Lawfare: Operación contra el Partido Comunista

Como ustedes saben, soy abogado,  añado, además, que  soy ajeno a la causa que está siendo Investigada por  la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo del Dr. Gilberto Rodríguez, acerca de  “desvió de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros  de la Construcción” (FOSVOC),  vale decir, no patrociné a ninguna de  las personas que fueron condenadas según se informó a la prensa;  Agrego algo más, voy a expresar algunas consideraciones a partir de los elementos que se dieron a conocer a través de los medios de prensa,  por  el Fiscal del caso.

Antes que nada, y para evitar cualquier suspicacia digo también, que conozco al compañero Andrade, de muchos años de militancia y  lo que  puedo decir de él es que  es un hombre sencillo y comprometido, leal con sus ideas político partidarias y su clase y  al Partido Comunista; es un hombre que  siempre lo vi luchando  limpiamente por el sindicato y su gremio; que hoy se ganó por voto de la ciudadanía,  la banca en el Senado que ocupa.

Por la fidelidad que  me une a estos compañeros, fieles con su causa, la militancia  y las personas, mi corazón me dice que no me equivoco con las palabras que diré. Podrá decirse que por el afecto que me une a él y al Partido que representa, me comprenden las generales de la Ley y que por esta razón no seré objetivo.

No es así, estudié derecho, y me recibí de abogado para perseguir el bien supremo que es la Justicia que debe haber en todos los asuntos,  para pararme del lado  que considero justo y por esta razón, para mí como para cualquier ciudadano se es inocente  hasta que no se demuestre con pruebas lo contrario.

Me molesta escuchar  el nombre de  compañeros, en declaraciones públicas realizadas por un operador de la Justicia Penal, a partir de haber sido “mencionados” por personas que resultaron condenadas en la causa, a quienes no conozco. Todos sabemos el impacto que tiene a nivel de los medios de comunicación, todos sabemos que  la sola mención de nombres propios por un fiscal en una causa penal, aunque se sea inocente, porque después, hay que salir a explicar a la ciudanía de que se trata todo.

Digo además que  no soy afiliado al PCU. Los que me conocen lo saben, que  comulgo con sus ideas, y que tengo muchos amigos en dicho partido, todo personas que considero íntegras y me duele que sean salpicadas, de alguna forma, por hechos que descarto a priori que puedan alcanzarlos.  Señalo, además, que no  pertenezco al sindicato, por tanto, en este aspecto claramente no me comprenden las generales de la Ley.

Hechas estas precisiones, y con los mismos insumos  e   información que  tenemos todos los uruguayos que no tenemos acceso a la carpeta fiscal del caso y por tanto  ajenos al expediente Judicial,  de lo declarado por el Dr. Gilberto Rodríguez  ante la pregunta de los medios de prensa,  relevo lo siguiente: que hay una causa penal; que se investiga un hecho delicado de manejo de fondos, de cuantioso monto;  que  hubo una audiencia, que hubo personas interrogadas; que hay  personas que fueron afiliadas al Sindicato, que reconocieron en juicio abreviado su responsabilidad y fueron condenadas penalmente, tipificadas de diversos delitos; que la investigación sigue  su curso,  que no hay pruebas del conocimiento y o intervención de Andrade y de Diverio en los hechos;  que fueron mencionados por los condenados; que en este contexto el fiscal está analizando si citará a otras personas;  que mencionó a nivel de la opinión pública sus nombres;  añadiendo que evalúa si va a citarlos o no, a declarar en la causa; y que de hacerlo los citaría  en calidad  “imputados” para darles más garantías.

En lo personal, me reúso, a dar por buenas y certeras  las afirmaciones y o  testimonios que pudieron haber realizado personas que fueron desafiliadas de un sindicato,  y que reconocieron su responsabilidad en Sede Penal; es decir, que admitieron haber cometido  ilícitos en la causa de desvío de dinero del Fondo Social de los Trabajadores del Sunca.

Estas,  no son suficientes pruebas, por si mismas  para incriminar ni empañar la trayectoria de lucha de compañeros  que considero honestos, a quienes conozco,  respeto y aprecio.

Yo al menos, no vi ni escuché  decir al fiscal que tuviera en su poder otro tipo de prueba incriminatoria para invocar públicamente, ni al PCU, ni a los dirigentes cuyos nombres fueron ratificados a la prensa, en declaraciones públicas, estando en el curso de la investigación que se está sustanciando.   Por tanto, me apego al sagrado Principio de  Inocencia que nuestra Constitución consagra y que alcanza por igual  a todos los uruguayos, el cual rige  hasta que  se nos demuestre con pruebas y no con dichos lo contrario.

Decir que “parte del desvió de dinero del Fondo Social de Vivienda iba para financiar al PCU y al Sunca”, a partir de los elementos que según se expresó fueron relevados,  a mi entender, es una acusación gravísima, que insta a una condena social y  que carece de sustento jurídico.

Las declaraciones alcanzan y pegan de lleno en el corazón  de un partido político de larga trayectoria, porque  lo desacredita.

Se requiere sólida prueba,  respecto a cómo cuándo y quien o quienes  realizaron esta maniobra.  Digo esto por respeto a la integridad de las personas, porque estas palabras,  en boca de un fiscal penal, no son cualquier dicho, y apuntan  al  cerno de una agrupación político partidaria, y por tanto dañan gravemente  a personas y al partido político.

No son las “personas mencionadas” quienes deben probar la inocencia, no es así,  es exactamente a la inversa, es la fiscalía la que debe primero probar el tipo penal a imputar  antes de emitir nombres propios a la opinión pública.

Paradójicamente,  el Sr fiscal, al mencionar nombres propios,  invierte el principio de inocencia  respecto de ellos, y lo hace, según dice  a partir de “declaraciones”, -que de por sí no constituyen prueba fehaciente- como único elemento y por sí mismas.  mutándolo por  el principio de “culpabilidad”.   Porque al ser mencionados por un fiscal en lo penal, a la gente de buena fe  se le siembra una natural incertidumbre, una duda razonable, que determina que “se presuman culpables” aunque no lo sean.

Mencionar  sus nombres,  en una  investigación que versa en “una maniobra compleja”, que según expresó el fiscal además se seguiría investigando; es algo delicado. Si a esto le agregamos, que en sus declaraciones si bien manifestó que no sabe si resuelve o no citarlos,  pero que si lo resuelve los citará como “imputados” porque lo considera más garantista que como “testigos” es preocupante.! ¡ Si se tratara de mi persona, yo pensaría: ¡Señor fiscal, no me cuide tanto!  Máxime que tras esta afirmación añade que NO SABE, si tienen conocimiento ( de la maniobra) o si tuvieron “participación”.

Un imputado en una causa penal es alguien que está siendo investigado por su participación en un hecho penal, no es algo menor.

Podrá decirse que es garantista, pero sobre esta citación pesa en principio una presunta incriminación, lo que es grave , más allá que se diga que “es una citación administrativa en sede administrativa”, porque la imputación que recae es de corte penal y esto no lo puede soslayar tan futilmente.

Ante  toda esta  confusión total,  me perdí en el elemental  razonamiento lógico que pueda hacerse cualquier persona, aunque no sea un operador jurídico:  ¿Está acaso el fiscal considerando citar como imputados a  personas que según expresa no sabe si conocen los hechos?; Podrá ser una atribución o una herramienta jurídico penal con la que cuenta, pero con el honor de las personas hay que ser extremadamente cuidadoso. ¿Es  acaso posible estar imputado en una causa  penal respecto de un delito cuya comisión pueda eventualmente  ni siquiera conocerse como lo declaró el Fiscal?

Me detengo acá: pienso y deduzco que no es sencillo hacer declaraciones a la prensa, quiero pensar que no es sencillo para nadie contestar preguntas de periodistas a la salida del juzgado,  pero lo que sí no tengo dudas y me queda absolutamente claro lo que Dr. Gilberto Rodríguez dijo y es  que no tiene pruebas para presumir que Andrade y Diverio puedan estar al tanto o conocer la maniobra realizada.

Pensando y repasando hechos, todo comienza a cerrar en mi mente,  me permito hacer el elemental ejercicio de recordar  en voz alta, que no es la primera vez que al PCU, se lo ha querido involucrar con hechos confusos en Sede Penal,  viene a mi memoria la acusación a dirigentes del Partido, respecto de un supuesto mal uso de dinero del Sindicato, en el plan de Viviendas sindicales que también investigó  la justicia Penal.  Finalmente, los hechos se esclarecieron; pero ahora, nuevamente  vuelve aparecer otra acusación  sobre la Mesa. ¿Nuevamente  de buenas a primera,  se instalan nombres de afiliados al Partido Comunista en situaciones confusas? Ante la reiteración, no me cabe más que hacerme la siguiente pregunta: ¿Esto es Jurídico o Político?

Seguidamente me formulo a mi mismo la necesaria pregunta.¿ Es que acaso en Política todo vale? ¡Porque aclaro, que para mi no es así! No vale todo ni en política ni en la vida, ni tampoco vale todo en el ámbito de la justicia y menos aún de la justicia penal. Acto seguido pienso, si este asunto es político y no jurídico, lo cual no descarto, hemos caído muy bajo, porque el denominado “Lawfare” existe, lo sabemos, lo hemos vivido.

No tenemos más que mirar a nuestros alrededores, en países vecinos, para ver como a partir de temas políticos se construyen causas penales que destruyen a las personas. Es un tema delicado, sobre el cual, el eminente Profesor Raúl Zaffaroni ha destinado ríos de tinta.

¡El Lawfare existe!, daña y mucho! Es la guerra política, judicial y mediática, que tiene un método  muy antiguo persigue Nos habla en sus conferencias de esta realidad: “procesos incoados como procesos conspirativos, a veces abiertas, a veces encubiertos, generando espacios caóticos, en el que cada cual usa su poder como le da la gana, en la medida que siente que ese poder lo puede ejercer, no es más que la vieja selectividad tradicional de la criminalización de los molestos”…”  que no se agota generando situaciones “a jurídicas” y pueden suceder cosas graves.” Es penoso transitar teorías de delitos, en diversos países de Latinoamérica. Pruebas inexistentes, pruebas que no son pruebas y demás… se estigmatiza a cualquiera, se lo destruye”… 

En virtud de todo lo expuesto, me pregunto: ¿En qué fosa fue sepultado el Principio Constitucional de Presunción de Inocencia que reposa sobre todos los uruguayos?

Este es un derecho Constitucional que califico de sagrado en nuestro país,  el cual  nos protege, a todos en materia procesal penal,  por esta razón establece la carga  y la obligación de probar a quien acusa en materia penal. Se trata ni más ni menos de un derecho fundamental  consagrado en el Art. 12 de la Constitución de la República, el cual lo reconoce y garantiza.

Este principio de Presunción de Inocencia, por su importancia además,  trasciende al principio del debido proceso, dado que su aplicación  va más allá aún en términos garantistas,  porque otorga la protección de otros derechos fundamentales  también consagrados en el Art. 72 de nuestra Constitución,  como lo son el derecho que tenemos  las personas  a la dignidad humana, a la libertad, a la honra y al buen nombre, ya que estos derechos podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares, y por esta razón, la protección es mayor,  van más allá, porque específicamente  se protege en forma efectiva los derechos a la libertad  y al honor de las personas..

Soy de los que pienso y sostengo, que el derecho al honor de las personas está incluso por sobre el derecho a la vida, porque una vida sin honor de poco sirve.

En aras de esta poderosa normativa, en materia penal  se  debe ser mesurado. Bien sabemos que la sociedad tiene derecho a saber, los periodistas  tienen derecho hacer su trabajo y el Fiscal el suyo.  Por esta especial razón, la cautela debe ser máxima si las pruebas no son concluyentes.   Mencionar, asentir negar, o involucrar a personas sean éstas públicas o no, pero más aún si lo son, tengan o no trayectoria política, o de la que fuere, es algo demasiado delicado, máxime cuando de las declaraciones del propio fiscal no  hay pruebas para imputar a las personas y al Partido Político mencionado.

 Como respuesta a este manoseo mediático, vinculados a una indagatoria penal, el Comité Central PCU, publicó una contundente declaración de  repudio ante estos hechos y respaldo a los compañeros Andrade y Diverio, poniéndose a disposición de la Fiscalía para declarar como testigos respecto a los temas investigados. Es lo que corresponde. ¡Yo le creo a los compañeros!