Recientemente, el Poder Ejecutivo de Uruguay ha autorizado una transferencia significativa de fondos al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFA). Esta decisión fue formalizada a través de una resolución conjunta del presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y cuenta con el respaldo del Tribunal de Cuentas, que no presentó objeciones a la medida.
La resolución establece una «partida de asistencia financiera a retirados militares», sugerida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para el Ejercicio 2025, con un monto asignado que asciende a $ 24.239.426.000 pesos uruguayos, equivalente a aproximadamente US$ 583,5 millones. Esta transferencia está destinada específicamente a la Caja Militar del Ministerio de Defensa Nacional, y se produce en un contexto en el que el Parlamento uruguayo está debatiendo una reforma para la Caja de Profesionales, que actualmente enfrenta un déficit. En caso de aprobarse esta reforma, se prevé que gran parte de su financiamiento provenga de Rentas Generales, es decir, de los recursos del Estado.
Este apoyo financiero se inscribe en un marco más amplio de reformas jubilatorias que se implementaron durante la administración de Luis Lacalle Pou. En este contexto, se proyectó que la asistencia estatal alcanzaría el 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, lo que representaría alrededor de US$515 millones. Las proyecciones oficiales sugieren un leve aumento en los años siguientes, seguido de una reducción gradual a partir de 2032, anticipando que para el año 2100, la asistencia al SRPFA podría descender a un 0,14% del PIB. Estos cálculos indican una trayectoria descendente a largo plazo, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera de la Caja Militar.
El déficit que enfrenta la Caja Militar no es un fenómeno reciente. En los últimos años, ha requerido una cobertura estatal significativa. Las transferencias de Rentas Generales y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social han variado considerablemente. Por ejemplo, en 2017, el déficit alcanzó los US$439,3 millones, cifra que aumentó a US$ 465 millones en 2018. A partir de entonces, el déficit mostró una tendencia a la baja, registrando US$ 450,8 millones en 2019 y US$ 405,8 millones en 2020. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en 2021 con un déficit de US$ 374 millones, repuntando nuevamente a US$ 452 millones en 2022. El año 2023 marcó un aumento considerable, con un déficit de US$ 546,2 millones.
De acuerdo con el proyecto de Rendición de Cuentas, la asistencia financiera proyectada para 2024 es de US$ 550 millones, lo que representará el 15% de todas las transferencias estatales a la seguridad social. Además, Rentas Generales aportará otros US$ 100 millones para jubilaciones militares, lo que destaca la carga financiera que representa el apoyo a la Caja Militar en comparación con otras instituciones.
Un dato relevante es que la asistencia financiera a la Caja Militar en 2024 triplicará el apoyo otorgado al Banco de Previsión Social (BPS), que recibirá US$ 183 millones en el mismo período. Esta disparidad es notable, especialmente considerando la diferencia en la cantidad de beneficiarios atendidos por cada institución. Mientras que el BPS gestiona más de 800.000 prestaciones previsionales, la Caja Militar ofrece beneficios a aproximadamente 51.000 retirados militares. La magnitud de la asistencia a la Caja Militar contrasta de manera significativa con la escala poblacional cubierta por cada entidad, lo que plantea preguntas sobre la equidad y la sostenibilidad del sistema de pensiones en Uruguay.
La reciente autorización de fondos al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas refleja la necesidad de abordar la situación financiera de la Caja Militar, que ha enfrentado déficits recurrentes en los últimos años. A medida que el gobierno avanza en la implementación de reformas y ajustes, será fundamental garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, equilibrando las necesidades de los retirados militares con las realidades económicas del país. La comparación con el BPS resalta la urgencia de un debate más amplio sobre la equidad y la eficiencia en la gestión de los recursos destinados a la seguridad social en Uruguay.
Y también la Caja de profesionales que son mayoritariamente gente en buena situacion que no deberian depender del Estado
El problema fundamental de la caja profesional son un montón vivos que declaran «no ejercicio» de la profesión. En realidad, las dos únicas cajas que dependen del estado son la CAJA MILITAR a través de las transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas y el BPS a través del IASS que financiamos todos los Uruguayos.
Hay una responsabilidad grande de los profesionales desde hace años atrás, que veían venir el déficit, sabían que sus administradores cobraban sueldos astronómicos y, mutis por el foro.Los profesionales jóvenes son los que afrontan este problema. La Caja de Profesionales ha pedido que muchas nuevas carreras profesionales aporten a esta caja y no al BPS, pero está en veremos.
El BPS no recibe dinero sólo del IASS, sino también de los aportes de patrones y empresarios. Y de esa plata que ingresa al BPS, buena parte va a parar a la Caja Militar. Cómo ? La Caja de Profesionales debe autos sustentarse pero está bien que los militares usufructen privilegios gestados en la dictadura, con los votos unánimes de Consejeros de Estado, todos blancos y colorados, cabe destacarlo -y encima con la propina de todo el dinero que le sacaron a las Cajas Bancaria, Notarial y de Profesionales- ahora sobrevivan con la plata que todos ponemos en el BPS? Y hablamos de jubilaciones y pensiones disparatadas,obvio de oficiales de alta graduación (que nadie sabe en cuál guerra ganaron eso cargos), y con el agravante que los militares se retiran co el 137 % de su sueldo. Un trabajador de a pie se retira con el 55 %. Los mismos blancos y colorados que en su momento votaron estos privilegios para los que usan armas ahora ponen el grito en el cielo.
Y pensar que yo me Jubile con 40 años de trabajo por la caja de industria y comercio por lo cual me aplicaron un tope a lo que debía ganar, no recibiendo ni el 20% de lo que era mi salario por las reformas al sistema jubilatoria que hicieron en su momento los corruptos blancos y colorados, teniendo que vivir con una jubilación que ni llega al 20% de lo que era mi salario, solo para mantener un ejercito que no tiene razón de ser en nuestro pais, a una casta de profesionales que tuvieron una mala gestión en su caja y para las jubilaciones de privilegio de los parlamentarios, pero que como siempre en nuestro querido pais termina pagando juan pueblo
Sin duda la solución planteada no satisface a nadie porque a unos les dice » si, les vamos a quitar a ustedes para darles a ellos » y a los otros les dice » bien, vos vas a tener que aportar mas ( cuando ya es insostenible mantenerse como profesional pagando la caja, el fondo de solidaridad, DGI, BPS, etc ), siendo que no es del todo cierto que la situación económica de todos los profesionales es buena, al contrario, conozco mas que no que de los que si.
Por otro lado, algo de lo que nadie habla, es de todos aquellos PROFESIONALES que habiendo obtenido su titulo UNIVERSITARIO como PROFESIONAL, EJERCEN SU PROFESIÓN pero aportan a BPS, y ahi no veo a BPS molesto… al contrario, se lo ve contento por todos esos médicos, bioquímicos, ingenieros, contadores, etc( que seguramente perciben buenos sueldos) que aportan a BPS y no a la caja, Eso no debería de cambiar ?
Bueno Tampovo hay que creer que las FF AA no tienen razon de ser porque resulta que en las malas no pueden decir que no Por ejemplo cuando Ripoll tapó Montevideo de basura Fuimos nosotros a limpiar? Creo que habria que incluirlaa en apoyo a trabajos de infraestructura. Carreteras. etc