El equipo especial de fiscales a cargo del caso de insurrección contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol ha pedido este martes la pena de muerte para el exmandatario en relación con la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 y que le costó el cargo meses después. Los fiscales han señalado a Yoon como el responsable de liderar un proceso de insurrección al declarar la citada ley, que llevó al despliegue de tropas durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento y desató una grave crisis política a nivel interno, según informaciones del diario ‘The Korea Times’.
En su solicitud, han argumentado que Yoon era, en última instancia, responsable de «intentar socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional». Así, han defendido que estas acciones representaron una «grave amenaza para la democracia y que justifican la pena más severa prevista por la ley surcoreana». El fiscal especial Park Eok Su ha acusado al expresidente de «declarar la ley marcial con el objetivo de mantenerse en el poder durante un largo periodo de tiempo al hacerse con el poder judicial y el legislativo al completo». «La naturaleza de este delito es grave y ha provocado la movilización de numerosos recursos que deberían haber sido utilizados únicamente en interés nacional», ha alertado.
La petición, que ha sido planteada durante una vista judicial ante el tribunal de distrito de Seúl, marca un momento de inflexión en uno de los casos judiciales más polémicos de la historia del país asiático, puesto que Yoon se convirtió en el primer presidente en ser detenido e imputado mientras desempeñaba el cargo. El tribunal planea emitir su fallo el 19 de febrero.
