El Poder Ejecutivo, a través del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, despejó las dudas surgidas en torno a la reforma del Código del Proceso Penal (CPP). Y su impacto en los condenados por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. Tras una serie de reuniones en Torre Ejecutiva con representantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Crysol, el gobierno confirmó que no habilitará el beneficio de la libertad anticipada para responsables de delitos de lesa humanidad. El anuncio busca poner fin a la polémica generada por la redacción original del texto. La cual planteaba un régimen general de solicitud de libertad al cumplirse las tres cuartas partes de la pena sin las exclusiones que rigen en la normativa actual.
Durante los encuentros, Díaz aclaró que la intención del grupo asesor técnico nunca fue incluir a los criminales del terrorismo de Estado en este beneficio. Ignacio Errandondea, referente de Familiares, valoró la instancia de diálogo pero advirtió que gran parte de los recluidos en la cárcel de Domingo Arena poseen condenas por «delitos comunes» y no bajo la tipificación de lesa humanidad, por lo que solicitó que la exclusión sea explícita para todos los actos cometidos en el marco de la dictadura. En respuesta, el prosecretario ya comunicó a la bancada parlamentaria del Frente Amplio la necesidad de corregir la redacción del articulado para blindar jurídicamente esta decisión y evitar interpretaciones que favorezcan a los represores.
La jornada también estuvo marcada por la rectificación de la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche. Tras haber estimado inicialmente que unas 2.000 personas podrían verse beneficiadas por el nuevo régimen de libertades, la jerarca calificó sus propios dichos como «confusos» y precisó que la cifra real de beneficiarios potenciales sería inferior a las 400 personas. Con estas aclaraciones y el compromiso de modificar el proyecto en el Parlamento, el oficialismo busca encauzar la reforma del CPP, priorizando el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos y respondiendo a la sensibilidad de las organizaciones sociales frente a la impunidad.
Pucha…Justo eso era lo que esperaban algunos…Pobres viejitos…
Esperamos que tampoco las haya para agresores de niños que están al otro día en la calle Este es un país donde el derecho superior del niño no se respeta
Tal vez este «iluminado» nos pueda explicar cuál es la diferencia entre los que están presos en Domingo Arena por violación de derechos humanos de sus víctimas y los asesinos y violadores presos en otras cárceles por violar los derechos humanos de sus víctimas.
Es verdad Es porque fue una política de Estado pero en el fondo es igual
Esperamos que el Frente apoye la iniciativa de indulto a Carlos Moisés