La resolución fue emitida por el juez Ruben Etcheverry Maneiro, en respuesta a una solicitud de habeas corpus interpuesta por los trabajadores del Instituto Nacional de Reclusión (INR).
El fallo establece que, en un plazo de 45 días, el Ministerio del Interior deberá entregar un informe técnico que determine la cantidad de funcionarios que necesita el centro penitenciario para operar de manera eficiente, y posteriormente ajustarse a ese número.
Asimismo, se le ordenó tomar medidas para reducir el hacinamiento en los módulos 3, 4, 8, 10 y 11 a “niveles tolerables”, aunque el juez no especificó una cifra exacta. Los trabajadores habían propuesto que el hacinamiento se redujera al 120% de la capacidad en un plazo de 250 días.
Además, el magistrado determinó que en un lapso de 90 días los arquitectos del INR deberán realizar un informe técnico sobre el estado de las instalaciones de cada módulo, con el fin de identificar los problemas edilicios más urgentes.
La cárcel de Santiago Vázquez es la más grande del país, con más de 5.100 reclusos, y enfrenta graves problemas de superpoblación y condiciones de infraestructura deficientes, lo que motivó la acción judicial de los trabajadores penitenciarios.
