El porcentaje de personas que considera seriamente la posibilidad de emigrar funciona como un termómetro sensible del clima social y de las expectativas de futuro. No se trata únicamente de una decisión individual vinculada al deseo de residir en otro país, sino de un indicador que condensa percepciones sobre oportunidades laborales, estabilidad económica, calidad de vida, acceso a servicios públicos y confianza en el rumbo general de la sociedad. En ese marco, los últimos datos disponibles revelan que, pese a los signos de expansión económica, entre el 16% y el 23% de la población adulta aún piensa en dejar el país.
De acuerdo con información relevada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), basada en encuestas de opinión de la Corporación Latinobarómetro, la intención de migrar sigue siendo significativa y presenta diferencias marcadas según el nivel educativo. Este dato resulta clave para comprender qué sectores sociales perciben mayores límites estructurales para su desarrollo personal y profesional dentro del país.
El análisis desagregado permite identificar tres trayectorias diferenciadas. Entre las personas con primaria completa o incompleta, la intención de emigrar se vincula principalmente a la precariedad laboral, los bajos ingresos y la falta de acceso sostenido a servicios básicos de calidad. En este grupo, la migración aparece como una estrategia de supervivencia o mejora inmediata de las condiciones de vida.
En el segmento con educación secundaria completa o incompleta, la intención migratoria se asocia a expectativas frustradas de movilidad social. Se trata de personas que, aun contando con mayor formación, enfrentan dificultades para insertarse en empleos estables, bien remunerados o acordes a sus capacidades. Para este sector, emigrar representa la posibilidad de transformar el esfuerzo educativo en progreso económico.
Por su parte, entre quienes poseen educación superior completa o incompleta, la decisión de pensar en irse del país responde menos a la urgencia económica y más a la percepción de falta de oportunidades profesionales, escaso desarrollo tecnológico, limitaciones en la investigación, la innovación o el ascenso laboral. En estos casos, la emigración implica una potencial pérdida de capital humano calificado, con impactos de largo plazo para el desarrollo nacional.
Desde el punto de vista metodológico, la Corporación Latinobarómetro define este indicador como el porcentaje de personas de 18 años y más que afirma haber pensado seriamente en ir a vivir al extranjero, sobre el total de la población de ese grupo etario. No mide una conducta concreta, sino una disposición subjetiva que expresa una evaluación profunda de la realidad social y del horizonte de oportunidades.
La persistencia de niveles elevados de intención migratoria plantea interrogantes sobre la calidad del crecimiento económico. Si bien los indicadores macroeconómicos muestran avances, estos no siempre se traducen en mejoras tangibles para amplios sectores de la población. La brecha entre expansión económica y expectativas sociales revela que el crecimiento, por sí solo, no garantiza arraigo ni confianza en el futuro.
En este contexto, la intención de emigrar no debe leerse únicamente como un fenómeno migratorio, sino como una señal de alerta sobre los desafíos pendientes en materia de empleo de calidad, inclusión social y desarrollo sostenible. Reducir ese porcentaje implica no solo mejorar los números de la economía, sino construir un proyecto de país capaz de retener talento, expectativas y aspiraciones dentro de sus propias fronteras.
Expansión económica?!