Trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) resolvieron profundizar el conflicto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) mediante un conjunto de medidas sindicales que incluyen paro, movilizaciones y ruptura de canales formales de diálogo, en respuesta a la persistencia de atrasos salariales que afectan a cientos de funcionarios en todo el país.
El núcleo del conflicto radica en un problema estructural: el sistema de tercerización mediante organizaciones de la sociedad civil (OSC), a través del cual el Estado ejecuta buena parte de sus políticas sociales. Según el sindicato, este modelo ha demostrado ser ineficiente, opaco y perjudicial para los trabajadores, que quedan atrapados en una relación laboral indirecta, sin garantías claras de cobro ni estabilidad.
De acuerdo con voceros de Sutiga, entre cuatro y cinco OSC mantienen deudas salariales, lo que impacta en más de mil trabajadores que cumplen funciones esenciales en programas sociales. Se trata, en muchos casos, de tareas vinculadas a la atención de poblaciones vulnerables, como personas en situación de calle, infancia, adolescencia y víctimas de violencia de género.
Como primera medida de presión, el sindicato resolvió el corte de la comunicación oficial con el ministerio en todos los espacios donde cuenta con representación. Esta decisión, explican, busca visibilizar la gravedad de la situación y generar una señal política clara: no habrá normalidad institucional mientras haya trabajadores sin cobrar. La medida se mantendrá hasta que la totalidad de los afectados perciban sus salarios adeudados.
En paralelo, el gremio exige definiciones concretas sobre un fideicomiso propuesto como mecanismo para garantizar el pago de salarios, independientemente de la situación financiera de las organizaciones intermediarias. La iniciativa apunta a evitar que los trabajadores queden expuestos a incumplimientos derivados de problemas administrativos o de gestión de las OSC.
El conflicto, lejos de atenuarse, escalará en los próximos días. Sutiga convocó a una conferencia de prensa para el 16 de abril y anunció un paro general de 24 horas para el día siguiente. Durante esa jornada, los trabajadores se concentrarán frente a la sede del Mides y luego marcharán hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, al que también señalan como actor clave en la resolución del problema. “No es solo responsabilidad del Mides; hay decisiones presupuestales que dependen de Economía”, sostienen desde el sindicato.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la presupuestación de los trabajadores, es decir, su incorporación directa a la órbita estatal. Para Sutiga, esta es la única forma de terminar con la precariedad inherente al sistema de tercerizaciones, que genera incertidumbre, fragmenta derechos laborales y debilita la organización sindical.
El conflicto adquiere además un componente político. Los trabajadores cuestionaron que su situación no fuera mencionada en la reciente conferencia de prensa del presidente Yamandú Orsi junto al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. A un año del inicio del conflicto, consideran que no ha habido avances sustanciales ni señales claras de समाधान.
En su comunicado, Sutiga también denuncia prácticas irregulares en algunas OSC, como mala administración de fondos públicos, designaciones discrecionales de personal y persecución sindical. Según el gremio, estas situaciones no solo afectan a los trabajadores, sino que también deterioran la calidad de los servicios brindados a la población más vulnerable.
“Trabajar con los sectores más necesitados no puede transformarse en un negocio”, advierten. En esa línea, insisten en la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión pública directa, con mayor control, transparencia y responsabilidad estatal.
El origen del conflicto se remonta a comienzos de año, cuando el sindicato alertó sobre atrasos en el pago de salarios, aguinaldos, licencias y otras partidas. Si bien en marzo se produjo una instancia de diálogo con autoridades del ministerio, en la que se asumió el compromiso de regularizar la situación, el propio ministro reconoció dificultades administrativas que impiden garantizar el cumplimiento efectivo de esos pagos.
A esto se suma el cuestionamiento a un mecanismo de financiamiento implementado en diciembre como solución de emergencia. Según los trabajadores, el instrumento —basado en un sistema de préstamos— no solo resultó insuficiente, sino que generó nuevos obstáculos. En algunos casos, las partidas quedaron bloqueadas en el Tribunal de Cuentas, lo que agravó aún más la situación financiera de las organizaciones y retrasó los pagos.
El problema también alcanza a áreas sensibles como la atención en violencia basada en género. Equipos que trabajan en este sector denunciaron semanas atrás atrasos salariales y se declararon en conflicto, lo que evidencia que la situación no es aislada, sino transversal a distintos programas del Mides.
Para los trabajadores, la continuidad de este modelo no solo vulnera derechos laborales, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad de las პოლიტicas sociales. La rotación de personal, la incertidumbre y la falta de condiciones dignas de trabajo impactan directamente en la calidad de la atención que reciben los beneficiarios.
En este escenario, Sutiga advierte que las medidas podrían profundizarse si no hay respuestas concretas en el corto plazo. El conflicto, sostienen, no es coyuntural, sino el resultado de un esquema que ha mostrado límites evidentes.
“Vamos a pelear hasta que nuestros salarios estén asegurados de una vez y para siempre”, concluye el sindicato, dejando en claro que el reclamo no se limita al cobro de haberes atrasados, sino que apunta a una transformación estructural del sistema de tercerizaciones en el Estado uruguayo.
