Desde el Senado de la Nación anunciaron que volverán a insistir con el proyecto de Ley de Emergencia Nacional por Feminicidios, una iniciativa que busca dar una respuesta urgente y estructural a una problemática que se agrava día a día.
Legisladores de distintos bloques coincidieron en la necesidad de avanzar con una normativa que permita al Estado actuar de manera inmediata y coordinada frente a los hechos de violencia extrema contra las mujeres. “No podemos seguir reaccionando solo después de cada tragedia. Necesitamos una solución real y efectiva para defender la dignidad y la vida de la mujer paraguaya”, señalaron desde la Cámara Alta.
El proyecto propone declarar la emergencia por un plazo determinado, con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención, protección y asistencia a las víctimas, así como mejorar la articulación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las instituciones encargadas de las políticas sociales. Entre los puntos centrales se incluyen mayores recursos presupuestarios, la ampliación de refugios temporales y el fortalecimiento de programas de atención integral.
Según datos oficiales y reportes de organizaciones sociales, Paraguay registra denuncias diarias por violencia intrafamiliar, muchas de las cuales derivan en situaciones de alto riesgo para las víctimas. Los casos de feminicidio, en tanto, continúan generando alarma pública y poniendo en evidencia falencias estructurales en los sistemas de prevención y respuesta del Estado.
Desde el Senado remarcaron que la iniciativa no busca solo endurecer penas, sino actuar antes de que ocurra el crimen, mediante el seguimiento efectivo de denuncias, la protección inmediata de las mujeres en situación de riesgo y la capacitación obligatoria de funcionarios públicos que intervienen en estos casos. “Las leyes existen, pero no siempre se cumplen ni se aplican con la urgencia que corresponde”, advirtieron.
Asimismo, los legisladores subrayaron la importancia de incorporar una perspectiva integral, que contemple no solo la seguridad, sino también el acceso a la justicia, el acompañamiento psicológico, la asistencia económica y la reinserción social de las víctimas.
En ese marco, se destacó el rol clave de las gobernaciones y municipios para garantizar una presencia territorial efectiva.
La insistencia parlamentaria se da en un contexto de fuerte reclamo social, impulsado por organizaciones feministas, colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas, que exigen respuestas concretas frente a una violencia que atraviesa todos los sectores sociales.
“El feminicidio no es un hecho aislado, es la expresión más extrema de una violencia que se repite y se tolera”, afirmaron desde el Senado, al tiempo que llamaron al Ejecutivo a acompañar la iniciativa y convertir la emergencia en una política de Estado.
El debate legislativo se retomará en las próximas semanas, en medio de la expectativa de que el Congreso avance finalmente en una ley que permita salvar vidas y garantizar derechos, frente a una problemática que golpea con crudeza a la sociedad paraguaya.
