Sebastián Marset capturado el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en un operativo conjunto de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) boliviana y la DEA estadounidense se enfrenta aun dura condena en una cárcel de Estados Unidos.
Horas después de su captura fue extraditado de forma exprés a territorio norteamericano, donde ya se encuentra bajo custodia federal para enfrentar un indictment sellado en el Distrito Este de Virginia. Este desarrollo cierra una etapa de fugas prolongadas y pone fin a la cacería de uno de los narcos más buscados de Sudamérica, pero abre ahora el capítulo más decisivo, el juicio y la posible condena en el sistema judicial federal de Estados Unidos.
Marset, de 34 años, es acusado formalmente de dos delitos principales conspiración para tráfico internacional de cocaína y conspiración para lavado de dinero. Según el comunicado oficial de la DEA lideraba una organización que coordinaba el envío de toneladas de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia mercados europeos, generando decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas que fueron blanqueadas a través de bancos e instituciones financieras estadounidenses. El administrador de la DEA, Terrance Cole, lo describió como “uno de los narcotraficantes más notorios de Sudamérica” y celebró la captura como el fin de una larga persecución, respaldada por una recompensa de dos millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado.
En el sistema judicial federal estadounidense, estos cargos conllevan penas extremadamente severas. Las Federal Sentencing Guidelines establecen rangos de sentencia basados en el volumen de droga involucrado, el rol del acusado en la organización, los antecedentes penales y la presencia de agravantes como liderazgo criminal, uso de violencia o corrupción transnacional. Para conspiraciones de tráfico de cocaína con cantidades superiores a 150 kilogramos y en este caso se habla de toneladas en múltiples envíos, la pena base puede llegar fácilmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si se prueban esos agravantes. Precedentes de narcos sudamericanos procesados en distritos federales como Virginia, Florida o Texas muestran sentencias de vida en prisión más décadas adicionales cuando se demuestra que el acusado era el líder principal de una red internacional.
En el caso específico del lavado de dinero, el máximo por cada conteo individual es de 20 años de prisión, pero en conspiraciones amplias como esta los cargos se acumulan y se combinan con los de narcotráfico. Un ejemplo directo es el de Federico Ezequiel Santoro Vassallo, conocido como “Capitán” y socio clave de Marset en la misma organización. Fue sentenciado en julio de 2025 en el Distrito Este de Virginia a 15 años por lavado de activos vinculados a esa red. Como Marset ocupaba el rol de líder principal y broker global coordinando con el clan Insfrán paraguayo, el PCC brasileño y la ‘Ndrangheta italiana, los analistas estiman que su condena podría superar ampliamente esa cifra, llegando a 30, 40 o más años, o incluso a cadena perpetua si la fiscalía demuestra la magnitud total de la operación y rechaza cualquier acuerdo de colaboración.
La posibilidad de cadena perpetua es real y se menciona en análisis de expertos en derecho penal internacional. El enfoque está en los cargos por tráfico masivo y lavado a través de bancos estadounidenses, delitos que el sistema federal trata con máxima rigurosidad cuando involucran volúmenes tan altos y redes transnacionales.
Varios factores podrían influir en la sentencia final. El más importante es la cooperación con la justicia. En casos federales de narcotráfico es habitual negociar un plea deal a cambio de información valiosa sobre rutas, socios o bienes incautados. Si Marset decide colaborar y entrega datos sustanciales que permitan desmantelar partes restantes de su organización o impedir envíos futuros, podría reducir significativamente la pena, quizás a un rango de 20 a 40 años. Por el contrario, si opta por no cooperar o si la fiscalía considera que su rol fue demasiado central y dañino, la condena podría mantenerse en niveles muy altos, incluyendo la posibilidad de vida sin parole. Dado su perfil de “most wanted” con una recompensa millonaria, es poco probable que obtenga libertad bajo fianza mientras espera el juicio.
Paraguay continúa insistiendo en una extradición posterior para procesarlo por cargos locales de narcotráfico y posible vínculo con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en 2022, pero Estados Unidos tiene prioridad absoluta por los delitos cometidos a través de su sistema financiero. Cualquier traslado a otro país dependería de que Marset cumpla primero su condena en territorio estadounidense.
Se va a arreglar, en algunos lados tiene información y amigotes y también debe favores.
En USA hay más posibilidades de que quede en prisión que en Uruguay Aquí la ley es muy tolerante no sólo con el crimen organizado sino con los abusadores y agresores de niños No tienen en cuenta el Interés superior del niño consagrado por la ONU
Sería del caso que se explique lo que pasa con la Fiscal Ferrero
En Uruguay no tenía requisitoria, ¿de qué va a quedar preso?
El PNazional se va a quedar sin financiamiento, al menos de parte de Marset.
Por favor callate, que se te entiende todo.