La lucha contra la explotación y el maltrato animal asociados a las competencias de canes trascendió las fronteras de Uruguay para consolidarse como un movimiento regional sin precedentes en toda América Latina. El repositorio y plataforma de difusión de Galgo Libre Internacional documenta la trayectoria de la articulación entre la ONG Asociación Por el Trato Ético Hacia los Animales (Apthéa) de Uruguay y Proyecto Galgo Argentina (PGA).
Esta alianza fundacional, gestada entre los años 2016 y 2017, sentó las bases operativas e ideológicas para promover la erradicación definitiva de las carreras de galgos en el Cono Sur a través de la incidencia en políticas públicas, la sensibilización ciudadana en las plataformas de redes sociales y el trabajo de fiscalización en el territorio nacional.
El espacio institucional funciona como un punto de encuentro y coordinación entre las tres filiales del movimiento: Galgo Libre UY (Uruguay), Galgo Libre CL (Chile) y Galgo Livre BR (Brasil). A través de esta red interinstitucional, las organizaciones unificaron criterios para abordar las secuelas sistemáticas que sufre la raza en el circuito de competencias.
Algunas de esas secuelas son los hacinamiento, entrenamientos extenuantes, lesiones articulares, suministro incontrolado de sustancias dopantes, reproducciones forzadas y el descarte de los ejemplares que pierden velocidad o no alcanzan el rendimiento exigido por los organizadores.
Entre los principales hitos jurídicos respaldados por la red continental figura la Ley Nacional 27.330 en Argentina (2016), que tipificó las carreras de perros como delito penal en todo el país. Ese antecedente resultó determinante para impulsar las gestiones en Uruguay, donde el trabajo sostenido de Apthéadesembocó en el histórico Decreto Presidencial 431/018, firmado por el presidente Tabaré Vázquez el 26 de diciembre de 2018.
El impulso de la estrategia conjunta traspasó luego las fronteras hacia Brasil, logrando en febrero de 2021 la prohibición por decreto y posterior aprobación por unanimidad de una Ley estatal en Rio Grande do Sul.
Más allá de la consecución de decretos y normas nacionales, la plataforma continental enfatiza que la labor de las organizaciones proteccionistas muta necesariamente hacia un rol de contralor ciudadano. Tras la promulgación de las prohibiciones, la red internacional mantiene activos canales de cooperación para combatir la clandestinidad, intercambiando alertas y denuncias sobre competencias informales o criaderos no autorizados.
En Uruguay, Apthéa canaliza estas denuncias recabadas en el territorio directamente ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y las autoridades policiales, asegurando la efectividad real de la normativa vigente. La persistencia de intentos por organizar eventos informales ratifica que la efectividad de los logros legislativos exige una vigilancia constante e ininterrumpida.
Junto al impacto directo sobre la salud física y psicológica de los animales, la causa desarrollada por Galgo Libre expuso la compleja trama social que rodeaba a estas actividades. En las pistas solían entrelazarse apuestas no reguladas, fomento de la ludopatía y el manejo de fondos al margen de los controles del Estado, configurando un escenario donde el lucro económico primaba sobre la ética.
Bajo la premisa categórica de que ‘la crueldad no se regula, se prohíbe’, la plataforma no solo rinde cuenta de los avances jurídicos alcanzados en la región, sino que reafirma el compromiso irrenunciable de las organizaciones miembro por sostener la fiscalización cotidiana y velar porque ningún perro vuelva a ser sometido a la explotación en nombre del entretenimiento o del negocio de las apuestas.
