En el capítulo sobre Uruguay, y como otros años, se ha destacado la situación de las cárceles. Al respecto se indica que «las condiciones de las prisiones y los centros de detención eran malas e inhumanas en varias instalaciones debido al hacinamiento, las malas condiciones sanitarias, la atención médica inadecuada, la programación socioeducativa inadecuada y los altos niveles de violencia entre los reclusos».
En el informe se indica que al 20 de agosto del año pasado, la población carcelaria era de 13.815 personas, alcanzando el 135 por ciento de la capacidad diseñada. La situación en las 27 prisiones varió mucho, con ocho prisiones por encima del 100 por ciento de su capacidad, siete prisiones por encima del 150 por ciento de la capacidad diseñada y dos por encima del 200 por ciento de la capacidad.
En otra parte se señala que «el relator especial del parlamento sobre el sistema penitenciario (relator especial) y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), informaron que el hacinamiento también afectaba a secciones específicas de las cárceles con una población promedio por debajo de su capacidad total. Según el relator especial y el MNP, las peores condiciones carcelarias se dieron en las unidades con altos índices de sobrepoblación y en las prisiones más grandes, donde los internos dormían en el piso y tenían menos actividades sociales y educativas. El relator especial afirmó que el 33 por ciento de los reclusos sufrieron tratos crueles, inhumanos o degradantes y que el 56 por ciento de los reclusos no fueron preparados adecuadamente para la integración social después de su liberación. Estas cifras reflejan una disminución en el porcentaje de la población carcelaria que ofrece oportunidades de rehabilitación y reinserción social, en comparación con el año anterior (del 27 por ciento al 11 por ciento)».
Otros aspecto es que «en las prisiones mixtas, las autoridades asignaron a las mujeres a algunas de las peores partes de las prisiones, lo que generó dificultades para acceder a alimentos, espacios privados y visitas con familiares. En un supuesto esfuerzo por prevenir conflictos entre hombres, los guardias impidieron que las mujeres usaran el patio de la prisión, las excluyeron de algunas actividades y les prohibieron usar ropa considerada reveladora durante las visitas. No había acceso regular a los servicios de salud sexual y reproductiva de rutina. Las madres en prisión con sus hijos vivían en instalaciones mal diseñadas con problemas de seguridad debido a la falta de una clasificación adecuada de los reclusos, preocupaciones ambientales y de salud, falta de instalaciones y servicios especializados, y políticas indefinidas y poco claras para los reclusos con necesidades especiales». Dentro de las mejoras registradas con respecto a un año atrás se indica que el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Administración Penitenciaria «realizó varias acciones de emergencia para atender las graves deficiencias de infraestructura y dotar a los internos de productos de limpieza e higiene personal, así como camas y colchones para los establecimientos penitenciarios que carecían de ellos. En uno de los centros penitenciarios más poblados se ha construido un nuevo sector de preliberación, con un sistema abierto donde los internos gestionan de forma independiente un espacio personal, incluida una cocina, con guardias civiles en lugar de guardias policiales, para ofrecerles una experiencia similar a la del exterior a medida que se acercan.su fecha de liberación».
