Imputan a tres médicos por presunta mala praxis en la muerte de un bebé

El juez dispuso la fijación de domicilio para los tres imputados hasta el 6 de mayo.

Los hechos sucedieron en el Casmu.

El juez Penal de 31º Turno, Dr. Emilio Baccelli, formalizó la investigación penal contra tres profesionales de la salud por un caso de presunta mala praxis médica que culminó con la muerte de un bebé de 13 meses, ocurrida en abril de 2024 tras una intervención quirúrgica realizada en Casmu. Dos cirujanos pediátricos fueron imputados por presunto homicidio culposo, mientras que una médica intensivista fue imputada por presunto encubrimiento, en una audiencia que fue declarada reservada por resolución judicial.

La decisión fue adoptada por el juez actuante, a solicitud de la defensa de los profesionales, sin oposición de la Fiscalía. Según se argumentó en el decreto judicial, la reserva se dispuso para preservar la dignidad y privacidad de los intervinientes y evitar eventuales afectaciones al desarrollo de la investigación.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía de Flagrancia de 15.º Turno, Sylvia Lovesio, que investiga la actuación del equipo médico en una cirugía torácica realizada a un niño de 13 meses con una malformación congénita pulmonar. El procedimiento quirúrgico fue una lobectomía toracoscópica, una intervención de alta complejidad técnica que implica la extracción de un lóbulo pulmonar mediante videocirugía.

De acuerdo con la imputación fiscal, los dos cirujanos habrían incurrido en conductas negligentes durante la intervención, que derivaron en complicaciones graves y finalmente en la muerte del niño horas después de la cirugía. En tanto, la intensivista fue imputada por presunto encubrimiento, al entender la Fiscalía que modificó u omitió información relevante en la historia clínica vinculada al desarrollo de la operación.

Como medida cautelar, el juez dispuso la fijación de domicilio para los tres imputados, lo que implica la obligación de informar cualquier cambio de residencia al tribunal mientras avanza el proceso penal. La medida regirá hasta el 6 de mayo.

Según surge de la investigación, durante la cirugía se habrían producido eventos adversos significativos, entre ellos sangrado abundante y dificultades que obligaron a convertir el procedimiento mínimamente invasivo en una cirugía abierta. Estos episodios habrían sido advertidos por profesionales presentes en el block quirúrgico. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, tales complicaciones no habrían quedado debidamente registradas en la historia clínica, donde se consignó que no existieron eventos intraoperatorios relevantes.

Tras la intervención, la familia fue informada de que la cirugía había resultado exitosa. No obstante, pocas horas después el niño falleció como consecuencia de un cuadro de insuficiencia respiratoria severa. La hipótesis principal de la acusación sostiene que sangre proveniente del campo operatorio habría ingresado al pulmón sano, provocando una falla respiratoria fatal.

La investigación también pone el foco en el consentimiento informado otorgado por los padres. Según la acusación, la intervención fue presentada como una cirugía sencilla o de rutina, cuando en realidad se trataba de un procedimiento poco frecuente y de alta complejidad en pacientes pediátricos. Además, se cuestiona el nivel de experiencia del equipo quirúrgico en este tipo de intervenciones específicas en niños.

En ese sentido, documentación remitida por organismos públicos a pedido de la familia indica que en los últimos años se realizaron muy pocas cirugías de estas características en el país, lo que contrasta con estándares internacionales que recomiendan una amplia experiencia previa antes de asumir este tipo de procedimientos como cirujano principal.

El expediente penal incluye informes periciales elaborados por servicios académicos de la Facultad de Medicina, así como declaraciones de anestesistas, personal del block quirúrgico y otros profesionales involucrados en el tratamiento del niño. Según la Fiscalía, estos elementos permiten sostener la existencia de fallas asistenciales relevantes.

Por su parte, la defensa de los médicos ha planteado una hipótesis alternativa, según la cual el fallecimiento podría haberse producido como consecuencia de una reacción adversa poco frecuente a las transfusiones realizadas durante la cirugía. Esta línea argumental sostiene que se trató de un evento imprevisible. Sin embargo, la Fiscalía y la parte denunciante consideran que esa explicación no cuenta con respaldo suficiente y que, aun de verificarse, no excluiría la responsabilidad vinculada al procedimiento quirúrgico.

La investigación también abarca el rol de la institución de salud donde se realizó la cirugía. En paralelo al proceso penal, la familia promovió una demanda civil contra la mutualista y contra los profesionales imputados. La acusación sostiene que no se activaron los protocolos institucionales previstos ante un fallecimiento en contexto quirúrgico, como instancias formales de revisión, notificaciones completas a la familia y documentación de los procesos internos.

Además del proceso judicial, la familia anunció que impulsará acciones administrativas ante el Ministerio de Salud Pública y presentaciones ante el Tribunal de Ética Médica, una vez avanzado el trámite penal.

La formalización de la investigación marca el primer pronunciamiento judicial en una causa que continuará ahora con la recolección de pruebas y el análisis de responsabilidades, bajo la premisa de la presunción de inocencia de los imputados hasta que exista una sentencia firme.


El SAQ pide “no buscar culpables”

La Mesa Ejecutiva del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) emitió un comunicado en el que expresó su “profundo pesar” por el fallecimiento del niño y manifestó su solidaridad con la familia. En el texto, el sindicato afirmó que los profesionales que participaron del procedimiento “cuentan con la formación y experiencia necesarias” en este tipo de cirugías dentro del país.

Asimismo, exhortó a otros médicos a “abstenerse del análisis del procedimiento quirúrgico por carecer del expertise necesario”, aunque aclaró que ello no impide que se genere una discusión amplia entre distintas especialidades para comprender la evolución del caso. El comunicado concluye señalando que “es hora de respetar el dolor, mantener la calma y no buscar culpables entre quienes han dedicado su vida a cuidar la salud”.

Comparte esta nota:

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Últimos artículos de Sociedad