El “impuesto fantasma” en Paraguay: cuando pagar menos al Estado termina costando más

Paraguay suele ser presentado como un caso atractivo en la región por su baja carga tributaria. Sin embargo, detrás de esa imagen de competitividad fiscal se esconde una realidad más compleja: muchos hogares y empresas terminan pagando un costo adicional, invisible, para compensar lo que el Estado no logra garantizar. Es lo que algunos economistas denominan el “impuesto fantasma”.

El esquema tributario paraguayo, conocido como la fórmula del 10/10/10, establece que los tres principales impuestos —el IVA, la renta personal y la renta empresarial— se sitúan en una tasa uniforme del 10%. Esta estructura, en comparación con otros países de América Latina, posiciona al país como un destino atractivo para inversiones. Sin embargo, la discusión no puede limitarse únicamente al nivel de los impuestos formales.

El problema emerge cuando los costos que no aparecen en las estadísticas fiscales comienzan a acumularse en la vida cotidiana. El “impuesto fantasma” no se paga en ventanilla ni figura en ninguna ley, pero impacta directamente en el bolsillo de ciudadanos y empresas. Se manifiesta en el tiempo perdido en trámites burocráticos, en la necesidad de contratar servicios privados ante la debilidad de los públicos, y en sobrecostos que terminan trasladándose al precio final de bienes y servicios.

En este contexto, queda claro que el desarrollo económico no depende exclusivamente de mantener impuestos bajos. También requiere condiciones estructurales como seguridad jurídica, protección efectiva de la propiedad privada, competencia real en los mercados y, sobre todo, un uso eficiente de los recursos públicos.

Gran parte de estos costos ocultos están vinculados a la ineficiencia del Estado. La burocracia excesiva, el deterioro de la infraestructura y las falencias en servicios esenciales como salud y educación generan un gasto adicional que recae directamente sobre la población. A esto se suma la corrupción, que no solo desvía recursos, sino que también reduce la calidad de las obras y servicios financiados con fondos públicos.

Un ejemplo evidente es el estado de la infraestructura vial. Aunque el IVA sea relativamente bajo, el supuesto ahorro se diluye cuando el transporte depende de rutas en mal estado. Esto encarece la logística, incrementa el desgaste de los vehículos y genera demoras que impactan tanto en la productividad como en la calidad de vida.

Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, la ineficiencia en el gasto público puede representar una pérdida cercana al 3,9% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a miles de millones de dólares al año. Este derroche no solo limita la capacidad del Estado para invertir en áreas clave, sino que además obliga a los ciudadanos a cubrir por su cuenta esas deficiencias.

Para las empresas, estos costos funcionan como un verdadero “impuesto a la producción”. Fletes más caros, interrupciones en la cadena logística, mayores costos de mantenimiento y pérdidas de tiempo terminan encareciendo la actividad económica. Como consecuencia, estos sobrecostos se trasladan al consumidor final, afectando el poder adquisitivo de la población.

En el ámbito social, el fenómeno se vuelve aún más evidente. La debilidad del sistema público de salud y educación empuja a amplios sectores —especialmente la clase media— a recurrir a servicios privados. Esto genera una suerte de doble imposición: por un lado, los ciudadanos pagan impuestos para financiar servicios públicos; por otro, deben asumir gastos adicionales para acceder a prestaciones de calidad.

De esta manera, el Estado no desaparece: sigue recaudando, pero no logra responder adecuadamente a las necesidades básicas. Esta brecha entre lo que se paga y lo que se recibe alimenta la percepción de un sistema ineficiente, donde el costo real de vida es mayor al que sugieren las cifras oficiales.

La corrupción agrava aún más este escenario. Prácticas como licitaciones infladas, desvío de fondos o facturación irregular no solo encarecen las obras públicas, sino que reducen su calidad. En consecuencia, la sociedad termina pagando más por servicios deficientes, reforzando la necesidad de recurrir a soluciones privadas.

Así, la corrupción se convierte en un tributo informal: extrae recursos sin aportar valor y profundiza las carencias estructurales. Es un costo silencioso, pero persistente, que erosiona tanto la economía como la confianza en las instituciones.

La idea de que “lo barato sale caro” resume con claridad esta situación. Una baja carga tributaria, por sí sola, no garantiza un menor costo de vida si el ciudadano debe absorber los efectos de la ineficiencia estatal.

Por ello, más que centrarse exclusivamente en la presión tributaria, el debate debería enfocarse en la calidad del gasto público. La verdadera competitividad no se mide únicamente por cuánto se paga en impuestos, sino por qué tan eficientemente se utilizan esos recursos y qué nivel de bienestar generan en la sociedad.