Este jueves tuvo lugar la última instancia por el caso de las torturas en el centro de reclusión clandestino “Los Vagones” en los años 1975 y 1976 en Canelones en el marco de la operación Morgan dirigida contra el ilegalizado Partido Comunista del Uruguay.
Se trata del primer juicio por crímenes de lesa humanidad desarrollado en audiencias orales y públicas en nuestro país en el marco del nuevo código del proceso penal. En la primera audiencia celebrada el 8 de diciembre de 2022, concurrió el único imputado de la causa que permanece con vida, el expolicía Alejandro Ferreira, sobre quien pesa un pedido de condena de nueve años y cuatro meses de penitenciaría por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones.
Por esta causa, además de Ferreira, fueron imputados los policías retirados Hugo Guillén, quien se suicidó purgando prisión domiciliaria en octubre de 2020 y Winston Vitale, fallecido durante el proceso también en prisión domiciliaria. Ferreira de 72 años de edad admitió haber operado en el centro clandestino conocido como Los vagones ubicado en un predio policial cercano al barrio olímpico en la capital departamental de Canelones.
Durante las audiencias que tuvieron lugar en el mes de diciembre la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del Fiscal Ricardo Perciballe, realizó una presentación del caso con los aspectos centrales de la imputación y las pruebas que presentaría en el juicio. A lo largo de las audiencias de diciembre también se presentaron los alegatos de la defensa y 16 testigos compartieron informaciones y relataron sus vivencias.
En esta última audiencia, las partes presentaron sus alegatos de clausura y el juez Héctor Iriarte deberá dictar sentencia el próximo 6 de marzo a las 13:30hs. Luego de esto las partes podrán apelar si así lo consideran conveniente.
El abogado de las víctimas Pablo Chargoña relató a Diario La R que luego del proceso de audiencias quedó probado el fundamento de la fiscalía más allá del alegato que reiteró la defensa del represor basado en argumentos como “la obediencia debida”, “la baja jerarquía de Ferreira” e incluso la condición de ilegalidad del Partido Comunista en la fecha de los hechos: “hay prueba de que las imputaciones de la Fiscalía se verifican” afirmó Chargoña.
Para el abogado de Derecho Humanos el primer juicio desarrollado dentro del nuevo código penal mostró mayor celeridad: “es más rápido porque hay una fiscalía especializada que realiza la tarea de indagatoria en el lapso de un año que en comparación con la indagatoria que llevaba adelante un juez con el anterior código, que le llevaba un promedio de 10 años para los casos de la dictadura, entonces la diferencia es notoria” explicó Charhoña.
Para el abogado perteneciente a la organización «Luz Ibarburu» ahora la espectativa es saber si el caso se suma a la jurisprudencia que en los últimos años ha tenido cierto impulso que identifica a los crímenes de la dictadura, entre otros la tortura, como crímenes imprescriptibles, inadmistiables y que no pueden quedar sin juicio y castigo” afirmó.
Un testimonio clave
Según Chargoña los testimonios presentados en las audiencias fueron muy contundentes y destacó el caso de Adriana Zinola quien luego de pasar por Los Vagones y están aún detenida hizo caso omiso a las amenazas de sus captores y denunció las torturas ante un juez militar: “en 1975 tuvo el coraje de denunciar los malostratos que ocurrian entonces y eso consta en un expediente de la justicia militar que la fiscalía presentó ante el juez y donde también consta que la denuncia de Zinola dio lugar a una breve investigación administrativa en que Ferreira admite haber sido interrogador de la testigo”.
Diario La R se comunicó con Adriana Zinola a pocos minutos de concluida la audiencia quien nos dijo: “siento que es importante que finalmente se conozca la verdad, se haga justicia, se acabe caso a caso con la impunidad teniendo en cuenta que quienes hoy denunciamos van a tener la posibilidad de juicio con todas las garantías del debido proceso cosa que nosotros y nosotras no tuvimos” reflexionó.
Adriana nos dice que “volver a los hechos del pasado es importante para que sobre todo los jóvenes que no vivieron esta etapa conozcan lo que pasó y se juzgue a los culpables sin buscar ningún tipo de venganza”. En los momentos en que Adriana estuvo en el centro clandestino de reclusión y torturas Los Vagones tenía 22 años de edad y hoy piensa que una sentencia condenatoria para sus represores significa también una “sentencia reparatoria” para sus padres que “tuvieron que pasar por situaciones terribles y que lo hicieron por el amor a sus hijos sabiendo que además se estaba cometiendo una gran injusticia”. Para Adriana este proceso también implica “un homenaje a nuestros viejos”.
Consultada por la situación que enfrentó en 1975 frente a un Juzgado de Instrucción Militar cuando Adriana decidió denunciar los malostratos y a sus interrogadores, la militante nos dice que “hace 47 años jugó mi juventud, etapa en donde se miden menos los riesgos y consecuencias de determinada conducta y por otra parte hay un componente de mi propia personalidad y mi forma de reaccionar ante las cosas” nos dice Zinola y agrega: “yo quería denunciar eso y lo hice” relató a La R. Durante el juicio dos de los testigos fueron amenazados de muerte y luego se supo que la autora de estas amenazas había sido la viuda de Guillen.
El comienzo de un largo camino
En 2017, con el objetivo de declarar al centro clandestino “Los vagones” como sitio de la memoria, la asociación civil Agora-Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria comenzó a recopilar información y testimonios de personas que fueron detenidas y víctimas de tortura en el lugar. Al recibir esta información, la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Valeria Rubino, presentó una denuncia ante la Fiscalía . Otra característica excepcional de este caso es que la denuncia ante fiscalía la plantea el propio Estado a través de la Intendencia de Canelones.
