La garantía de fiel cumplimiento presentada por el astillero español Francisco Cardama S.A. se convirtió en el elemento determinante que llevó al Poder Ejecutivo a resolver la rescisión del contrato para la construcción de los dos patrulleros oceánicos (OPV) destinados a la Armada Nacional.
Así surge de la comparecencia ante la Comisión Especial Investigadora, de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, durante alrededor de seis horas. La secretaria de Estado sostuvo que el Estado uruguayo otorgó al proveedor un plazo adicional para regularizar la situación, pese a que ya estaba habilitado jurídicamente para ejecutar la garantía ante el incumplimiento de su renovación. Sin embargo, afirmó que la empresa nunca cumplió con esa obligación en tiempo y forma.
La situación adquirió una dimensión aún mayor cuando comenzaron las verificaciones para ejecutar el aval. Según explicó la ministra, las diligencias realizadas por la representación diplomática uruguaya en el Reino Unido y un estudio jurídico contratado permitieron concluir que la entidad que figuraba como emisora de la garantía carecía de existencia real, utilizaba un domicilio falso y se encontraba formalmente en proceso de disolución, sin actividad financiera sustancial.
Lazo señaló que esos antecedentes fueron analizados por los servicios jurídicos del Ministerio de Defensa, que concluyeron que el incumplimiento no solo alcanzaba la obligación de mantener vigente la garantía contractual, sino que también podía configurar un apartamiento de los deberes de buena fe y probidad exigibles al contratista. Ese dictamen llevó al Poder Ejecutivo a iniciar el procedimiento de rescisión unilateral previsto en la normativa vigente y a promover las acciones necesarias para resguardar los intereses del Estado.
Para la ministra, la controversia sobre la garantía constituyó el núcleo del caso Cardama y explica por qué el gobierno entendió que la continuidad del contrato había dejado de ser jurídicamente viable. A partir de esos antecedentes, sostuvo que el Ministerio de Defensa entendió que existía un incumplimiento de extrema gravedad que habilitaba la rescisión unilateral del contrato en defensa del interés público. Durante una extensa exposición, seguida de un intenso intercambio con legisladores de la oposición, Lazo defendió la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato, rechazó las acusaciones sobre una supuesta actuación arbitraria del gobierno y sostuvo que la prioridad fue preservar los intereses del Estado uruguayo frente a un incumplimiento que calificó como «muy grave».
La ministra llegó a la comisión con una estrategia clara: reconstruir cronológicamente los hechos ocurridos desde el cambio de gobierno y explicar por qué la actual administración entendió que no existía otro camino que iniciar la rescisión contractual y promover las acciones judiciales correspondientes.
«Nunca autoricé esos pagos»
Lazo procuró separar con firmeza las decisiones adoptadas durante la administración anterior de las asumidas por el actual gobierno.
Insistió en que la aprobación del denominado Hito B y los pagos realizados fueron resueltos antes del 1.º de marzo de 2025 por las autoridades de entonces, a partir de informes elaborados por el Comando General de la Armada.
En ese contexto dejó una de las frases más significativas de toda la comparecencia, al remarcar que esas decisiones «nunca» fueron autorizadas por ella porque aún no ocupaba el cargo y ni siquiera tenía conocimiento del expediente en ese momento.
Durante su comparecencia, Lazo defendió enfáticamente la actuación del Poder Ejecutivo.
Argumentó que las decisiones adoptadas buscaron exclusivamente evitar un perjuicio económico para el Estado y preservar recursos públicos frente a un contrato cuya ejecución presentaba crecientes incertidumbres.
En ese sentido afirmó que, pese a que el Estado estaba habilitado jurídicamente para ejecutar antes la garantía, se aguardó hasta prácticamente el vencimiento de todos los plazos con la expectativa de que el proveedor regularizara la situación. Según expresó, esa regularización nunca ocurrió.
Las explicaciones de Lazo generaron varios momentos de tensión con los legisladores opositores. Buena parte de las preguntas estuvieron orientadas a determinar si el gobierno había agotado todas las alternativas antes de disponer la rescisión y si existieron errores administrativos posteriores al cambio de mando.
La ministra rechazó esa interpretación y defendió cada una de las actuaciones realizadas desde marzo de 2025. También respondió a los cuestionamientos referidos a la oportunidad de las decisiones adoptadas y a la evaluación jurídica efectuada por el Ministerio de Defensa.
Su posición fue que las actuaciones administrativas se apoyaron permanentemente en informes técnicos y jurídicos.
Lazo reveló que el 22 de octubre de 2025, cuando el presidente Yamandú Orsi y las autoridades ultimaban los detalles de la conferencia en la Torre Ejecutiva para anunciar las decisiones sobre el caso Cardama, el astillero remitió por correo electrónico una nueva supuesta renovación de la garantía.
La ministra contó incluso un detalle personal: que se encontraba en la Torre Ejecutiva con casi 40 grados de fiebre, cuando ingresó ese correo minutos antes de salir a la conferencia.
Pero lo relevante es la conclusión política: el gobierno entendió que ese nuevo documento, lejos de despejar las dudas, incrementó las sospechas, porque aparentemente provenía de la misma entidad cuya existencia ya estaba cuestionada y presentaba indicios de falsedad. Lejos de modificar la posición del gobierno, esa presentación terminó reforzando las dudas existentes.
La financiación de los motores
Otro de los aspectos abordados durante la comparecencia fue la adquisición de los motores destinados a los patrulleros.
Frente a versiones que atribuían el fracaso de esa operación al anuncio realizado por el gobierno en octubre de 2025, Lazo sostuvo que los problemas financieros del astillero ya habían sido advertidos con anterioridad por el propio proveedor de los motores.
Según explicó, la imposibilidad de concretar esa etapa del proyecto obedecía a dificultades financieras previas y no al anuncio efectuado posteriormente por el Poder Ejecutivo. La comparecencia de la ministra se produjo cuando la Comisión Investigadora ingresa en la recta final de su trabajo parlamentario.
Varios cuzquitos rabiosos salieron a decir que no tenían indicios de que la garantía fuera falsa y que la ministra les estaba tomando el pelo. A nosotros nos alcanzó un mes después que asumimos para darnos cuenta que esa garantía era falsa. Entonces acá parece que en realidad el que les estaba tomando el pelo era Cardama a Fosforito y Compañía.