Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMU), reconoció que la institución está analizando y evaluando la posibilidad de presentar el proyecto de ley de Cabildo Abierto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La iniciativa del partido promueve que los jueces y fiscales que tengan un mal desempeño sean sancionados en el ámbito penal.
En entrevista concedida a Radio Montecarlo 930 AM, Rosa explicó que “Nosotros entendemos que hay que analizar si la situación e iniciativa no pueden ser vista y oída por algún organismo internacional que tenga como finalidad la custodia de estas situaciones fundamentales para la Democracia, como son la independencia de los ministerios públicos, la independencia de la adjudicatura, para ver si puede haber un dictamen con respecto de la situación que está ocurriendo en el país. A partir de ahí, procurar mejorar la situación y todo el ruido que hay alrededor del sistema de justicia”.
Rosa explicó este viernes 15 que hace poco tiempo, profesionales argentinos tuvieron situaciones similares a las acontecidas aquí en Uruguay, y que por tal motivo asistieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DD.HH). Agregó que en el país vecino, “el sistema político la emprendía contra la Fiscalía”, y que por esa razón presentaron el caso ante el organismo antes mencionado, quien escuchó y atendió la solicitud. “Nosotros vamos a estudiar si ese camino es viable para transitar por parte de los fiscales de Uruguay también”, manifestó, y agregó que es un tema que ”lleva su tiempo”, por lo que no expresó cuando y como se haría la presentación formal ante la Comisión Interamericana.
El titular de la entidad señaló además que “al no haber una normativa que regule el tema, nos parece más una situación enquistada en esta permanente afrenta a lo que es la tarea de los fiscales, a partir de la creación de un ruido alrededor del trabajo de los colegas. De alguna forma es estar permanentemente en el ojo de la tormenta por cuestiones que no refieren a cabalidad a lo que hacen los fiscales”.
Manifestó también que si se toma como ejemplo un caso, y si en ese caso se considera que el fiscal cometió un error, “eso no refleja los miles y miles de casos que desarrollan los fiscales día a día. Tomar y legislar, o puntualizar y tener una globalidad de la tarea de determinados funcionarios, por determinados casos puntuales, no parece un análisis serio de la situación de lo que sucede en el sistema de Justicia. Se necesita un análisis serio, con datos y contundente, con una visión en terreno de lo que pasa y como sucede. Y ahí lo que se va a ver es que lo que la Fiscalía necesita es un fortalecimiento a través de la provisión de recursos”.
Por este mismo tema, cabe recordar que el pasado jueves 7 del corriente mes, la Asociación de Magistrados presentó un comunicado para responder al mismo. “Ante la presentación en el Parlamento del proyecto de ley de Cabildo Abierto denominado “Delito de prevaricato cometido por funcionarios”, la Asociación de Magistrados del Uruguay manifiesta su preocupación por entender que la iniciativa amenaza con criminalizar el trabajo cotidiano de jueces y fiscales. A su vez, se considera necesario informar a la opinión pública sobre algunas normas que regulan el ejercicio de la función judicial”.
“La Asociación de Magistrados del Uruguay seguirá de cerca el trámite parlamentario del proyecto de ley mencionado, en tanto podría significar un nuevo intento de incidir en decisiones judiciales y una afectación de la fundamental separación de poderes. En ese sentido, la Asociación de Magistrados del Uruguay nuevamente rechaza cualquier propuesta que implique limitar la independencia e imparcialidad de los jueces y juezas, que constituyen una garantía para el ejercicio de la función y para el Estado de Derecho”, concluyó la nota emitida por la AMU.
