El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, calificó la reunión en la Comisión de Hacienda que analiza cambios en la Ley de Lavado de Activos como «fecunda y abierta», y admitió que la baja de condenados por lavado de activos es «un enorme desafío que tiene el Estado». Tras comparecer ante la Comisión de Hacienda del Senado, Díaz, junto a autoridades de la Secretaría Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), destacó el tono positivo del intercambio con los legisladores para discutir cambios a la ley de prevención de lavado de activos, aunque reconoció las profundas dificultades que enfrenta el país en la materia, principalmente en la persecución penal del delito. El encuentro fue descrito por Díaz como «un diálogo muy constructivo».
Díaz señaló que la mayor debilidad no se encuentra en los organismos de control, sino en la persecución criminal.
Para ejemplificarlo señaló que existe una drástica caída en el número de sentencias. «En la evaluación del 2019 teníamos 50 condenados por lavado de activos y el cuestionamiento de los organismos internacionales era que eran pocos, imagínese que ahora que tenemos ocho, cuál es el estado de situación» sostuvo.
Para el Secretario de Presidencia, esta cifra representa «un enorme desafío que tiene el Estado», y subrayó que aunque las reformas normativas ayudan, no son suficientes. «Hay pocos juicios y pocas condenas por la actividad de lavado. Esa es la falencia más grande. Cuando al país lo evalúan a nivel internacional, lo evalúan no por la normativa que tenga, porque puede ser una ley muy bonita, pero es un avance de papel si esa ley no es eficiente» acotó.
Pases en comisión
Durante la comparecencia, se abordaron algunas debilidades estructurales de los organismos clave. Díaz explicó que la Senaclaft, si bien depende de Presidencia, opera con funcionarios en «pase en comisión», una precariedad que arrastra «desde hace muchísimos años» y que impide la especialización y la construcción de una carrera funcional sólida.
En una línea similar, se trató la situación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central. Tras reuniones con el presidente del BCU, y ante las dificultades para cubrir vacantes, Díaz anunció que «OPP autorizó y se van a incorporar cinco funcionarios si la ley del Presupuesto es aprobada. Estos funcionarios que creemos que son absolutamente imprescindibles».
Consultado sobre la propuesta de facultar a la DGI para levantar el secreto bancario, norma incluida en el proyecto de ley de Presupuesto, Díaz sostuvo «específicamente esa norma no dice relación con lavado», afirmó, y aclaró que el tema no fue parte de la discusión sobre la ley antilavado.
Señaló al respecto que el secreto bancario, al igual que otros secretos profesionales, protege el derecho a la intimidad, y que cualquier modificación debe ser resuelta en el ámbito legislativo. «¿Qué tan rígido es el secreto y cuánto y quién puede perforarlo o no? Evidentemente eso es una cuestión legislativa que tiene que discutir el Parlamento», concluyó.
Modificaciones a Ley de Lavado
Entre los aspectos específicos de la reforma que se propone a la Ley de Lavado se encuentra un nuevo umbral para operaciones en efectivo. El gobierno propone un límite de 40.000 dólares. Díaz contextualizó la cifra al mencionar que «la Unión Europea acaba de proponer que en todos los países de la Unión sea 10.000 dólares».
También se discutió la propuesta de extender el tiempo durante el cual los sujetos obligados deben guardar los registros de sus clientes. Si bien hubo acuerdo general, se insinuaron discusiones futuras sobre estos puntos en el seno de la comisión.
Finalmente, al ser cuestionado sobre las críticas al presupuesto asignado a la lucha antilavado y a otros organismos como Fiscalía, Díaz lo enmarcó en la lógica de las prioridades de un gobierno con recursos finitos. «Es una sábana corta», graficó, y defendió que este es «un presupuesto de oportunidades» enfocado en los sectores más vulnerables. «Es un gobierno de izquierda que prioriza a los más vulnerables, bueno, obviamente habrá sectores que no van a quedar conformes».
Y…muchos de estos mallas oro ponen plata en las campañas electorales. El artículo de la LUC que pasaba de 5.000 a 90.000 U$S el monto pasa declarar el origen de loa fondos fue hecho a pedido del cliente. Si no no es posible que claigan tantos perejiles por venta de merca la menudeo pero los capos que mueven millones no caigan nunca.
Que nuestras autoridades piensen cuánto hay de cierto en eso que se dice de que hay tanto lavado de dinero. De donde sacan los organismos internacionales que son pocos los juicios y condenas por esa actividad, y de que haya un número real mayor. A mí me da la impresión de que las cifras manejadas carecen de fundamento.
Y la Unión Europea, que no pretenda imponernos sus valores para establecer cuándo una transacción puede ser sospechosa. Esa cifra de diez mil dólares que proponen ellos es lo que acá cuesta el más económico auto nuevo; alguien puede pensar que tras cada compraventa de ésas se esconde un lavador de dinero?