Frente Amplio respalda la gestión de Antel tras archivo definitivo del caso «Antel Arena»

El Frente Amplio emitió una declaración oficial en la que ratifica su respaldo a la gestión de Antel durante los gobiernos frenteamplistas, destacando los logros de la empresa pública en el sector de las telecomunicaciones. “Gracias al trabajo realizado en Antel, Uruguay cuenta hoy con un servicio de Internet sólido y de referencia a nivel mundial, lo que nos permite afrontar desafíos como el teletrabajo y el estudio a distancia, además de ser una plataforma clave para el futuro”, señalaron en el comunicado.

En relación al caso del Antel Arena, la Fiscalía había archivado la denuncia en febrero de 2024, tras un exhaustivo proceso de investigación que incluyó un informe de más de 80 páginas que refutaba las irregularidades denunciadas. Sin embargo, en el marco de la campaña electoral, el presidente Luis Lacalle Pou se manifestó a favor de reexaminar la cuestión, lo que motivó que el Directorio de Antel solicitara a la Fiscalía un nuevo análisis.

Este lunes, la Fiscalía determinó el archivo definitivo del caso, lo que fue destacado por el Frente Amplio como una confirmación de la transparencia del proceso. «Reafirmamos nuestra confianza en el trabajo de la Fiscalía General de la Nación y en la institucionalidad democrática del país», expresaron. El Frente Amplio también aprovechó la oportunidad para lamentar lo que consideran un uso político de la justicia, al considerar que la judicialización del caso busca afectar la imagen de candidatos y candidatas. “Lamentamos que se utilice la judicialización como una herramienta para intentar afectar la imagen de candidatas y candidatos”, afirmaron en el comunicado.

Finalmente, el Frente Amplio expresó su absoluto respaldo a Carolina Cosse, expresidenta de Antel y vicepresidenta electa de la República, quien también estuvo involucrada en la gestión de la empresa durante el periodo en cuestión. “Reafirmamos, una vez más, nuestro absoluto respaldo a la compañera expresidenta de Antel y vicepresidenta electa, Carolina Cosse”, concluyeron.

La declaración del FA, en la que se resalta el trabajo realizado por los gobiernos frenteamplistas en Antel y su impacto positivo en el país, subraya la estrategia del FA en aferrarse a los logros de la gestión pública como un símbolo de eficiencia y modernidad. En este sentido, la reafirmación de que “Uruguay cuenta hoy con un servicio de Internet sólido y de referencia a nivel mundial” no solo es una defensa de la empresa pública, sino también una crítica implícita a aquellos que han intentado vincularla a irregularidades en la construcción del Antel Arena.

El hecho de que el FA mencione que el proceso de denuncia y judicialización fue utilizado como herramienta política para afectar la imagen de sus figuras clave (como la vicepresidenta electa, Carolina Cosse) pone de manifiesto la creciente politización de la justicia con fines electorales. El FA busca posicionarse como el blanco de un ataque que no tiene base real, sino que responde a intereses estratégicos por parte del oficialismo.

Por otro lado, el rol del presidente Luis Lacalle Pou y el Directorio de Antel también es relevante en este contexto. El reexamen del caso, que se produce a instancias del oficialismo, refuerza una narrativa en la que se pone en duda la gestión anterior de Antel, a pesar de que la denuncia inicial ya había sido archivada. Si bien la solicitud de un nuevo análisis puede parecer en principio una forma de garantizar transparencia, también es percibida como una jugada política para desgastar la imagen del FA y, en particular, de Carolina Cosse. La movida oficialista, aunque respaldada por la Fiscalía, alimenta la idea de que la justicia no está completamente libre de presiones políticas, un tema recurrente en las críticas del FA hacia el Gobierno de Lacalle Pou. Este proceso parece alimentar la estrategia del oficialismo de mantener en el discurso público temas sensibles relacionados con la gestión anterior, mientras se aleja de abordar cuestiones de fondo que puedan resultar más perjudiciales para la administración actual.

La utilización de la judicialización como un recurso para el enfrentamiento político no es un fenómeno nuevo en Uruguay, pero en este caso se vio acentuado en el marco de una campaña electoral donde la imagen de las figuras políticas es un activo de gran valor. La instrumentalización de la justicia para desacreditar a los adversarios políticos plantea interrogantes sobre la independencia del Poder Judicial y sobre el uso ético de las herramientas legales. El FA, por su parte, ha sabido capitalizar la percepción de que el archivo definitivo del caso es una victoria no sólo en términos judiciales, sino también en el ámbito de la moralidad política. El respaldo explícito a Carolina Cosse y la crítica al uso político de la justicia son elementos que refuerzan esta idea.