MALVINAS Soberanía, diálogo y responsabilidad regional

MALVINAS
Soberanía, diálogo y responsabilidad regional

Un reclamo argentino y una tarea para Uruguay

JUAN CARLOS BLANCO SOMMARUGA
Diario La R · Ensayo periodístico
Septiembre de 2026

PRÓLOGO
Una causa y un método
Las islas Malvinas reúnen dos preguntas que no conviene separar: quién tiene derecho a ejercer soberanía y cómo se llega a una solución legítima, pacífica y duradera. Este libro defiende el reclamo argentino frente al Reino Unido y sostiene que Uruguay debe hacerlo visible de manera constante. Su punto de partida no es una consigna. Es el reconocimiento internacional de una disputa que persiste y la obligación política de enfrentarla mediante negociación.
La resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, observó expresamente la controversia entre Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía. Invitó a ambos gobiernos a negociar, teniendo en cuenta la Carta de la ONU, la resolución sobre descolonización de 1960 y los intereses de los habitantes. No adjudicó el territorio por sí misma. Tampoco convirtió la administración de hecho en un título definitivo. Abrió un camino diplomático que sigue inconcluso [1].
La tesis de estas páginas es deliberadamente doble. Argentina tiene razones históricas y jurídicas para exigir que se discuta la soberanía; el Reino Unido debe aceptar una negociación real. A la vez, la guerra de 1982 no ofrece un modelo ni una justificación para el presente. La fuerza dejó muertos, heridas y una disputa sin resolver. Defender una causa nacional exige un método que no reproduzca esa tragedia.
Uruguay ya acompaña el reclamo argentino en ámbitos regionales. Pedirle mayor presencia significa dar continuidad política a esa postura, explicar sus fundamentos y reclamar a Londres respuestas ante los llamados multilaterales. Es una responsabilidad de vecindad, de coherencia jurídica y de compromiso con la solución pacífica de las controversias.

CAPÍTULO 1
El mapa no dicta sentencia
Las islas están en el Atlántico Sur, cerca del territorio continental argentino y dentro de un espacio estratégico para la navegación, la pesca y las perspectivas de explotación de recursos. La proximidad geográfica tiene peso político e histórico; por sí sola, sin embargo, no resuelve una disputa de soberanía. Los Estados fundan sus posiciones en actos de administración, sucesión, ocupación, protestas diplomáticas y reglas del derecho internacional.
Reducir Malvinas a una cuestión de kilómetros favorece una discusión fácil y débil. También sería insuficiente presentar la posición británica como si se tratara de una presencia sin historia. El Reino Unido invoca asentamientos y actos propios anteriores al siglo XIX, una administración sostenida desde 1833 y, especialmente hoy, la voluntad de los isleños. Argentina invoca la sucesión de los espacios administrados por España, sus actos posteriores a la independencia, el establecimiento de autoridades y la interrupción de ese ejercicio en 1833 [2][3].
Una argumentación sólida tiene que reconocer que ambos gobiernos exponen relatos contrapuestos, sin conceder que esa contraposición clausura la cuestión. Precisamente porque existe una disputa, el derecho internacional ha llamado a negociar. La geografía explica la sensibilidad argentina y regional; la historia da profundidad al reclamo; la diplomacia ofrece el procedimiento para discutirlo.
La dimensión marítima agranda las consecuencias. No se trata únicamente de dos islas principales y un conjunto de territorios menores. Se discute también la relación con espacios marítimos circundantes y con decisiones que pueden producir efectos económicos y políticos durante décadas. Cada acto unilateral dificulta reconstruir la confianza necesaria para hablar de soberanía.

CAPÍTULO 2
Antes de 1833
La historia de las islas anterior a 1833 tiene varias capas. Francia, España y el Reino Unido tuvieron presencia o formularon pretensiones durante el siglo XVIII. Después de la independencia rioplatense, las autoridades de Buenos Aires afirmaron su relación con el archipiélago. En 1829, el gobierno de Buenos Aires creó una comandancia política y militar de las islas. Esos actos forman parte del fundamento histórico argentino [2].
La posición británica enfatiza una pretensión propia anterior y sostiene que el retiro de su establecimiento en 1774 no implicó renuncia a la soberanía. La argentina considera decisiva la continuidad de la administración española y la sucesión de derechos tras la emancipación. Cada una interpreta de modo distinto el alcance de los actos de ocupación, retirada y protesta [2][3].
El ensayo histórico no debe borrar la complejidad para fabricar una certeza que la controversia internacional no ha producido. Su función es mostrar por qué el episodio de enero de 1833 ocupa un lugar central en la memoria argentina: una autoridad británica desplazó entonces a las autoridades argentinas presentes, y desde ese momento el Reino Unido mantuvo el control. Para Argentina, allí comenzó una usurpación persistente; para Londres, se reafirmó un título preexistente.
La pregunta política actual nace de esa ruptura. Una administración prolongada puede consolidar instituciones y modos de vida; no extingue automáticamente una protesta sostenida ni suprime la necesidad de examinar los títulos contrapuestos. La historia explica la raíz del desacuerdo. No sustituye la negociación que los organismos internacionales han reclamado repetidamente.

CAPÍTULO 3
La ruptura de 1833
El 3 de enero de 1833 es una fecha fundacional para el reclamo argentino. La autoridad británica tomó el control de las islas y apartó a la autoridad argentina allí instalada. Desde entonces, el Reino Unido ejerce la administración. Argentina sostiene que ese hecho interrumpió el ejercicio de su soberanía y protestó en distintos momentos contra esa situación [2].
Los británicos sostienen, en cambio, que recuperaron el ejercicio de un derecho anterior. La diferencia no se agota en una disputa sobre vocabulario. «Recuperación» y «ocupación» describen dos interpretaciones opuestas del mismo acontecimiento. Un libro que propone una posición debe transparentar esa diferencia, porque el lector merece saber dónde terminan los hechos cronológicos compartidos y dónde comienzan las tesis jurídicas en disputa.
Hay otro punto de fondo. El transcurso de casi dos siglos no ha hecho que Argentina abandone su reclamación. Tampoco ha llevado al Reino Unido a aceptar la discusión sobre el título soberano. La continuidad de ambas posiciones explica por qué el caso continúa en la agenda de Naciones Unidas. Si la controversia se hubiera extinguido, no tendría sentido que la Asamblea General y otros foros pidieran una solución negociada.
Condenar políticamente la posición de Londres consiste, ante todo, en rechazar que la sola permanencia en el tiempo vuelva innecesario el diálogo. La administración británica es un hecho. La legitimidad final del título permanece discutida. Confundir una cosa con la otra equivale a resolver por inercia lo que la diplomacia internacional considera pendiente.

CAPÍTULO 4
La persistencia del reclamo
El reclamo argentino ha atravesado gobiernos, constituciones políticas y coyunturas muy diferentes. Esa continuidad importa porque muestra que no es una reacción pasajera ni depende de una sola administración. Pero la persistencia, por sí misma, tampoco garantiza eficacia. Una reclamación duradera necesita argumentos actualizados, aliados, canales de negociación y una conducta congruente con la paz.
En asuntos territoriales, el lenguaje puede acercar o bloquear. La repetición ceremonial de una consigna sirve para preservar memoria, pero no obliga al otro Estado a sentarse a conversar. La diplomacia debe identificar temas, mecanismos, plazos y condiciones que hagan posible una agenda. Su tarea es transformar una posición de principio en un proceso verificable.
Eso incluye sostener la reivindicación sin confundir a los isleños con el Estado británico. Son personas con instituciones, vínculos y expectativas propias. La resolución 2065 habla de los intereses de sus habitantes. Respetar esos intereses no implica que Argentina renuncie a discutir soberanía. Implica reconocer que una salida duradera no puede elaborarse a espaldas de quienes viven allí [1].
Una causa de soberanía gana autoridad cuando no depende de la hostilidad cotidiana. Puede afirmar un derecho y, a la vez, proteger intercambios humanitarios, investigación científica, conservación ambiental y contacto familiar. Nada de eso decide el título sobre las islas. Sí demuestra que es posible sostener una controversia sin degradar la convivencia humana.

CAPÍTULO 5
1965: la ONU reconoce la disputa
La resolución 2065 (XX) de 1965 es una pieza central porque reconoce la existencia de una controversia de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Invita a ambos gobiernos a continuar sin demora negociaciones para encontrar una solución pacífica. Ese texto no debe exagerarse: no declara que la ONU haya transferido las islas a Argentina. Su importancia reside en haber establecido que la cuestión requería tratamiento bilateral en un marco de descolonización [1].
El lenguaje preciso importa. La resolución alude a los intereses de la población de las islas; el Reino Unido pone el acento en su voluntad y en la libre determinación. Argentina considera que el caso tiene características particulares y que la integridad territorial impide trasladar mecánicamente un criterio aplicado a otras colonias. Es el núcleo de un desacuerdo jurídico y político que sigue vigente [1][3].
El reconocimiento de una controversia no equivale a neutralidad moral absoluta. Quien defiende el reclamo argentino puede sostener que la negativa británica a negociar bloquea la vía propuesta por la Asamblea General. Debe hacerlo, sin embargo, sin atribuir a la ONU una sentencia que no dictó. La fuerza de un argumento depende de respetar el alcance de sus fuentes.
Sesenta y un años después, el documento conserva su valor: impide presentar la situación como una discusión cerrada. La pregunta ya no es si alguna vez se pidió conversar. Se pidió. La pregunta es qué esfuerzo político están dispuestos a hacer los gobiernos y la región para que el pedido tenga consecuencias.

CAPÍTULO 6
La regla de no alterar la situación
En 1976, la Asamblea General aprobó la resolución 31/49, que pidió a las dos partes abstenerse de adoptar decisiones que supusieran modificaciones unilaterales de la situación mientras el proceso recomendado por Naciones Unidas siguiera pendiente. El principio es sencillo: si se pretende negociar, ninguna parte debería usar el tiempo de espera para crear hechos consumados [4].
Las decisiones sobre recursos naturales muestran el conflicto de interpretación. Argentina y varios socios regionales consideran que determinadas actividades unilaterales en el área en controversia contrarían ese llamado. El Reino Unido responde que los isleños tienen derecho a desarrollar sus recursos y su economía. La discusión incluye pesca, hidrocarburos y competencias marítimas, además del título territorial [3][7].
Uruguay debe ser claro en este punto. En junio de 2026, el Mercosur, con participación de su presidente, destacó que las medidas unilaterales de exploración y explotación en el área disputada no son compatibles con la resolución 31/49. Esa posición es más concreta que una invocación general a la solidaridad. Identifica una conducta que la región objeta y la vincula con un instrumento de la ONU [7].
Condenar políticamente esas medidas no exige anunciar sanciones improvisadas ni desconocer otras obligaciones internacionales. Exige documentación, continuidad y una voz diplomática inequívoca. La región debería pedir explicaciones públicas sobre cada actividad de gran alcance y sostener que los recursos no pueden convertirse en una forma de eludir el debate de soberanía.

CAPÍTULO 7
1982: una guerra que no resolvió nada
El desembarco argentino del 2 de abril de 1982 abrió una guerra con el Reino Unido. La resolución 502 del Consejo de Seguridad exigió el cese de hostilidades, la retirada de las fuerzas argentinas y una solución diplomática. El conflicto terminó en junio con la derrota argentina y dejó una pérdida humana irreparable [5].
La reivindicación de soberanía no absuelve la decisión de recurrir a la fuerza de la dictadura argentina. Tampoco la guerra convirtió automáticamente en indiscutible la posición británica. Son planos distintos: la condena de una acción militar y el tratamiento de una disputa histórica que antecedía al conflicto y permaneció después de él.
La memoria de los combatientes merece respeto sin ser usada como argumento para glorificar la violencia. Los soldados muertos no son piezas de una retórica. Sus familias tampoco. La tarea forense del Comité Internacional de la Cruz Roja para identificar a argentinos enterrados en Darwin recordó que la búsqueda de nombres, verdad y duelo puede requerir cooperación entre gobiernos que discrepan sobre soberanía [6].
La lección política es severa. Una causa legítimamente defendida puede sufrir un daño enorme cuando se la somete a una lógica militar. Para Uruguay, país que apuesta a normas y negociación, el compromiso debe ser simultáneo: apoyar el derecho argentino a discutir la soberanía y rechazar cualquier intento de reabrir el camino bélico. Esa combinación no debilita el reclamo; lo sitúa donde puede aspirar a una solución.

CAPÍTULO 8
Los habitantes no son una
abstracción
El debate sobre Malvinas suele hablar de Estados, mapas y resoluciones. Pero las islas tienen habitantes concretos, nacidos allí o vinculados por generaciones. El Reino Unido sostiene que su voluntad debe definir el futuro político del territorio. En su declaración ante la OEA en junio de 2026, invocó el referéndum de 2013 y afirmó que no habrá negociación de soberanía sin acuerdo y participación de los isleños [3].
La posición argentina sostiene que el conflicto de soberanía debe tratarse entre los dos Estados y que la resolución 2065 manda considerar los intereses de la población. El desacuerdo entre «intereses» y «deseos» es fundamental. Presentarlo con honestidad permite discutir sus implicaciones sin caricaturizar a quienes piensan distinto [1][3].
Defender a Argentina no exige negar la identidad de los isleños, despreciar sus libertades ni presentar una eventual solución como imposición cotidiana. Una propuesta creíble debería dar garantías extensas de residencia, propiedad, instituciones locales, lengua, servicios y formas de vida. Cualquier escenario que ignore esas garantías sería políticamente inviable y moralmente pobre.
Al mismo tiempo, reconocer personas y derechos no obliga a aceptar que una consulta interna decida por sí sola una disputa interestatal previa. Ambas ideas deben debatirse en una mesa que hoy no existe. Precisamente esa ausencia hace más urgente la negociación. Los habitantes no deben ser instrumentos de la rivalidad ni excusa para que una de las partes clausure toda conversación.

CAPÍTULO 9
La posición de Londres
No se convence a nadie si se presenta al Reino Unido como un actor sin argumentos. Londres afirma que ejerce soberanía, invoca continuidad histórica y administrativa y sostiene que los isleños tienen derecho a determinar su futuro. Afirma asimismo que la presencia militar británica es defensiva y que el desarrollo de recursos naturales responde a decisiones de la comunidad local [3].
El problema, desde la posición que defiende este libro, no reside en que Londres exponga sus razones. Reside en transformar esas razones en un veto a la negociación de soberanía reclamada por la ONU y la OEA. Un Estado puede presentar su caso con toda firmeza y, aun así, participar en una discusión diplomática. Negarse a abrirla deja sin respuesta un llamado internacional repetido.
Hay una diferencia entre escuchar a los isleños y sostener que su posición previa anula cualquier conversación. La primera es una condición razonable para la viabilidad humana de un acuerdo; la segunda convierte el resultado actual en punto de partida intocable. Si una de las partes declara imposible cualquier discusión sobre el objeto mismo del litigio, la diplomacia queda reducida a temas periféricos.
Uruguay puede mantener relaciones normales con Londres y exigirle que revise esa postura. La crítica de una política exterior no implica hostilidad hacia un pueblo. Una condena diplomática seria señala acciones y decisiones identificables: la negativa a conversar sobre soberanía y los actos unilaterales cuestionados por la región. Su fortaleza es la precisión.

CAPÍTULO 10
La posición argentina
Argentina afirma derechos históricos y jurídicos sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos pertinentes. Presenta la toma británica de 1833 como el origen de una situación colonial y sostiene que la negociación bilateral es el medio adecuado para poner fin a la controversia. La Cancillería argentina reúne esa argumentación y el recorrido de la cuestión en Naciones Unidas [2].
Esa posición gana fuerza cuando distingue objetivo de procedimiento. Recuperar soberanía es el objetivo político y jurídico de Buenos Aires; negociar pacíficamente es el procedimiento reconocido
internacionalmente. Un discurso que promete un resultado sin admitir que la otra parte existe y discrepa puede movilizar emociones, pero no alcanza para producir una salida.
Argentina necesita continuidad, transparencia sobre sus propuestas y confianza en el derecho. Su experiencia interna demuestra que la causa puede atravesar gobiernos muy diferentes. La tarea diplomática consiste en preservar ese consenso sin dejar que se vuelva una frase automática. ¿Qué garantías ofrecería a los habitantes? ¿Qué medidas de confianza propondría? ¿Qué papel tendrán terceros o los buenos oficios de la ONU? Esas preguntas no rebajan la reivindicación; la vuelven una política posible.
Desde Uruguay corresponde acompañar la defensa del derecho argentino a una negociación de soberanía, no dictar a su vecino cada detalle de estrategia. La solidaridad más útil es la que aporta consistencia regional, argumentos jurídicos y una demanda verificable dirigida a Londres.

CAPÍTULO 11
El océano y los recursos
Las Malvinas ocupan un lugar en el Atlántico Sur cuya importancia excede la superficie terrestre. Alrededor de las islas hay recursos pesqueros, expectativas energéticas y decisiones sobre conservación, transporte y vigilancia. Cada autorización económica puede producir intereses duraderos y aumentar el costo político de cualquier negociación posterior.
No conviene dar por probado que toda actividad tenga la misma escala o el mismo efecto. La evaluación exige datos, licencias, fechas y ámbitos precisos. Pero existe una cuestión de principio que el Mercosur expresó en 2026: la exploración y explotación unilateral de recursos en el área disputada es objetada en relación con la resolución 31/49 [7].
Un país como Uruguay, que depende de reglas claras para sus espacios marítimos y su economía, tiene razones propias para prestar atención. Las disputas territoriales no pueden resolverse silenciosamente mediante ventajas obtenidas en el terreno mientras la discusión política permanece congelada. Aceptar esa lógica como normal dañaría la credibilidad de la negociación en otros conflictos.
La respuesta regional debería concentrarse en información pública, examen jurídico y protestas diplomáticas fundadas. Es preferible una nota precisa sobre una licencia o una decisión determinada a una condena genérica imposible de sostener. El objetivo no es impedir la vida económica de los habitantes, sino evitar que actos de largo plazo conviertan en irreversible una situación cuyo título soberano continúa controvertido.

CAPÍTULO 12
Una cuestión de descolonización
La ONU trata la cuestión de las Malvinas en el ámbito de la descolonización. Su Comité Especial ha mantenido el asunto en agenda y ha reiterado el llamado a una solución negociada. Esa ubicación explica la relevancia política del caso para América Latina: la región identifica en la continuidad del control británico una anomalía histórica del Atlántico Sur [1][2].
La palabra «colonial» tiene fuerza, pero no reemplaza el razonamiento. El Reino Unido rechaza la caracterización argentina de la disputa y pone en primer plano la autodeterminación de los isleños. Argentina responde que
la descolonización aquí debe considerar una situación particular de integridad territorial y una población cuyos intereses deben protegerse. La divergencia es profunda [2][3].
Para quien sostiene el reclamo argentino, descolonizar no puede significar cambiar una subordinación por otra. Una solución digna debería evitar la imposición cultural, garantizar libertades individuales y reconocer derechos concretos. Solo una propuesta así puede aspirar a demostrar que la soberanía reclamada sirve a un orden legítimo y no a una simple sustitución de banderas.
La discusión internacional escala cuando confluyen la soberanía, los recursos, la presencia militar y la representación de la población. Ninguno de esos asuntos se resuelve con un gesto de superioridad imperial ni con un maximalismo incapaz de conversar. El valor del marco de Naciones Unidas reside en insistir en un procedimiento común aun cuando los diagnósticos de las partes sean irreconciliables hoy.

CAPÍTULO 13
La OEA mantiene abierta la cuestión
En junio de 2026, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos adoptó por aclamación una declaración sobre Malvinas. Saludó la disposición argentina a seguir explorando vías pacíficas y su enfoque constructivo hacia los habitantes de las islas. Reafirmó la necesidad de que Argentina y el Reino Unido reanuden cuanto antes las negociaciones sobre soberanía [8].
El dato tiene importancia en tres planos. Primero, muestra que la disputa no desapareció del sistema interamericano. Segundo, recuerda que el reclamo de negociar no es una formulación exclusiva de Buenos Aires. Tercero, coloca en el centro una obligación política que el Reino Unido continúa rechazando en su forma esencial: hablar sobre el título soberano.
Las declaraciones de una organización regional no son una sentencia judicial. No sustituyen el acuerdo de las partes ni modifican automáticamente la administración de las islas. Su efecto consiste en sostener una expectativa colectiva de diálogo y elevar el costo diplomático de ignorarla. Cuando los Estados repiten el mismo pedido durante años, el silencio de una parte deja de parecer una simple diferencia de agenda.
Uruguay puede contribuir a que ese mensaje no termine en un documento archivado. Puede explicarlo ante otros interlocutores, impulsar seguimiento y pedir que cada foro informe avances o bloqueos. La diplomacia regional fracasa si se conforma con renovar una fórmula sin verificar si el conflicto se mueve un centímetro hacia una solución.

CAPÍTULO 14
El Mercosur y la voz uruguaya
El 30 de junio de 2026, una declaración especial del Mercosur y Estados asociados reiteró el respaldo a los derechos argentinos en la disputa. Sus firmantes, entre ellos el presidente Yamandú Orsi, expresaron interés en
una solución conforme a las resoluciones pertinentes de la ONU y a pronunciamientos regionales. También acordaron una nueva gestión ante el secretario general de Naciones Unidas para activar sus buenos oficios [7].
Ese documento permite corregir una crítica fácil: Uruguay no ha estado ausente. Estuvo allí, con su firma y su posición. La pregunta editorial relevante es si ese respaldo posee suficiente intensidad y continuidad en el resto de la política exterior. Una declaración anual o asociada a una cumbre no basta para que una prioridad se vuelva reconocible.
La Cancillería uruguaya podría comunicar con más regularidad las gestiones realizadas, articular acciones con Argentina y otros socios y explicar a la ciudadanía por qué este asunto le concierne. También puede condenar de forma puntual las medidas unilaterales que el propio texto regional objeta. No se trata de repetir palabras más duras en cada discurso, sino de asegurar que el mensaje tenga destinatario, fundamento y seguimiento.
La relación con el Reino Unido ofrece canales para expresar esa postura sin romper el trato diplomático. Un Estado serio puede cooperar en educación, comercio y ciencia mientras mantiene un desacuerdo firme sobre una cuestión regional. La coherencia se mide por su capacidad de sostener ambos hechos a la luz pública.

CAPÍTULO 15
Qué significa condenar
Condenar al Reino Unido, en el sentido que plantea este libro, es emitir un juicio político sobre decisiones identificables: su negativa a reabrir una negociación de soberanía y las medidas unilaterales que la región considera incompatibles con el marco de Naciones Unidas. Una condena eficaz no necesita insultar a una nación ni atribuir culpas colectivas a sus ciudadanos.
La precisión protege la seriedad del reclamo. Si Uruguay condena «todo lo británico», debilita su propia autoridad. Si formula una crítica concreta a la política del gobierno británico y muestra las resoluciones que la sustentan, coloca el debate en terreno verificable. Esa distinción también facilita que la objeción sea entendida fuera de América del Sur.
El lenguaje diplomático no tiene por qué ser tibio. Puede decir que la persistencia de la negativa a negociar es inaceptable a la luz de los reiterados llamados multilaterales. Puede exigir el cese de acciones que alteren unilateralmente la situación. Puede pedir informes, proponer reuniones y coordinar una intervención regional. La firmeza depende de los actos que acompañan las palabras.
La condena tampoco resuelve por sí sola la disputa. Sirve para declarar un límite político y para impedir que la inercia se presente como normalidad jurídica. Después debe venir la parte más difícil: una agenda de negociación, garantías para los habitantes y mecanismos que permitan verificar avances. Sin ese trabajo, hasta el pronunciamiento más enérgico se convierte en ceremonia.

CAPÍTULO 16
Buenos oficios, no gestos vacíos
La figura de los buenos oficios del secretario general de la ONU aparece de manera recurrente en la cuestión. El Mercosur acordó en 2026 solicitar una nueva gestión para favorecer la reanudación de las negociaciones y conocer avances [7]. La utilidad de ese mecanismo dependerá de la disposición de las partes y de la constancia con que la comunidad internacional respalde el esfuerzo.
Un tercero no puede inventar un acuerdo donde los gobiernos no aceptan discutir el tema central. Sí puede ayudar a ordenar contactos, explorar fórmulas, preservar canales y reducir costos políticos de un primer paso. La diplomacia a menudo progresa así: con procedimientos modestos que abren espacio para conversaciones antes impensables.
Uruguay podría apoyar esa vía con una propuesta concreta de seguimiento regional. No para ocupar el lugar de Argentina, sino para preguntar periódicamente qué hizo cada foro después de declarar su apoyo. Un balance público de gestiones, reuniones y respuestas permitiría medir si los buenos oficios son una política activa o un párrafo repetido.
El reclamo de soberanía es demasiado importante para quedar cautivo de una liturgia. Una estrategia gradual puede empezar por establecer contactos técnicos, preservar cooperación humanitaria y acordar un método para tratar temas sensibles sin exigir que una parte renuncie a su posición inicial. Negociar no equivale a capitular. Equivale a admitir que una disputa histórica exige más que su administración indefinida.

CAPÍTULO 17
Garantías para una paz posible
Cualquier solución futura deberá tomar en serio a los habitantes de las islas. La vida cotidiana no puede quedar suspendida en nombre de una tesis estatal. Instituciones locales, educación, salud, idioma, propiedad y libertad de movimiento son cuestiones centrales, no anexos humanitarios agregados al final de una negociación.
Argentina puede fortalecer su posición si presenta garantías concretas y detalladas. Uruguay puede insistir en que el respeto a esos derechos sea parte de cualquier conversación. El Reino Unido, por su parte, no debería emplear la legítima protección de los habitantes como razón suficiente para impedir toda negociación entre Estados. La responsabilidad de cada parte es distinta, pero ambas tienen que responder a la dimensión humana.
Las garantías deben pensarse antes de un acuerdo, no después. Un diseño abierto a observación internacional, representación local y compromisos verificables sería más persuasivo que una promesa genérica de respeto. No corresponde a este libro dictar un estatuto, pero sí afirmar un principio: ningún avance legítimo puede ser construido sobre temor o silenciamiento.
Hay además familiares de combatientes, veteranos, pescadores, trabajadores y comunidades vinculadas al Atlántico Sur. La paz no se limita a una firma. Requiere reconocer el daño, ordenar responsabilidades y hacer que las personas puedan vivir sin que cada vínculo quede rehén de una confrontación diplomática. La soberanía tiene sentido político cuando mejora las condiciones de convivencia.

CAPÍTULO 18
La memoria de Darwin
En el cementerio de Darwin, las tumbas de soldados argentinos recordaron durante décadas una tarea inconclusa: identificar a quienes murieron en 1982. El Comité Internacional de la Cruz Roja desarrolló un proyecto forense acordado por Argentina y el Reino Unido. Su trabajo permitió devolver nombres a familias que convivían con la incertidumbre [6].
Este episodio enseña algo que la retórica dura suele olvidar. Dos Estados que disputan soberanía pueden cooperar cuando se concentran en una obligación humana concreta. Esa cooperación no resuelve el litigio ni debilita los derechos que cada uno invoca. Muestra, en cambio, que la diferencia política no debe bloquear el trato debido a los muertos y a sus familias.
La memoria de los caídos no necesita ser administrada como una reserva de resentimiento. Puede exigir verdad, identificación, duelo y una política exterior que impida otra guerra. Los nombres recuperados son un recordatorio de las consecuencias de decidir con armas lo que debía discutirse con documentos y diplomáticos.
Para Uruguay, esa experiencia ofrece una medida de la seriedad del compromiso regional. Apoyar a Argentina significa respaldar su reclamo y, cuando corresponda, toda acción humanitaria que reduzca sufrimiento. Una voz firme frente a Londres y una mano abierta a la cooperación humanitaria son parte de la misma política de paz.
MALVINAS · SOBERANÍA Y DIÁLOGO 20
CAPÍTULO 19
Uruguay y su tradición exterior
Uruguay tiene intereses propios en una región donde las reglas importan. La solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los Estados y el valor de los ámbitos multilaterales son herramientas para países que no
pueden imponer su voluntad por fuerza. La cuestión de las Malvinas interpela esa tradición.
La cercanía con Argentina no agota el argumento uruguayo. Si un organismo reconoce una disputa y pide negociación, Montevideo puede exigir que ese pedido sea tomado en serio. Si una declaración regional cuestiona medidas unilaterales, puede sostenerla en conversaciones bilaterales y foros públicos. Si el derecho de los habitantes es parte del debate, debe defender su protección.
En 2025, la Cancillería uruguaya informó que la declaración de la OEA sobre Malvinas se adoptó por aclamación a solicitud de Uruguay. En 2026, Orsi integró la declaración especial del Mercosur [7][9]. Estos antecedentes muestran que hay una base real para una política más visible. La propuesta no parte de inventar una posición nueva, sino de darle continuidad.
Esa continuidad requiere trabajo intergubernamental, archivos accesibles y objetivos medibles. Una ciudadanía que conoce la posición de su país puede discutir sus alcances; una posición escondida en comunicados dispersos queda a merced de la confusión. Estar más presente significa explicar, insistir y dar cuenta de lo hecho.

CAPÍTULO 20
Una agenda diplomática concreta
Una política uruguaya más activa podría tener cinco pasos. Primero, reiterar en cada foro pertinente el llamado a negociar la soberanía, con referencia exacta a las resoluciones. Segundo, registrar y objetar las medidas unilaterales que correspondan, con documentos y fechas. Tercero, respaldar la gestión de buenos oficios de la ONU y pedir información sobre sus resultados.
Cuarto, coordinar con los socios regionales un seguimiento público anual que no dependa de la rotación de gobiernos. Quinto, favorecer asuntos humanitarios y ambientales donde la cooperación sea posible sin prejuzgar la soberanía. Ninguna de estas medidas requiere prometer resultados que Uruguay no controla. Sí exige una voluntad política más persistente que la firma de un comunicado.
La agenda debe distinguir entre pronunciamiento diplomático y medida material. Cualquier decisión sobre comercio, transporte o servicios tendría efectos jurídicos y económicos que exigen estudio específico. El entusiasmo por «hacer algo» no justifica improvisar acciones que después debiliten el reclamo o comprometan obligaciones propias.
La política exterior se evalúa por la coherencia entre lenguaje, instrumentos y seguimiento. Si Uruguay condena una decisión británica, debe explicar cuál es. Si pide negociación, debe acompañar la apertura de canales. Si invoca el interés de los habitantes, debe aceptar discutir garantías. Esa disciplina convierte la solidaridad en una contribución reconocible.

CAPÍTULO 21
La dimensión latinoamericana
Para América Latina, Malvinas concentra una experiencia histórica más amplia: la persistencia de una potencia extrarregional en un territorio cuya soberanía es reclamada por un Estado de la región. Esa lectura da al caso una densidad política que va más allá del vínculo bilateral entre Argentina y el Reino Unido.
La solidaridad regional no significa unanimidad sobre cada detalle de una eventual solución. Los países pueden respaldar el reclamo de negociación y al mismo tiempo insistir en garantías para la población, respeto al derecho internacional y rechazo al uso de la fuerza. La OEA y el Mercosur han ofrecido marcos para esa combinación [7][8].
La región debería cuidar la credibilidad de su mensaje. Si exige resolver una controversia mediante negociación, debe defender esa regla también en otros conflictos. Si condena hechos unilaterales, tiene que basarse en documentación y no en sospechas. La coherencia no es un lujo moral; es el capital político del reclamo.
Una voz latinoamericana útil habla hacia afuera, no solo para consumo interno. Debe poder explicar a públicos que desconocen la historia por qué la ONU reconoce una disputa, por qué la OEA insiste en negociar y por qué la protección de los isleños debe entrar en cualquier solución. El argumento gana alcance cuando puede ser comprendido incluso por quienes no comparten su conclusión.

CAPÍTULO 22
Soberanía y derecho internacional
La palabra «derecho» tiene varios usos en este debate. Hay derechos históricos invocados por Argentina; una pretensión británica de soberanía; derechos de la población; principios de descolonización, integridad territorial, autodeterminación y solución pacífica. Ninguno debería convertirse en una etiqueta que evite examinar los demás.
La resolución 2065 confirma una disputa y reclama conversaciones. La resolución 31/49 procura evitar modificaciones unilaterales durante ese proceso. La OEA y el Mercosur reiteran el objetivo negociador. Ese conjunto sustenta una exigencia política robusta, aunque no sustituye un acuerdo final ni una sentencia sobre el título [1][4][7][8].
Por eso conviene formular el reclamo con exactitud: Argentina exige que el Reino Unido negocie la soberanía; la región respalda ese derecho a discutir y expresa apoyo a la posición argentina. Una tesis editorial puede ir más lejos y sostener que el título corresponde a Argentina. Debe identificarlo como tesis, apoyarla en antecedentes y admitir los argumentos contrarios.
El derecho internacional no actúa solo. Requiere Estados dispuestos a usarlo de buena fe. La administración de hecho, la memoria histórica y la voluntad política conviven en tensión. El trabajo diplomático consiste en impedir que esa tensión se convierta de nuevo en violencia y en hallar un procedimiento que permita abordar el núcleo del desacuerdo.

CAPÍTULO 23
Lo que no debe prometerse
Un libro a favor del reclamo argentino no tiene por qué anunciar una recuperación inminente. No hay base para afirmar que el Reino Unido vaya a modificar pronto su posición. Su declaración de junio de 2026 ante la OEA insistió en que no habrá negociación sin consentimiento y participación de los isleños [3]. La distancia entre las posiciones es real.
Tampoco puede prometerse que una nueva resolución resolverá por sí sola aquello que décadas de pronunciamientos no han resuelto. Los documentos internacionales mantienen la cuestión abierta, establecen un lenguaje común y generan presión. La política necesita convertir esa presión en contactos, incentivos y garantías que hoy faltan.
La franqueza acerca de las dificultades es una forma de respeto al lector y a la causa. El triunfalismo fácil perjudica la discusión pública porque hace parecer fracaso cualquier avance parcial. Una reunión, un mecanismo de buenos oficios, una cooperación humanitaria o un acuerdo ambiental pueden ser importantes sin significar que la soberanía cambió de manos.
Uruguay no controla la voluntad de Londres ni la estrategia de Buenos Aires. Sí controla la claridad de su propia posición, la calidad de sus argumentos y la continuidad de sus gestiones. Allí debe ponerse la exigencia democrática: pedir lo que un gobierno puede hacer, examinar lo que hizo y reconocer los límites de lo que depende de terceros.

CAPÍTULO 24
El costo de la espera
Cuando una controversia permanece inmóvil durante décadas, la inmovilidad puede empezar a parecer una solución. No lo es necesariamente. Cada generación hereda la misma pregunta, mientras nuevas inversiones, normas locales y vínculos económicos profundizan el statu quo. A la vez, la población isleña continúa viviendo bajo instituciones que considera propias.
El costo de esperar no se mide solo en recursos. También se expresa en desconfianza, en relatos nacionales cada vez más rígidos y en la dificultad de imaginar fórmulas de coexistencia. Cuanto más se aleja el diálogo sobre soberanía, más fácil resulta confundir la ausencia de negociación con la inexistencia de una disputa.
La OEA en 2026 reclamó reanudar las negociaciones «lo antes posible». El Mercosur pidió renovar la misión de buenos oficios. Son formulaciones que reconocen ese costo temporal [7][8]. Su repetición debería activar preguntas: ¿qué respuesta recibió cada gestión?, ¿qué obstáculo específico impide conversar?, ¿qué garantías preliminares ayudarían a removerlo?
Condenar la negativa a negociar es, en última instancia, condenar la pretensión de que el tiempo sustituya al acuerdo. Un conflicto territorial no se resuelve con el silencio de la parte que administra el territorio. Se resuelve cuando las partes aceptan un método que permita discutir el título y proteger a las personas. Cada año sin ese método es un año de política pendiente.

CAPÍTULO 25
Uruguay debe marcar presencia
La posición que este libro reclama a Uruguay no es de beligerancia. Es de claridad. Nuestro país debe respaldar con voz propia el derecho argentino a que la soberanía se negocie, condenar políticamente la negativa británica a abrir ese diálogo y objetar, cuando estén documentadas, las medidas unilaterales cuestionadas por la región.
Ya existe una base oficial: la firma de la declaración del Mercosur de junio de 2026 y la intervención uruguaya en la OEA de 2025 [7][9]. Por eso no se trata de exigir un giro espectacular. Se trata de impedir que una postura formal quede confinada a actos periódicos. El gobierno puede llevar el asunto a sus reuniones diplomáticas, informar sus gestiones y contribuir a que la ONU reciba un pedido regional sostenido.
Una política firme no debe confundir condena con aislamiento automático. El Reino Unido seguirá siendo un interlocutor en múltiples materias. Precisamente por eso la objeción sobre Malvinas puede formularse de manera directa: las relaciones normales no compran silencio sobre una controversia pendiente.
La responsabilidad argentina es ofrecer una estrategia pacífica y garantías. La responsabilidad británica es aceptar que la soberanía se discuta. La de Uruguay es no mirar hacia otro lado cuando ambos países y la región conocen el problema desde hace generaciones. Estar presente es insistir en el derecho, en la negociación y en la dignidad de las personas afectadas.

EPÍLOGO
El derecho necesita una mesa
Malvinas no puede reducirse a una frase patriótica ni a una nota de protesta. Es un conflicto territorial de larga duración, con memoria dolorosa, habitantes concretos y consecuencias para el Atlántico Sur. Argentina reclama soberanía; el Reino Unido la rechaza y condiciona cualquier cambio a la voluntad isleña. La ONU reconoce la disputa y reclama diálogo [1][3].
Este libro toma partido: considera que Argentina tiene un reclamo que merece una negociación efectiva y que la negativa británica a abordarla debe recibir una condena política sostenida. También afirma que la legitimidad de esa demanda exige una renuncia inequívoca a la guerra y garantías reales para quienes viven en las islas.
Uruguay tiene un lugar posible y necesario. No decide la soberanía, pero puede ayudar a que la controversia no sea sepultada por la costumbre. Puede hablar con precisión, impulsar seguimiento en la OEA y el Mercosur, respaldar los buenos oficios de la ONU y objetar las acciones unilaterales documentadas. Su voz será más útil cuanto más consistente sea.
La historia ofrece argumentos. El derecho ofrece un marco. La memoria impone límites. Ninguno de esos elementos reemplaza la mesa que todavía falta. Mientras Londres se niegue a discutir el núcleo de la disputa, la comunidad internacional debe seguir señalándolo. Y mientras el reclamo continúe, la única victoria que merecerá ese nombre será una paz construida con soberanía debatida, derechos protegidos y palabras capaces de sustituir definitivamente a las armas.

REFERENCIAS
Fuentes y documentos I
[1] Asamblea General de la ONU, resolución 2065 (XX), «Question of the Falkland Islands (Malvinas)», 16 de diciembre de 1965.
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_2065-Eng.pdf
[2] Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, «Cuestión Islas Malvinas» y «Malvinas en Naciones Unidas».
https://www.cancilleria.gob.ar/es/politica-exterior/c uestion-malvinas y https://www.cancilleria.gob.ar/es/politica-exterior/c
uestion-malvinas/malvinas-en-naciones-unidas
[3] Gobierno del Reino Unido, intervención de Lord Collins ante la OEA, junio de 2026, y declaración británica ante la Cuarta Comisión de la ONU de octubre de 2025. https://www.gov.uk/government/speeches/the-falkland-i slands-lord-collins-oas-statement-june-2026
[4] Asamblea General de la ONU, resolución 31/49, 1 de diciembre de 1976; texto y referencias recogidos en los documentos de la Biblioteca Digital de Naciones Unidas. https://digitallibrary.un.org/
[5] Consejo de Seguridad de la ONU, resolución 502 (1982), 3 de abril de 1982. https://digitallibrary.un.org/
Las referencias numeradas sustentan hechos, posiciones y documentos mencionados en el texto. Las valoraciones, propuestas y juicios políticos corresponden al ensayo. La referencia a una resolución de la ONU no implica que esa resolución haya adjudicado la soberanía.
MALVINAS · SOBERANÍA Y DIÁLOGO 29
REFERENCIAS
Fuentes y documentos II
[6] Comité Internacional de la Cruz Roja, información sobre el Plan de Proyecto Humanitario de identificación de soldados argentinos en Darwin, 2017-2021. https://www.icrc.org/en/document/falkland-islands-isl
as-malvinas-humanitarian-plan-identify-argentine-sold iers-buried-darwin
[7] Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Declaración Especial del Mercosur y Estados asociados sobre la cuestión de las Islas Malvinas, 30 de junio de 2026. https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/c omunicacion/comunicados/declaracion-especial-presiden
tes-eepp-del-mercosur-eeaa-sobre-cuestion
[8] Organización de los Estados Americanos, comunicado de la 56.ª Asamblea General, 25 de junio de 2026, y declaración adoptada sobre la cuestión de las Islas Malvinas. https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp ?sCodigo=E-083/26
[9] Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, participación uruguaya en la 55.ª Asamblea General de la OEA, 27 de junio de 2025.
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/c
omunicacion/noticias/participacion-uruguay-55a-asambl ea-general-oea
Edición: septiembre de 2026. Ensayo periodístico para Diario La R. El contenido es una posición editorial sobre una controversia vigente; las formulaciones sobre lo que Uruguay «debe» hacer son propuestas, no decisiones oficiales.