La hipocresía ensangrentada del prohibicionismo

La reciente operación en las favelas de Río de Janeiro —con 2.500 policías desplegados y más de 130 personas asesinadas— trasciende el mero exceso puntual o el error táctico. Representa la expresión más nítida y brutal del fracaso estructural del prohibicionismo. No son «daños colaterales» en una guerra justa, sino el resultado lógico de un sistema que ha convertido la violencia en su principal moneda de cambio político.

El gobernador de Río no lo oculta y exhibe la masacre como credencial de campaña, envalentonado por encuestas que recompensan la sangre. Esta obscenidad revela una verdad cruda que pone de manifiesto que el crimen organizado no es un efecto secundario indeseado de la prohibición, sino su consecuencia lógica y necesaria. Y para algunos, su activo electoral más valioso.

La guerra que perpetúa al enemigo

La denominada «guerra contra las drogas» no pretende erradicar el problema; más bien, lo gestiona, reproduce y capitaliza. Constituye un sistema perverso, diseñado para garantizar la supervivencia del mismo crimen que nominalmente combate. La prohibición no es una política fallida, sino que es un circuito perfecto de negocio.

Es aquí donde debemos reconocer una verdad incómoda, pues experiencias como la de Uruguay, que dio pasos audaces al regular el cannabis, demuestran valor político pero revelan tanto los límites del enfoque parcial como la asimetría del desafío. Uruguay, como cualquier país individual, carece de capacidad para enfrentar solo este fenómeno transnacional. Mientras la pasta base y la cocaína sigan siendo las mercancías estrella de la economía ilegal —las que explican el narcomenudeo callejero y el accionar a escala global de las organizaciones criminales—, el núcleo del poder mafioso permanecerá intacto.

La necesidad de una nueva arquitectura internacional

Ante esta realidad, resulta imperioso reconocer que, aunque parezca una tarea ciclópea, es necesario instalar en los foros regionales e internacionales una agenda valiente que se atreva a revisar aquellas «verdades» actualmente avaladas por las normativas internacionales vigentes. Estas convenciones, lejos de ser neutrales, han demostrado ser funcionales a un modelo de intervención hemisférica del cual América Latina ha sido testigo y víctima por décadas y que en la actualidad cobra dimensiones extremadamente alarmantes.

La región debe dejar de ser rehén de un consenso global impuesto que perpetúa nuestra violencia. Es hora de construir nuevos marcos de cooperación que prioricen la evidencia sobre la ideología, la reducción de daños sobre la persecución estéril, y la salud pública sobre los intereses geopolíticos disfrazados de «lucha antidrogas».

La moral teñida de rojo

Los Estados se autoproclaman guardianes de la salud pública, prohibiendo sustancias invocando el «bien común». Pero esta moral resulta ser un teatro. ¿Qué concepto de «bien común» justifica 130 muertes en una sola operación? ¿Qué virtud hay en preferir un joven asesinado a uno que consume drogas? La moral prohibicionista no protege la vida, sino que la inmola en el altar del control. Prefiere un cuerpo acribillado a una conciencia alterada. Lo que se presenta como virtud es, en esencia, tanatofilia institucionalizada. Y ahora, además, se ha transmutado en estrategia electoral.

Los ingenieros del caos

Tras el discurso de «mano dura» se oculta una red de intereses que depende de la perpetuación del status quo.

Los aparatos de seguridad han convertido esta guerra en su razón de ser. Sin enemigo, se esfuman presupuestos, poder e impunidad. ¿Qué jerarca de la seguridad admitiría que su adversario es, en gran medida, un monstruo creado por su propia institución?

Para ciertos políticos, el narcotráfico constituye el antagonista ideal. No exige reformas estructurales ni soluciones complejas. Basta exhibir un tendal de muertos para cosechar apoyos. Cada cuerpo representa un punto en las encuestas; cada operativo, una puesta en escena mediática; cada masacre, una inversión electoral.

El dinero del narcotráfico —concentrado en el negocio de la cocaína y la pasta base— lubrica los engranajes del Estado. La prohibición genera plusvalías criminales que financian campañas, compran silencios y cementan lealtades. El Estado no combate al crimen, sino que, en un acuerdo tácito, transa con él. Mientras tanto, dispara contra los eslabones más débiles amparándose en una legalidad de aplicación selectiva y cómplice.

El pacto mortífero

La persistencia del prohibicionismo no obedece a ingenuidad ni torpeza. Responde a una decisión calculada. Una apuesta consciente por mantener un mercado ilegal que enriquece a minorías y condena a mayorías.

Encarna la hipocresía suprema que explica cómo un sistema que se proclama redentor, en realidad opera como verdugo. Declara una guerra que no puede ganar, porque su triunfo supondría su propia obsolescencia.

La ciudadanía permanece atrapada en esta simbiosis macabra entre Estado y crimen. Habita entre los escombros de un conflicto que no es guerra, sino negocio. Y en este negocio, donde la pasta base y la cocaína siguen siendo los productos que sustentan el poder transnacional del narcotráfico, la masacre no constituye un fallo del sistema, sino que adquiere el carácter de una de sus características estructurales.

Calificar esto de «hipocresía» resulta insuficiente. Es una maquinaria de muerte y cinismo, un contrato social perverso donde la vida humana es el precio a pagar por mantener una mentira conveniente. Una mentira que hoy, en Río de Janeiro, escala hacia el poder sobre pilas de cadáveres, mientras el verdadero negocio —el de las drogas que realmente alimentan el crimen organizado— continúa intacto tras la cortina de humo de las políticas parciales y la complicidad internacional que debemos atrevernos a desafiar.