Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMU), reconoció que la institución está analizando y evaluando la posibilidad de presentar el proyecto de ley de Cabildo Abierto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La iniciativa del partido promueve que los jueces y fiscales que tengan un mal desempeño sean sancionados en el ámbito penal.
En entrevista concedida a Radio Montecarlo 930 AM, Rosa explicó que “Nosotros entendemos que hay que analizar si la situación e iniciativa no pueden ser vista y oída por algún organismo internacional que tenga como finalidad la custodia de estas situaciones fundamentales para la Democracia, como son la independencia de los ministerios públicos, la independencia de la adjudicatura, para ver si puede haber un dictamen con respecto de la situación que está ocurriendo en el país. A partir de ahí, procurar mejorar la situación y todo el ruido que hay alrededor del sistema de justicia”.
Rosa explicó este viernes 15 que hace poco tiempo, profesionales argentinos tuvieron situaciones similares a las acontecidas aquí en Uruguay, y que por tal motivo asistieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DD.HH). Agregó que en el país vecino, “el sistema político la emprendía contra la Fiscalía”, y que por esa razón presentaron el caso ante el organismo antes mencionado, quien escuchó y atendió la solicitud. “Nosotros vamos a estudiar si ese camino es viable para transitar por parte de los fiscales de Uruguay también”, manifestó, y agregó que es un tema que ”lleva su tiempo”, por lo que no expresó cuando y como se haría la presentación formal ante la Comisión Interamericana.
El titular de la entidad señaló además que “al no haber una normativa que regule el tema, nos parece más una situación enquistada en esta permanente afrenta a lo que es la tarea de los fiscales, a partir de la creación de un ruido alrededor del trabajo de los colegas. De alguna forma es estar permanentemente en el ojo de la tormenta por cuestiones que no refieren a cabalidad a lo que hacen los fiscales”.
Manifestó también que si se toma como ejemplo un caso, y si en ese caso se considera que el fiscal cometió un error, “eso no refleja los miles y miles de casos que desarrollan los fiscales día a día. Tomar y legislar, o puntualizar y tener una globalidad de la tarea de determinados funcionarios, por determinados casos puntuales, no parece un análisis serio de la situación de lo que sucede en el sistema de Justicia. Se necesita un análisis serio, con datos y contundente, con una visión en terreno de lo que pasa y como sucede. Y ahí lo que se va a ver es que lo que la Fiscalía necesita es un fortalecimiento a través de la provisión de recursos”.
Por este mismo tema, cabe recordar que el pasado jueves 7 del corriente mes, la Asociación de Magistrados presentó un comunicado para responder al mismo. “Ante la presentación en el Parlamento del proyecto de ley de Cabildo Abierto denominado “Delito de prevaricato cometido por funcionarios”, la Asociación de Magistrados del Uruguay manifiesta su preocupación por entender que la iniciativa amenaza con criminalizar el trabajo cotidiano de jueces y fiscales. A su vez, se considera necesario informar a la opinión pública sobre algunas normas que regulan el ejercicio de la función judicial”.
“La Asociación de Magistrados del Uruguay seguirá de cerca el trámite parlamentario del proyecto de ley mencionado, en tanto podría significar un nuevo intento de incidir en decisiones judiciales y una afectación de la fundamental separación de poderes. En ese sentido, la Asociación de Magistrados del Uruguay nuevamente rechaza cualquier propuesta que implique limitar la independencia e imparcialidad de los jueces y juezas, que constituyen una garantía para el ejercicio de la función y para el Estado de Derecho”, concluyó la nota emitida por la AMU.
FENAPES y la Justicia
Los padres somos los responsables de darles a nuestros hijos las mejores oportunidades para que puedan triunfar en la vida. Todos queremos que nuestros hijos sean personas de bien, honestas, educadas, ciudadanos con derechos y obligaciones. En todo ese proceso, la educación juega un papel fundamental. Es un claro mecanismo de ascensión social. Queremos que nuestros hijos estudien. Todos pensamos que el mejor legado para nuestros hijos es apoyarlos en sus estudios.
Esta tarea es compartida con quienes tienen a su cargo la enseñanza y el aprendizaje de nuestros hijos. Queremos que les toque la mejor maestra de la escuela, luego queremos que sus profesores liceales sean los mejores, los más capacitados, los que saben más, según decimos algunos más ignorantes.
Luego, cuando llegan a la facultad, su vida estudiantil se modifica. Ahora son ellos los que buscan lo mejor: las cátedras más famosas, los cursos que más les aportan, etc. Y nosotros, los padres, hacemos lo posible y lo imposible para que puedan estar en la universidad y obtengan ese tan preciado título que los hará profesionales, que podrán enfrentar la vida, formar su familia y ser felices. Cuando logramos cumplir con ese objetivo, nosotros también somos felices.
Pero siempre hay cosas que nos preocupan, y algunas de ellas tienen un valor absoluto muy importante. Hace dos años, el parlamento nacional, a través de una comisión investigadora, descubrió que algunos docentes de nuestro nivel medio, profesores de educación secundaria, habrían realizado algunos actos que los señalaban como posibles delincuentes. Algunos profesores habrían engañado al Estado, cobrando sueldos sin trabajar, estafando al Estado, habrían falsificado documentación y algunas otras cosas que esa comisión investigadora denunció.
Esto es muy grave. ¿En manos de quién estábamos poniendo la educación de nuestros hijos?
Cualquier padre pondría el grito en el cielo si descubre que quien está educando a su hijo es un delincuente. Todo esto fue denunciado en la Fiscalía hace ya dos años. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos noticias de que haya pasado algo en la Fiscalía. Esto es muy preocupante.
La Fiscalía podría tranquilizar a los padres indicando que está todo bien, que fue un malentendido, que no hay pruebas y que los profesores son inocentes, que fueron víctimas de un error de apreciación. Entonces todos los padres quedaríamos tranquilos porque nuestros hijos reciben la educación de personas honestas, educadores comprometidos con su labor. Y si no fuera así, la Fiscalía debería tranquilizar a los padres también, indicando que efectivamente esos individuos cometieron delitos y deberán marchar presos, abandonando para siempre esa noble tarea de educar. De esta forma, los padres reconoceremos que cuando alguien se equivoca y comete actos delictivos, no importa quién sea, la justicia actúa y pone las cosas en su lugar.
Lamentablemente, no es eso lo que está ocurriendo. La Fiscalía no dice nada, no hace nada. Los individuos denunciados siguen trabajando sin que nadie pueda saber si son víctimas o culpables y los padres seguimos en la incógnita de saber si quienes están educando a nuestros hijos son personas honestas o son delincuentes.
Podrán darse cuenta todos los actores de la Fiscalía que eso es un calvario para todos los padres que tienen a sus hijos en la educación secundaria. No sabemos quién está con nuestros hijos en los liceos. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) es la que está en el ojo de la tormenta. Nos negamos a creer que en este caso haya un problema de corporativismo. La Asociación de Fiscales es del PIT-CNT y FENAPES es uno de los sindicatos más importantes del PIT-CNT, pero cuando se trata de que cada uno cumpla con la función que tiene asignada, el fiscal designado para este caso debe actuar, independientemente de quién sea que se deba investigar.
Así entiende el pueblo uruguayo que debe actuar el sistema de justicia. La Fiscal de Corte debe tomar cartas en este asunto y, si debe cambiar al fiscal asignado, que lo haga. Los padres de alumnos de la educación secundaria necesitamos saber qué pasa con esta denuncia que fue hecha por el parlamento uruguayo. No fue cualquier hijo de vecino quien denunció, y aún en ese caso, igual la Fiscalía ya debería haber dicho algo.
Si no hay novedades, debemos darle la razón al Sr. Presidente de la República cuando dice que hay casos que van a 180 km/h pero otros no se mueven. ¿Por qué será? ¿Cuál es el motivo?
Prof. Julio Wasen