El fiscal letrado penal doctor Enrique Rodríguez, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, compareció ante la Comisión Especial de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados para defender la continuidad de la unidad que dirige y presentar un pormenorizado balance de su gestión. La exposición tuvo lugar en el marco del tratamiento del proyecto de ley que, en su artículo 4º, propone suprimir la Fiscalía creada por la Ley 20.075 de octubre de 2022.
Durante su intervención, Rodríguez cuestionó el principal argumento que sustenta la eliminación: que cualquier fiscalía del país puede investigar lavado de activos. Según el fiscal, esa posibilidad existe desde hace años y ya está plenamente operativa, por lo que no constituye novedad ni justificación suficiente para suprimir la unidad especializada.
Rodríguez detalló los resultados obtenidos desde que la Fiscalía comenzó a funcionar en febrero de 2023. Dijo al respecto «hace unos días, lo digo hasta con un poco de dolor, pero también con respeto, escuché a algunas de las personas que vinieron acá (a la Comisión) a decir que lo que se ha conseguido es chiquitaje. Esa palabra duele. Si supieran la cantidad de horas que le dedicamos al funcionamiento, a la investigación, y los casos que tenemos…. tal vez, hablar de chiquitaje es un poco duro».
Explicó que materia de condenas se lograron siete en total, de las cuales cuatro personas por asistencia al lavado de activos y tres por el delito de lavado de activos propiamente dicho. Actualmente hay dos personas formalizadas por lavado de activos.
En cuanto a volumen de trabajo, señaló que ingresaron 327 denuncias en total, de las cuales más de 100 derivaron en investigaciones formales. Hoy la Fiscalía lleva 63 causas activas en investigación señaló ante los legisladores
En decomisos y medidas cautelares, la unidad alcanzó el decomiso definitivo de bienes por más de 2 millones de dólares y el bloqueo, inmovilización o embargo preventivo de activos por más de 30 millones de dólares en investigaciones en trámite. En cooperación internacional, la Fiscalía intervino en la tramitación de 77 exhortos recibidos y libró exhortos a España, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Brasil, Panamá y otros países.
Dos focos de investigación
Dos investigaciones concentran la mayor parte del esfuerzo humano y técnico de la Fiscalía según dijo Enrique Rodríguez. Por un lado, el caso conocido como Conexión Ganadera absorbe cerca del 80 % del trabajo, cuenta con más de cien denuncias vinculadas y ha requerido el envío de exhortos a cinco países. Por otro lado, el caso de la corredora de bolsa Sara Goldring lleva más de un año de investigación, «decenas de declaraciones, análisis exhaustivo de documentación y múltiples exhortos a Estados Unidos para lograr el embargo y bloqueo de cuentas por más de 11 millones de dólares», trámite que aún está pendiente ante tribunales estadounidenses tras numerosas reuniones virtuales con fiscales y funcionarios del Departamento de Justicia de ese país.
Rodríguez también mencionó otras líneas activas, entre ellas las referidas a Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y diversos esquemas de posible lavado detectados en los últimos meses.
Para contextualizar la actividad uruguaya, el fiscal comparó las condenas locales con las de países de la región. Argentina registró un promedio de 18 condenas por año en los últimos cinco años en un país de 45 millones de habitantes. Colombia alcanzó 32 condenas durante todo 2024, pese a ser uno de los principales países de origen y tránsito de cocaína. Brasil promedió 168 condenas anuales entre 2017 y 2022 en un país de 212 millones de habitantes.
Ante la posible supresión, Rodríguez planteó interrogantes prácticas sobre el destino de las investigaciones en curso. Se preguntó qué fiscal recibirá el caso Conexión Ganadera «tras once meses de trabajo continuo, cómo se explicará a los damnificados la interrupción y qué ocurrirá con el caso Goldring, cuya acusación será presentada en los próximos días para ir a un juicio oral de alta complejidad».
El fiscal se declaró «ferviente defensor» del mantenimiento de la unidad especializada y señaló que, «si la voluntad política era reestructurarla, la transformación más lógica habría sido convertirla en una Fiscalía de Delitos Económicos y Financieros en lugar de eliminarla por completo».
La Comisión Especial continúa recibiendo comparecencias mientras analiza el proyecto, que ya fue modificado en el Senado y probablemente sufrirá nuevos ajustes antes de llegar al plenario de la Cámara de Diputados-
Primero las fiscalias de Utuguay, no estan preparadas , para investigar este tipo de delito que es muy complejo. Si buscan mas de la mitad de las empresas van a cerrar, Duele que digan que encontraron chiquitaje, pero los grandes lavadores, deben tener socios politicos y la justicia sabe mucho y actua como puede