Efectivos policiales se han desplazado de nuevo hasta el lugar para intentar desmantelar los cortes de carreteras, pero los manifestantes han mantenido los cortes en las rutas nacionales 9 y 52 en la que es ya la segunda jornada consecutiva de manifestaciones, informa la agencia de noticias argentina Télam.
Durante la jornada del sábado 17 en Purmamarca, a 65 kilómetros de la capital provincial, San Salvador de Jujuy, se contabilizaron cuatro intervenciones policiales contra integrantes de comunidades indígenas que se manifestaban contra la reforma de la Constitución aprobada recientemente.
Fueron detenidas más de 40 personas y hubo al menos una decena de heridos. Los detenidos fueron en su mayoría trasladados hasta la unidad penal del barrio Alto Comedero de la capital de Jujuy. Este domingo continuaban detenidas 21 personas (13 hombres y 8 mujeres).
El secretario de Derechos Humanos del Gobierno federal, Horacio Pietragalla Corti, y responsables del Ministerio de Desarrollo Social se han desplazado a la zona brindar asistencia a los afectados, entre ellos las personas detenidas.
«La policía utilizó mecanismos represivos que dejan sin posibilidad de reacción porque va contra los centros neurálgicos, causando lesiones gravísimas. La pérdida de un órgano es una lesión gravísima», ha apuntado el abogado Alejandro Cejas, que representa al periodista de Purmamarca Camilo Galli y al bonaerense Hernán Oviedo.
«Había un joven que perdió un ojo y permanecía internado en Maimará y otra señora está con perdigones en la cara, en la boca y en el ojo, pero no podían ser derivados en las ambulancia ya que solo esto estaba disponible para los efectivos policiales», ha denunciado.
«Las balas de goma, por más que sean de goma, no podés hacerla (disparar) a la cara. Es una locura lo que están haciendo jurídicamente», ha añadido.
Otro abogado, Lucio Plaza, ha explicado que su defendido «estaba bastante golpeado y atemorizado». «Él ni siquiera estaba manifestando en ese momento porque estaba comiendo, pero lo señalaron como una persona infiltrada y se lo llevaron», ha indicado.
Los abogados cuestionaron que «no hayan seguido los protocolos ni tampoco la reglamentación que establece el código procesal penal». La imputación contra los detenidos es por artículo 194 del Código Penal que establece la prohibición de cortes de vías de comunicación, un delito penado con entre ters meses y tres años de cárcel.
