El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno confirmó de manera definitiva la sentencia de primera instancia que condena al Ministerio de Salud Pública (MSP) a suministrar un medicamento oncológico de alto costo al destacado científico y virólogo Gonzalo Moratorio. La resolución judicial desestimó el recurso de apelación interpuesto por los servicios jurídicos de la cartera. Donde se puso fin al proceso de amparo iniciado por la defensa del investigador luego de que tanto el ministerio como el Fondo Nacional de Recursos (FNR) rechazaran inicialmente la cobertura económica de los fármacos indicados para tratar el agresivo tumor cerebral que le fue diagnosticado en junio de 2025. El tratamiento clínico en cuestión representa una erogación estimada de 30.000 dólares mensuales.
El patrocinante legal de Moratorio, Rodrigo Rolón, destacó que el tribunal de alzada convalidó la totalidad de los argumentos de la demanda respecto a la urgencia médica. La carencia de recursos particulares para costear el insumo y la viabilidad del reclamo. El fallo judicial determina explícitamente que las autoridades sanitarias realizaron una interpretación errónea del artículo 44 de la Constitución de la República. El cual consagra la obligación del Estado en la legislación de la salud e higiene públicas. Y concluye que la administración actuó con ilegitimidad manifiesta al retacear la asistencia farmacológica requerida. Asimismo, el abogado cuestionó la estrategia procesal del MSP, señalando que la secretaría de Estado posee mecanismos jurídicos idóneos para evitar la apelación en situaciones humanitarias críticas.
Por su parte, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, había justificado previamente la apelación argumentando la necesidad de seguir los procedimientos institucionales estandarizados sin establecer excepciones de índole personal, dada la trayectoria pública del científico durante la emergencia sanitaria del Covid-19. La jerarca advirtió sobre la creciente presión presupuestal que ejercen los precios corporativos de la industria farmacéutica sobre el erario público, informando que el Estado uruguayo debió desviar 143 millones de dólares durante el último ejercicio para dar cumplimiento a los más de 2.200 juicios de amparo promovidos por pacientes del sistema nacional integrado de salud.
