La Justicia de Montevideo procesó la imputación de un hombre acosador de una mujer funcionaria policial durante tres años luego de tener contacto con ella una vez.
De acuerdo con lo indicado por un parte de la Fiscalía, el acoso comenzó a presentarse cuando la víctima, una policía de 38 años, se hizo presente en la casa de la madre del ahora imputado por causas laborales. Desde ese momento el sujeto comenzó a enviarle mensajes a través del celular y escaló persiguiéndola por otros medios.
El hombre empezó a mandarle correos electrónicos y a mensajearla por redes sociales, proponiéndole tener una relación amorosa. Pese a que la víctima sistemáticamente rechazó las proposiciones del acosador, este insistía en las mismas.
Incremento de la violencia
El acoso se extendió durante dos años, pero a inicios de 2022 se intensificó cuando el hombre incrementó el número de mensajes enviados y optó por una actitud violenta, repleta de amenazas e insultos.
La Unidad de Víctima de Fiscalía reportó que la mujer pasaba sin dormir durante semanas puesto que el hombre la llamaba a su celular durante toda la noche desde distintos teléfonos.
La víctima bloqueaba los números, pero el sujeto accedía a nuevos para poder continuar con su acoso.
La gota que rebasó el vaso tuvo lugar sobre finales del año pasado, cuando el victimario, identificado como R.H.O.C., creó un perfil falso en una red social donde fingía ser la víctima y, con uso del nombre y foto de esta, la exponía como una supuesta trabajadora sexual. Para completar su maniobra, el hombre puso su propio número de celular para que lo contactaran. La Fiscalía advirtió que esta situación “se hizo pública entre un sinfín de personas”.
Al mismo tiempo, el acosador amenazaba a la víctima con textos y audios donde advertía que tenía conocimientos informáticos suficientes para acceder a su celular.
Finalmente, en diciembre de 2022 la mujer denunció lo sucedido y la Policía allanó el domicilio del indagado. Durante el operativo las autoridades incautaron todos los aparatos electrónicos del sujeto y se toparon, además, con una “cantidad innumerable” de pornografía infantil para consumo.
Tras una pericia psicológica se demostró que el sujeto “no es capaz de apreciar el carácter ilícito de sus actos ni de determinarse libremente», por ello, tras imputaŕsele, la Justicia dispuso la internación del hombre en el hospital Vilardebó.
La Fiscalía lo formalizó en calidad de autor inimputable de la comisión de reiterados delitos de violencia privada, injuria agravada y un delito de almacenamiento de pornografía infantil