en 2011 ésta quedó tácitamente derogada por una ley interpretativa promovida por la izquierda en el gobierno. “Fue así que en octubre de 2011, 28 mujeres expresas políticas realizamos, entonces sí, una denuncia penal por abuso sexual y torturas”, relató Arzuaga a Diario La R.
Luego de esto se sucedieron largos años durante los cuales las denunciantes desfilaron por distintas instancias judiciales: “Estuvimos muchas horas en los juzgados intentando explicarle a los jueces quienes aseguraban ignorar que estos hechos habían tenido lugar en el país”, comentó Arzuaga. A raíz de esto se le solicitó a cada denunciante que presentara sus testigos: “eran compañeros y compañeras que no habían podido, o querido, hacer la denuncia pero que estuvieron dispuestos a salirnos como testigos porque los únicos testigos posibles son los que estaban en el mismo lugar y en el mismo momento”, dijo la militante.
Luego de esto y antes de citar a los victimarios, se les solicitó una pericia psiquiátrica a cada una de las denunciantes. “Ahí marchamos al Instituto Técnico Forense a entrevistas con psiquiatras, algunas de ellas claramente revictimizantes” dijo Arzuaga y agregó: “Luego empezaron a citar a los denunciados por nosotros que eran más de 100”.
Estos comenzaron no acudiendo e interponiendo recursos de prescriptibilidad, de ilegalidad de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y otras maniobras dilatorias que formaron parte de la estrategia de la defensa. Arzuaga señala que “hasta el día de hoy esto fue permitido y ha llevado a que a 12 años de realizada la denuncia solamente haya 2 sentenciados”.
Comisión Interamericana
En el año 2020 las denunciantes fueron nuevamente citadas a declarar en el juzgado a pedido de las abogadas de los torturadores. Arzuaga denuncia que esos interrogatorios fueron hechos con “violencia verbal” y otra vez «revictimizantes”. “La cuestión es que la causa no avanza”, resumió la militante. Ante este escenario las expresas políticas concluyen que no han obtenido justicia y deciden denunciar al Estado uruguayo por sus omisiones en materia de cumplimiento de los compromisos internacionales acerca de las garantías de no repetición, justicia y reparación a sus víctimas.
Sobre el tema específico de la reparación Arzuaga explicó a La R que ésta se dio según una clasificación discriminatoria y que el cumplimiento de numerosas sentencias a nivel internacional se dio a medias con todos los gobiernos: “Esto no es una cuestión de gobiernos, esto es una cuestión de Estado. Nosotros no demandamos al gobierno de Lacalle, nosotras estamos demandando al Estado Uruguayo que no es un gobierno ni un partido político”, afirmó. Los procesos a nivel de los organismos interamericanos de OEA suelen prolongarse por años y las denunciantes por su edad saben que quizás no lleguen a presenciar una sentencia. De hecho dos de ellas fallecieron en el proceso.
“Nosotras pensamos que sería muy importante poder dejar a nuestras hijas, hijos, nietas, nietos y a todos los que viven en el Uruguay un país mejor donde haya determinados comportamientos que estén prescritos por la sociedad. Donde se sepa lo que pasó y donde los responsables sean juzgados”, concluyó Arzuaga.
