La línea que separa la expresión artística del daño al espacio público es delgada pero de necesaria atención. A nivel mundial, el graffiti es reconocido como una herramienta de comunicación visual capaz de expresar pensamientos, desacuerdos y denuncias sociales. Sin embargo, su carácter ilegal lo asocia directamente con la rebeldía y el vandalismo. En Uruguay, el debate no es nuevo, pero las acciones recientes de la Intendencia de Montevideo le dieron un nuevo impulso. La denuncia penal contra el grafitero “Ruzok”, captado en videos pintando paredes en el Centro y la Ciudad Vieja, obligó a las autoridades a tomar medidas dado los recientes acontecimientos.
Al respecto, Matilde Antía, alcaldesa del Municipio CH, fue tajante al respecto, mediante una entrevista con Teledoce. En el marco del Plan Antigraffiti (programa “Borrón y cuenta nueva”), mantiene la postura de que la intervención en fachadas patrimoniales sin permiso no es arte, es un atentado contra el patrimonio. “Si no está autorizado ese graffiti, es vandalismo”, sentenció. Esta posición se enmarca en un plan que, junto a vecinos de la zona, se dedica a pintar paredes que han sido intervenidas. También aseguró que hay que estar presentes en estas situaciones con la ciudadanía, afirmando que tanto la intendencia como el gobierno nacional están ausentes.
Por su parte, Débora Quiring, directora de Cultura de la Intendencia, reconoció la necesidad de “buscar un consenso” entre el arte callejero y la preservación del patrimonio. Sin embargo, en el caso de Ruzok, señaló que las intervenciones “no apuntan a la convivencia” y dañan específicamente fachadas patrimoniales del Centro y Ciudad Vieja.
Del mismo modo, el abogado y concejal Javier Barrios Bove explicó que existen figuras legales claras para perseguir estas conductas. El artículo 367 del Código Penal tipifica el vandalismo como “actos de deterioro o destrozos en espacios públicos”, con penas de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario. El más grave es el artículo 558, que tipifica el delito de daño agravado cuando afecta bienes públicos o destinados al servicio público; en esos casos, la pena puede llegar hasta seis años de prisión y se persigue de oficio.
Barrios Bove señaló que la proliferación de cámaras de seguridad facilitó la identificación de responsables, aunque admitió que la Policía prioriza delitos más graves. También advirtió sobre la dificultad práctica de reclamar daños: “El juez te va a decir que hay un daño, pero si el tipo no tiene cómo pagarlo, tenés una sentencia que no podés cobrar”.
La mayoría de la sociedad percibe al graffiti como una actividad negativa, un acto de vandalismo que no contribuye al desarrollo. Los profesionales del graffiti, sin embargo, lo defienden como una herramienta de comunicación eficaz para denunciar desigualdades.
En Montevideo, en el caso Ruzok la Intendencia ya había presentado una denuncia penal, y ediles nacionalistas elevaron otra. La discusión subyace en un problema que hay detrás que es la falta de espacios autorizados y la ausencia de una política cultural que canalice la expresión urbana sin dañar el patrimonio.
Mientras las autoridades priorizan la limpieza y la denuncia penal, los grafiteros reclaman visibilidad y reconocimiento. La solución, probablemente, pase por el diálogo y la regulación. Ciudades como Buenos Aires o São Paulo encontraron un equilibrio al diseñar muros y galpones para la expresión libre, preservando al mismo tiempo sus cascos históricos. Cabe destacar que el patrimonio, una vez dañado, no se recupera y es precisamente ahí donde inicia la tarea. En este caso, Montevideo tiene el desafío de construir ese consenso, mientras tanto, la regla es que sin autorización, es vandalismo.
