Durante años recorrimos La Gran Colombia y uno de los mayores riesgos al conducir por San José Del Guaviare, en el sur de Colombia, era quedar varado en el barro de sus carreteras sin pavimentar. Era el antiguo bastión de la insurgencia, la región comenzó a cambiar en 2016 tras el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC.
La presencia policial sustituyó a la guerrilla y muchos habitantes creyeron, con cautela, que la paz había llegado. Menos de una década después, esa ilusión se ha desvanecido. Hoy, los caminos vuelven a estar marcados por la violencia: artefactos explosivos, controles ilegales y amenazas constantes. “O se cumple, o se va, o se muere”, resume un líder comunitario sobre las reglas impuestas por los nuevos grupos armados.
Este deterioro refleja un problema más amplio. Aunque el acuerdo de 2016 redujo significativamente los homicidios y puso fin a medio siglo de conflicto, no logró consolidar una presencia estatal efectiva en los territorios abandonados por las FARC. Ese vacío fue rápidamente ocupado por nuevas organizaciones criminales que disputan rutas de narcotráfico, control territorial y economías ilegales, generando una ola de delitos como extorsión, secuestro y reclutamiento de menores.
El resurgimiento de la violencia no implica el fracaso total del acuerdo, sino la dificultad de sostener la paz. Problemas estructurales —como la desigualdad rural, la falta de oportunidades y la debilidad institucional— han limitado su implementación. Además, las disputas políticas sobre justicia transicional y derechos de las víctimas retrasaron avances clave.
En este contexto, el gobierno de Gustavo Petro impulsó la política de “paz total”, basada en negociar simultáneamente con los grupos armados. Sin embargo, esta estrategia enfrenta obstáculos. A diferencia de las FARC, las organizaciones actuales no buscan el poder político nacional, sino controlar economías ilícitas.
Su lógica es distinta: evitan confrontar al Estado directamente y optan por infiltrar y someter a las comunidades, donde ejercen un control cotidiano y silencioso.
En regiones como el Guaviare, estos grupos imponen normas, castigos y hasta servicios, ocupando funciones que el Estado no logra cubrir. Su arraigo social hace que una respuesta exclusivamente militar resulte insuficiente.
Las negociaciones del gobierno han permitido aprendizajes, pero también han tenido costos: el número de combatientes ha crecido y la violencia persiste. A esto se suma la incertidumbre internacional.
La experiencia muestra que no hay soluciones rápidas ni exclusivamente militares. Sostener la paz requiere combinar diálogo, inversión social y una estrategia de seguridad eficaz. Si logra articular estos elementos, el gobierno aún puede revitalizar el acuerdo de 2016.
De lo contrario, para regiones como el Guaviare, la paz seguirá siendo apenas un recuerdo fugaz.
